El caso Villarejo tiene desde hace menos de un mes una nueva pieza separada que investiga la Operación Kitchen, la maniobra policial para obtener información de la familia y en el domicilio de Luis Bárcenas mientras el extesorero del PP pasaba su primera etapa en prisión. Sergio Ríos Esgueva, conductor y hombre para todo de Rosalía Iglesias, fue captado y controlado por el comisario Villarejo, en aquella época miembro de la ‘brigada política’ que operó durante el mandato en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz.
El topo Ríos Esgueva introduce por primera vez en la investigación de la Audiencia Nacional la figura de los fondos reservados, el ángulo muerto en las revelaciones acerca del funcionamiento de la policía política que operó en el seno del Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Sergio Ríos cobraba 2.000 euros mensuales de esos fondos reservados, según reveló la semana pasada okdiario.com. A eso hay que sumar su posterior acceso a la Policía con 42 años y los privilegios de los que ha gozado dentro del cuerpo desde entonces.
Bárcenas ingresó en prisión provisional el 27 de junio de 2013 por “riesgo de fuga”. Habían pasado seis meses desde los primeros descubrimientos de su fortuna en Suiza y de que El País publicara los papeles de Bárcenas, las anotaciones de la caja B del PP durante dos décadas. Fuentes del Ministerio del Interior de la época justifican la Operación Kitchen por el interés que podía tener cualquier información que atesorara un implicado en un grave caso de corrupción y no para evitar un perjuicio a los dirigentes del partido.
Esa causa, los papeles de Bárcenas, es el mayor caso de corrupción en la historia del PP y supuso cinco años después la caída del Gobierno de Mariano Rajoy. Por otra parte, Villarejo nunca trabajó a las órdenes de los distintos jueces que ha tenido el caso Gürtel y sus piezas separadas, en las que llevaba actuando cinco años como policía judicial la UDEF, confirman fuentes jurídicas.
Los fondos reservados constituyen una partida que libra la Secretaría de Estado de Seguridad para la lucha de las unidades operativas de Policía y Guardia Civil contra el crimen organizado y el terrorismo. Con la llegada del PP al Gobierno en 2012, una estructura ajena a las anteriores, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, albergó un grupo secreto dedicado a labores de Inteligencia, una tarea que excede la función de policía judicial que confiere al Cuerpo la Ley de Fuerzas Seguridad del Estado de 1986.
El objetivo inicial de esa ‘brigada política’ fue el proceso soberanista en Catalunya, con el rastreo de una supuesta corrupción de sus líderes y familiares, sin control judicial, para la elaboración de informes apócrifos que acababan publicados en determinados medios de comunicación en fechas señaladas del ascenso independentista.
El ‘modus operandi’ de la denominada Operación Catalunya se trasladó después contra Podemos, dando pie al informe PISA sobre la falsa financiación irregular del partido de Pablo Iglesias. Con la Operación Kitchen emerge una tercera función, el trabajo sucio para tapar conductas irregulares y posibles delitos en el seno del Partido Popular. En casa de Bárcenas, o en conocimiento de su esposa, podía hallarse información valiosa del extesorero contra sus antiguos compañeros de partido.
Más fondos reservados para la DAO de Pino
Al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía estuvo entre enero de 2012 y su jubilación, en el verano de 2016, el comisario Eugenio Pino. Durante ese periodo, la asignación de los fondos reservados a la DAO se multiplicó, a pesar de que no era la estructura con competencias contra el terrorismo o el crimen organizado, según confirman a eldiario.es fuentes del Ministerio del Interior. La unidad que sí está integrada en la DAO es Asuntos Internos (UAI), los policías que investigan los delitos cometidos por otros agentes y que fue utilizada por Pino como grupo sobre el terreno en la Operación Catalunya.
Preguntado por los pagos al chófer de la familia Bárcenas, el director general de la Policía en esa época, Ignacio Cosidó, se ha desvinculado por completo asegurando que el manejo de los fondos reservados era una práctica entre el Ministerio y las unidades operativas, sin su participación ni conocimiento. Cosidó ha sido elegido por Pablo Casado como portavoz en el Senado y es uno de los hombres fuertes en la nueva dirección del partido. Fernández Díaz, el ministro de la época, integra hoy la Ejecutiva del nuevo presidente del PP como secretario de Interior y Libertades. El secretario de Estado Francisco Martínez es el portavoz del partido en la comisión constitucional en el Congreso de los Diputados.
Hasta ahora, ninguna de las causas judiciales que se han topado con la policía política, ni la comisión de investigación del Congreso, se han centrado en investigar el dinero con el que trabajó ese grupo de policías dependientes de la Dirección Adjunta Operativa.
La pieza separada que ha ordenado el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea parte de un informe de la renovada Unidad de Asuntos Internos, remitido al magistrado y a los fiscales Anticorrupción. Estos presentaron la solicitud de la apertura de una nueva pieza e incluyeron la solicitud de las primeras diligencias, ya acordadas por el juez. Según okdiario.com, entre la documentación incautada a Villarejo en su detención en noviembre de 2017 han aparecidos facturas y recibís de los pagos a Sergio Esgueva con fondos reservados, por un total de 48.000 euros.
El maletín del facultativo
En esa época, Miguel Ángel Bayo Herranz, un facultativo -funcionario adscrito a la Policía pero que no es agente- fue el encargado de recoger periódicamente los fondos reservados en la Secretaría de Estado y trasladarlos en un maletín a la Dirección Adjunta Operativa, según relatan fuentes conocedoras de aquella práctica. eldiario.es se ha puesto en contacto con el exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino, que no ha contestado.
Por su parte, el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, ha explicado que no puede responder a ninguna pregunta referente al manejo de fondos reservados por ser materia clasificada de acuerdo con los protocolos internos que desarrollan la Ley 11/1995 reguladora de la utilización y control de los créditos destinados a gastos reservados.
La firma del facultativo Bayo Herranz aparece en los escritos que la Policía envió al juzgado el 16 de julio y el 3 de septiembre de 2015 para excusar al comisario Villarejo de una rueda de reconocimiento por la agresión a la doctora Elisa Pinto. En los documentos firmados por Bayo se aseguraba que el comisario se encontraba en las fechas señaladas realizando misiones en el extranjero. Cuando finalmente participó en la rueda, Villarejo fue identificado por la doctora Pinto como el hombre que la pinchó en el costado en abril de 2014. El comisario jubilado sigue imputado por estos hechos.
Por su parte, el comisario Eugenio Pino sigue imputado en una investigación relacionada con la actividad de la policía política, la conocida como “pendrive de los Pujol”, según fuentes del caso. Un juzgado de Madrid indaga desde mayo de 2017 la procedencia del lápiz de memoria con información de la familia Pujol que la Policía intentó introducir en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
El juez de este tribunal José de la Mata advirtió una maniobra dudosa y comenzó a practicar diligencias. Concluyó que Pino y un antiguo subordinado suyo, Bonifacio Díez Sevillano, podrían haber incurrido en delitos de “prevaricación y/o falso testimonio o fraude procesal”. Las contradicciones en sus declaraciones y las de otros agentes hicieron pensar al magistrado que le habían mentido, por lo que remitió la causa a los juzgados de Madrid, competentes para investigar los hechos.
Las fuentes de Interior en la época del PP aseguran que el uso de los fondos reservados estaba “hiperfiscalizado” y gozaba de “una trazabilidad absoluta”, de tal forma que las carpetas de los mismos llevan firmas y controles que van desde la del agente que pagaba al confidente de turno, pasando por los mandos policiales hasta la última del secretario de Estado de Seguridad.