El Gobierno marroquí y el español. Son las dos instituciones a las que apunta el informe preliminar de la ponente de la comisión Pegasus del Parlamento Europeo, Sophie in 't Veld (liberal del partido holandés Demócratas 66) en los casos de espionaje al Ejecutivo español y los independentistas catalanes, respectivamente. “El Gobierno español probablemente fue el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO [creadores de Pegasus]”, dice el informe, elaborado a mitad del mandato inicial de la comisión, tras seis meses de trabajo parlamentario.
“El Gobierno no da información”, ha señalado la eurodiputada en la presentación del informe ante la prensa este martes: “Si creen que las asunciones son equivocadas, que presenten información. Espero que haya una mayoría para viajar a España a investigar [cosa que hasta ahora no ha sido posible por falta de apoyo de populares y socialistas]. Estaría encantada de tener información del Gobierno. Pero si no nos dan información, ¿Qué hemos de hacer? ¿Quedarnos callados? Aunque falten piezas del puzzle, se puede ver la imagen. La situación en España es delicada, tenemos poca información oficial. Pero vemos que hay indicaciones fuertes de que políticos han sido espiados sin suponer una inminente amenaza a la seguridad nacional. Pido a las autoridades más información para evaluar la situación”.
La eurodiputada holandesa, además, señala: “El problema también es lo que hacen con las víctimas: 'No te damos información, tienes que probarlo tú mismo'. Pero, claro, la víctima no puede probarlo. Los gobiernos deben ser controlados por los ciudadanos, no al revés. Si les das poderes especiales por cosas especiales, siguen siendo teniendo que rendir cuentas. Y me parece preocupante que estas herramientas las usen los gobiernos sin rendir cuentas. Las garantías legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente”.
“Se cree ampliamente que las autoridades marroquíes espiaron al primer ministro, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de manera similar al caso del presidente francés y los ministros. Se ha informado que el Gobierno marroquí podría ser potencialmente responsable de este ataque, sin embargo, esa información no ha sido confirmada”, afirma el informe, que debe ser sometido a un proceso de enmiendas antes de ser aprobado por la comisión parlamentaria. Y, por las posiciones defendidas por populares, socialistas y parte de los liberales (Ciudadanos), es probable que el texto se vea rebajado.
El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ya ha afirmado que el documento incluye “falsedades, medias verdades o elementos que tienen como objetivo reforzar una narrativa separatista. Tenemos que conseguir que hable de los hechos, que no pueda ser usado para cargar la prueba contra un Estado democrático por aquellos que lo violaron. Es paradójico que aquellos investigados por cometer delitos muy graves contra la democracia en España se arroguen la defensa de esa democracia señalando al Estado que intentaron destruir”.
Así mismo, el presidente de la comisión Pegasus, el holandés Jeroen Lenaers (PPE), ha terciado: “La ponente ha presentado un primer borrador del informe. No es una versión final y no puede, en este momento, entenderse como las conclusiones o la posición del comité PEGA en su conjunto. Todos los miembros del comité tendrán la oportunidad de presentar enmiendas al proyecto de informe. Únicamente el informe final representan la posición del Parlamento Europeo en su conjunto”.
“Al menos 65 personas fueron espiadas en el Catalan Gate”
“El objetivo de un segundo grupo de víctimas se conoce como Catalan Gate”, apunta el informe: “Incluye a parlamentarios catalanes, miembros del Parlamento Europeo, abogados, miembros de organizaciones de la sociedad civil y algunos familiares y personal relacionado con esas víctimas. El escándalo estalló por primera vez en 2020, pero no fue hasta abril de 2022 cuando Citizen Lab completó su investigación y se reveló la escala del escándalo. Los resultados de esa investigación mostraron que al menos 65 personas fueron atacadas”.
El documento señala que “en mayo de 2020, las autoridades españolas admitieron haber espiado a 18 de esas 65 víctimas con autorización judicial”. En este sentido, el informe de Sophie in 't Veld afirma: “El Gobierno español ha facilitado poca información hasta ahora sobre el papel que ha desempeñado, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional. Sin embargo, la vigilancia de los objetivos catalanes fue realizada por las autoridades españolas, principalmente en relación con el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 en Catalunya y los acontecimientos posteriores. El gobierno español probablemente fue el primer cliente de la UE del grupo NSO [creadores de Pegasus]”.
Al mismo tiempo, el informe señala que “un análisis detallado de los ataques muestra un patrón claro. La mayoría de los ataques del Catalan Gate coinciden y se relacionan con momentos de relevancia política, como casos judiciales contra independentistas catalanes, mítines y comunicación con líderes catalanes que viven fuera de España. Dicha vigilancia incluye, por ejemplo, las comunicaciones abogado-cliente de un independentista encarcelado en vísperas de su juicio, contactos entre compañeros o comunicaciones relativas a la toma de posesión de escaños en el Parlamento Europeo. Dado que las autoridades han reconocido solo 18 de los 65 casos, y que las órdenes judiciales para esos casos no se han divulgado, no es posible establecer de qué manera tendrían un impacto inmediato o constituirían una amenaza inminente para la seguridad nacional o la integridad del Estado”.
“En contraste con la naturaleza acelerada del caso de [Pedro] Sánchez et al. en Madrid, las causas que han sido presentadas en Barcelona por víctimas catalanas de spyware avanzan a paso lento”, critica el informe.
En el documento se señala, además, que “el ataque a los ciudadanos catalanes con spyware comenzó en 2015 y se ha llevado a cabo a gran escala desde 2017. Después de la cobertura mediática inicial en 2020, el escándalo estalló en toda Europa en abril de 2022 con la publicación del informe de CitizenLab. de la Universidad de Toronto. Dado el paso del tiempo desde el comienzo del espionaje y estas revelaciones, no ha sido posible identificar o investigar más a fondo una serie de objetivos debido a diversos factores, como que varios objetivos se deshicieron del teléfono en cuestión”.
“En total, se ha confirmado que 65 catalanes fueron atacados con spyware, 63 con Pegasus, cuatro con Candiru y al menos dos personas fueron atacadas por ambos”, señala el texto: “Al menos, 51 personas fueron infectadas con éxito La directora del CNI, Paz Esteban, ha reconocido ante la comisión de Secretos Oficiales que 18 de esas 65 personas fueron hackeadas por las autoridades españolas con la autorización judicial requerida del Tribunal Supremo. El gobierno español se ha negado a comentar si las víctimas restantes fueron objetivos suyos. Entre los 18 presuntos objetivos legales se encuentran el actual presidente de Catalunya, Pere Aragonés, el expresidente y actual eurodiputado Carles Puigdemont, y otros políticos independentistas y sus asociados. La mayoría de esas 18 personas nunca fueron acusadas con un delito, como miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y abogados, y sin embargo fueron incluidos en esta lista. La ministra de Defensa Robles se ha basado en gran medida en la Ley de Secretos Oficiales en lugar de ampliar cuáles fueron los motivos de la vigilancia de esos objetivos específicos. Los 65 objetivos catalanes han estado en algún momento en contacto con los separatistas catalanes que viven fuera de España”.
Responsabilidad europea
“Esto es un ataque a la democracia europea”, afirma la eurodiputada holandesa: “¿Por qué la Comisión Europea habla de Elon Musk pero no hace nada ante las amenazas a la democracia en Europa? ¿Por qué en ese caso dice que son asuntos de cada país, cuando esos países se sientan en el Consejo Europeo y toman decisiones que afectan a todos los europeos?”.
“Tenemos motivos para estar preocupados por la democracia”, afirma In 't Veld, quien pone en un plano diferente a Polonia y Hungría: “El espionaje es un elemento integral del sistema, un sistema diseñado para oprimir a los ciudadanos, la oposición. Todo el sistema está metódicamente instalado”.
En cuanto a Grecia, la ponente señala: “La situación es diferente. No es un sistema autoritario. Pero el espionaje se ha usado de una manera sistemática como parte de una estrategia política [por parte del Gobierno conservador de Nueva Democracia]”.
“El Consejo Europeo y los gobiernos nacionales practican la omertà”, dice el informe: “Los gobiernos de los Estados miembros han rechazado en gran medida la invitación a cooperar con el comité PEGA. Algunos gobiernos se negaron rotundamente a cooperar, otros fueron amables y educados, pero en realidad no compartieron información significativa. Incluso un simple cuestionario enviado a todos los Estados miembros sobre los detalles de su marco legal para el uso de spyware apenas ha recibido respuestas sustanciales. En vísperas de la publicación de este borrador de informe, el comité PEGA recibió una respuesta conjunta de los Estados miembros a través del Consejo, también sin sustancia alguna”.
El informe afirma: “La Comisión Europea ha expresado su preocupación y pedido aclaraciones a los gobiernos de algunos Estados miembro, pero solo en aquellos casos en los que ya había estallado un escándalo a nivel nacional. La Comisión ha compartido, de mala gana y poco a poco, información sobre los ataques de spyware contra sus propios funcionarios”.
Un portavoz del Ejecutivo comunitario, por su parte, argumenta: “El borrador del informe ahora será discutido internamente por el comité antes de su aprobación. Seguimos muy de cerca el trabajo de la comisión del Parlamento y lo seguiremos haciendo. Y, en términos más generales, la posición de la Comisión sobre el uso de software espía en Europa es bien conocida: cualquier intento por parte de los servicios de seguridad nacional de acceder ilegalmente a los datos de los ciudadanos, si se confirma, incluidos periodistas y políticos opositores políticos, es inaceptable. Los Estados miembros deben supervisar y controlar sus servicios de seguridad para garantizar que respeten plenamente los derechos fundamentales, incluida la protección de datos personales, la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión”.
“Lo que es importante tener en cuenta es que la seguridad nacional es una competencia de los Estados miembros”, insiste la Comisión Europea: “Al garantizar la seguridad nacional, nuestros Estados miembros deben aplicar la legislación pertinente de la UE, incluida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.