Madrid, 20 jul (EFE).- Los portavoces de ERC y CUP en el Congreso han manifestado este martes que les parece “muy insuficiente” el proyecto de ley de memoria democrática, el cual no apoyarán salvo que se den modificaciones sustanciales en su tramitación parlamentaria, ya que ni siquiera considera ilegal al régimen franquista.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado en una rueda de prensa que su posición es “muy contraria” al texto que remite el Gobierno a las Cortes y que “ahora mismo” su partido no puede darle aval, salvo a favorecer su tramitación parlamentaria con el objetivo de que continúe el debate y se puedan aportar propuestas.
Rufián reconoce “el paso adelante” que el proyecto de ley representa respecto a la Ley de Memoria Histórica, que no fue apoyada por ERC, por lo que cree que el tiempo les ha dado “la razón”, ya que los partidos de gobierno han entendido que tenían que ir más allá de esa ley de hace catorce años.
No obstante, a Rufián le parece que la justicia además de punitiva “tiene que ser restaurativa”, por lo que echa en falta en el proyecto de memoria democrática el retorno de todo el patrimonio a las familias represaliadas por el franquismo y también “algo tan sencillo como declarar a ese régimen ilegal”.
También aboga Rufián por “un banco de ADN real” para “dignificar la memoria” de las más de 100.000 personas cuyos restos están “en las cunetas”.
El portavoz de CUP, Albert Botran, también ha considerado “muy insuficiente” el proyecto y ha incidido en que carece de medidas para que sea devuelto el patrimonio que fue requisado a muchas asociaciones, entre ellas sindicatos y partidos políticos, a raíz del golpe de estado del que se han cumplido 85 años.
El proyecto de ley “está muy por debajo de lo que sería una memoria antifascista y democrática”, ha resumido Botran, quien ve asimismo un “trato desigual” entre víctimas, con desventaja para las que los son de la violencia de estado o de grupos parapoliciales o de ultraderecha.
Para la portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, el texto es positivo “pero claramente insuficiente” y “claramente mejorable”, por lo que van “a trabajar” en su trámite parlamentario.
Entre sus carencias, Vidal ha citado la falta de compensaciones económicas para las víctimas o ampliar el período de la normativa para que las vulneraciones de derechos durante la transición sean consideradas crímenes de la dictadura.
Por el PDeCAT, su portavoz, Ferran Bel, ha dicho que no se pronunciarán hasta que puedan leer el texto definitivo del proyecto de ley que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros, aunque ha admitido, por una parte, que era necesaria una nueva ley en este ámbito, por lo que apoyarán su tramitación, y por otra, que seguramente plantearán enmiendas.
En otra de las ruedas de prensa de este martes en el Congreso, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha opinado que la ley es “más necesaria que nunca para que no se pueda poner en entredicho un golpe de estado”.
De ese modo Baldoví ha vinculado la aprobación del proyecto con las palabras del exministro de la UCD Ignacio Camuñas, quien este lunes dijo en un acto del PP en presencia de su presidente, Pablo Casado, que el alzamiento militar de 1936 “no fue un golpe de estado” sino “un fracaso de todos los españoles”.
El diputado de Compromís ha lamentado que Casado “ni levantara una ceja ni apostillara nada” ante ese negacionismo de un golpe de estado, en un “silencio significativo”.
Coincide Botran en que Casado “con su silencio asiente” y que esa “mentalidad franquista” pervive en el PP.
Sobre la negación de Camuñas, Rufián ha indicado que “a Casado cada vez más le marca la agenda Ayuso”, en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y por eso, a su juicio, tiende “a rodearse de esos personajes” que dicen lo que él no se atreve a decir, pues “los salvajes están envalentonados” por los éxitos de Vox.