La historia de la identificación de los 62 cadáveres de los militares españoles que fallecieron en el accidente del avión Yak-42 en Turquía en 2003 pasará a la historia como una prueba más de la escasa moral de unos dirigentes políticos y mandos militares que trataron de ocultar la verdad para cerrar lo antes posible un caso frente al sufrimiento de los familiares de las víctimas.
La actuación del entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, estuvo plagada de engaños, artimañas y presiones para desviar el foco sobre su responsabilidad y la actuación de su gabinete. Un funeral rápido con honores y desfiles y a pasar página. La insistencia de los familiares mediante recursos judiciales y la publicación en varios medios de comunicación del acta turca, firmada por los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán, donde se recogía que 30 cadáveres no fueron identificados, hizo posible la reapertura judicial y la condena de tres militares.
Las sospechas comenzaron cuando un día después del accidente el teniente general José Antonio Beltrán anunció desde Turquía que prácticamente todos los cuerpos estaban identificados a la vez que se mostraban los restos calcinados de soldados entre el fuselaje del avión desperdigado por el monte Pilav de Trabzon. “¿Por qué tanta prisa?”, fue la pregunta que cundió entre las familias de las víctimas.
Cuando los familiares empezaron a pedir los objetos personales de los militares la respuesta de Defensa fue que “el juez turco decidió que los objetos que llevaban los cadáveres y permitían su identificación quedasen depositados dentro de los féretros en relación a su regreso y enterramiento en España”.
La juez Teresa Palacios aceptó exhumar los cuerpos de los militares tras escuchar la declaración del general Navarro, encargado de las identificaciones de los cadáveres. El general reconoció que “no se realizó ningún acto médico, aunque sí una autopsia visual o light”. Los militares fueron repatriados sin que se hubieran realizado las autopsias de identificación, sin certificado de defunción ni la documentación necesaria para el traslado. La exhumación de los cuerpos mal identificados fue solicitada por el fiscal Fernando Burgos.
Dos capitanes médicos del Ejército que se trasladaron a Turquía tras el accidente declararon en la Audiencia Nacional que sólo contaron con batas y guantes de látex para identificar y repatriar los cadáveres. No se envió desde España a ningún forense.
Exhumación y errores
La exhumación dio prueba de la ignominia de los responsables de Defensa. Se confundió a un sargento de piel blanca con el cuerpo de un cabo primero de piel negra. Llegaron a meter restos de tres cuerpos diferentes en un solo féretro. El Ministerio aseguró que se consiguió hacer la identificación por los uniformes militares, las placas identificativas y los objetos personales. Habría que preguntarse por qué se entregó a una familia el cuerpo de un soldado con identificación del Ejército del Aire cuando era de Tierra o cómo posteriormente un forense acreditó que en uno de los ataúdes había un cuerpo donde el pie izquierdo calzaba una bota del número 43 y el derecho tenía otra del número 45.
Francisco Cardona, padre de una de las víctimas, señaló que su hijo, como otros tantos, “iba vestido de civil”. Cardona no se cansó de repetir que cinco meses después del accidente viajaron con un grupo de familiares al lugar del accidente y un imán de la zona le entrego dos chapas metálicas que encontró en la zona del accidente. Su desesperación se agigantó cuando él mismo encontró objetos personales de los soldados muertos sobre la ladera del monte.
Cuando se exhumaron los cadáveres no tenían alianzas ni contaban con objetos personales que permitieran su identificación. Solo uno tenía un anillo con una inscripción y tampoco sirvió para identificarlo. ¿Quién se los quitó? No se aclaró si fue un robo o una destrucción de pruebas. Defensa en su momento se negó a la petición de las familias para que se abrieran los féretros. Posteriormente culpó a la Justicia turca. Fue otra mentira más. Abogados turcos confirmaron que era imposible que un juez negara a las familias que vieran los cuerpos.
Francisco Javier Jiménez Ugarte, entonces director de Política de Defensa, y el general Navarro negaron que se hubieran recogido pruebas de ADN con la excusa de que el estado de los cuerpos era bueno. Otra falsedad. Los forenses turcos detallaron en su acta que los cuerpos destrozados de los militares les llevaron a hacer pruebas de ADN para su identificación.
El Ministerio de Justicia turco dejó constancia en un informe de las prisas de los militares españoles en cerrar el asunto. Estuvieron con la identificación de los cadáveres poco más de tres horas y media.
Cuando el juicio quedó visto para sentencia, el general Navarro lanzó una explicación como velada disculpa: “Procuramos dulcificar las circunstancias de una muerte absolutamente indescriptible para que esas familias que ya han perdido al ser querido no sigan torturándose”. La tortura continúa 13 años después, cuando el Consejo de Estado considera responsable del accidente al Ministerio de Defensa.
Militares condenados
En 2009, el tribunal que presidía el juez Javier Gómez Bermúdez condenó al general Vicente Navarro, por un delito de falsedad de documento oficial a tres años de cárcel y dos años de inhabilitación. El comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel fueron condenados como cooperantes a un año y medio de prisión cada uno y un año de inhabilitación. Además, debían indemnizar a los herederos de cada uno de los 30 militares mal identificados con 10.000 euros.
La sentencia fue clara respecto al general Navarro: “Era consciente de que sólo a 32 de los 62 cuerpos se les había podido asignar una identidad tras los exámenes realizados conjuntamente por turcos y españoles”. De esta manera procedió “de forma aleatoria” a atribuir identidades que “resultaron ser falsas” a los 30 cuerpos restantes. Sobre los otros dos militares, la sentencia señala que “con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación”.
El general Navarro nunca llegó a entrar en prisión por una grave enfermedad y falleció en 2010. Los dos otros militares no entraron en prisión al ser su condena inferior a dos años. En 2012, el Gobierno del PP les concedió el indulto parcial a su condena de inhabilitación por lo que ambos siguen con su carrera militar.
El extesorero del PP Luis Bárcenas declaró en la Audiencia Nacional que dio dinero de la caja B del PP a Trillo para pagar la defensa de los militares acusados en el accidente.
Francisco Javier Jiménez Ugarte, entonces director de Política de Defensa, es hoy embajador de España en Suecia. El exministro Federico Trillo es embajador de España en el Reino Unido.