“Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público”. La entrevista de Cristóbal Montoro publicada el lunes en el diario El Mundo donde contradice a la Guardia Civil sobre los fondos públicos usados para el referéndum se ha convertido en arma para el independentismo, que no ha tardado en utilizar las palabras del ministro de Hacienda, no solo en el debate político, sino también como argumento para la defensa de los diferentes imputados en los tribunales.
El exconseller Josep Rull no tardó ni 24 horas en esgrimir esa baza en el Tribunal Supremo. En su comparecencia de este martes ante el juez Pablo Llarena, subrayó que incluso Montoro, el encargado de controlar el gasto de la Generalitat antes de la aplicación del artículo 155, ya ha certificado que no se destinaron fondos públicos al procés.
A la salida de esa declaración en el Supremo, los abogados de otro de los miembros del Govern imputados, Joaquim Forn, incidieron también en que a partir de ahora esa declaración del ministro constituirá uno más de los argumentos de su cliente.
El equipo de abogados de Puigdemont se ha apresurado a traducir la entrevista al alemán para aportarla también a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein -que ya descartó el delito de rebelión hace un par de semanas en el que fue el primer gran logro judicial del independentismo- y que aún debe decidir si extradita al expresident de la Generalitat por el de malversación de fondos públicos. El razonamiento de los letrados de Puigdemont, según han asegurado a eldiario.es seguirá el mismo camino: “El máximo responsable de las finanzas españoles ha informado a la ciudadanía de que no se usó dinero público para el referéndum. ¿Quién mejor que él para determinar la existencia del hecho sobre el que se asienta la acusación por malversación?”.
La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ya planteó dudas sobre que pueda imputarse un delito de malversación de fondos públicos a Puigdemont y ha pedido al juez Llarena más datos para tomar una decisión.
No es la primera vez que Montoro contradice las tesis de la Guardia Civil, de la Fiscalía y del Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena apoyó su petición en la euroorden sobre un informe del instituto armado que cifró en 1,6 millones la aportación del Govern al procés. La investigación de la Guardia Civil cifró en 979.661,96 euros los pagos de la Generalitat a la empresa Unipost para gestionar los envíos de sobres, notificaciones para los miembros de las mesas y tarjetas censales el 1-O.
A principios de febrero, el ministro ya había advertido en una conversación con periodistas de que la Intervención General de la Generalitat en su seguimiento “semana a semana” de los gastos del Govern no había detectado desvíos de partidas para financiar el proceso independentista, pero dejó abierta la posibilidad de que se hubieran falseado facturas con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. Montoro ha sido esta vez más tajante.
“Una manera particular de expresarse”
Fuentes del Partido Popular admiten que el ministro “tiene una manera particular de expresarse” pero restan gravedad a sus palabras y subrayan que no es la primera vez que alude a esta cuestión. “Es cierto que ahora ha ido más lejos y que esto lo pueden intentar usar los independentistas, pero ya veremos cómo acaba todo”. Los mismos dirigentes lamentan que el Gobierno no hubiera aprovechado la intervención de las cuentas en Catalunya para repasar otros gastos anteriores a la declaración del artículo 155, aunque alegan que en algunos casos no ha sido fácil lograr la colaboración de los funcionarios de la Generalitat para asuntos tan sensibles.
ERC destaca que la afirmación de Montoro va en la misma línea que las diversas declaraciones ofrecidas por Oriol Junqueras ante los tribunales. “Las palabras de Montoro demuestran, una vez más, lo que ERC ya dijo y siempre ha defendido: que no se gastó dinero público para pagar el referéndum del 1-O y que, por tanto, no hay delito de malversación”, indica el portavoz del grupo republicano, Sergi Sabrià, en declaraciones a eldiario.es.
Los independentistas han celebrado que la postura oficial del Gobierno español subraye su tesis respecto al delito de malversación, considerando que puede ser suficiente para que los tribunales europeos, comenzando por el del land de Schleswig-Holstein, rechace la euroorden contra exconsellers. También para torpedear el proceso que se sigue en el Supremo. “Lo reconoce el propio ministro español y estamos seguros de que la justicia deberá terminar reconociendo que no hay rebelión, porque no hubo violencia, y no hay malversación”, indica Sabrià.
La tesis de que el movimiento soberanista se ha financiado con aportaciones públicas la investiga, además del Supremo y la Fiscalía, también el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, el primero en indagar sobre el procés a partir de unas declaraciones del senador independentista y exjuez Santiago Vidal, en una conferencia en la que afirmó que la Generalitat había camuflado 400 millones en distintas partidas para organizar el referéndum.