La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descarta la influencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de la aerolínea Air Europa y en las adjudicaciones a un empresario que era profesor en uno de los másteres que ella codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Así consta en un extenso informe que el instituto armado ha remitido al juez de Madrid Juan Carlos Peinado que abrió una investigación contra Gómez tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias basada en informaciones de prensa, algunas de ellas falsas.
El informe de la UCO, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, desmonta así los dos principales elementos en los que se basaba Manos Limpias para atribuir a la esposa del jefe del Ejecutivo delitos de corrupción y tráfico de influencias. Por un lado, la relación que estableció en el Instituto de Empresa —donde dirigió el IE África Center entre agosto de 2018 y junio de 2022— con los dueños de Globalia, propietaria de Air Europa, una empresa que fue después rescatada por el Gobierno en la pandemia. Por otro, las cartas de declaración de interés que suscribió a favor de Carlos Barrabés, un empresario que accedió a ayudas públicas y que ejercía como profesor en el Máster de Transformación Social que ella dirigía en la Complutense.
Además, la Guardia Civil desmiente una información publicada por el digital The Objetive que atribuía una subvención pública a Gómez y que también estaba recogida en la denuncia de Manos Limpias. Los investigadores cotejaron el DNI de la receptora de esa ayuda pública —también llamada Begoña Gómez— con el de la mujer del jefe del Ejecutivo y constataron que se trataba de otra persona. “Es importarte señalar que no se ha hallado constancia de que María Begoña Gómez Fernández haya recibido ninguna subvención pública. La referencia en las noticias de prensa a tal subvención se corresponde con una recibida por otra persona física que comparte el mismo nombre y apellidos, pero se trata de personas físicas distintas”, recoge el informe.
El rescate de Air Europa
Una de las acusaciones esgrimidas por esta organización que impulsa desde hace años denuncias contra líderes políticos –que rara vez pasan el filtro de la admisión a trámite– era que el Gobierno había accedido al rescate de Air Europa por las reuniones de Gómez con directivos de Globalia. Según publicó El Confidencial, Gómez habría pactado un contrato de patrocinio de 40.000 euros al año de la aerolínea con el IE Africa Center que ella codirigía. El objeto era sufragar unas becas, vuelos y la organización de eventos. El convenio se firmó en enero de 2020, antes de la pandemia. Y nunca se puso en marcha, precisamente por la crisis sanitaria. Es decir, los 40.000 euros prometidos no llegaron en su totalidad. La aerolínea reconoció haber pagado sólo 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento.
El citado medio vinculó el trabajo de Gómez en el IE y el convenio de patrocinio con el rescate a Air Europa en plena pandemia. La aerolínea recibió cientos de millones de euros en préstamos del Gobierno para evitar la quiebra en un momento en el que el confinamiento frenó en seco el transporte aéreo mundial.
En relación a este asunto, el informe de la UCO subraya que el único elemento que puede vincular a la esposa de Sánchez con Globalia es el hecho de que coincidiera con uno de sus principales directivos, Javier Hidalgo, en dos eventos que tuvieron lugar en 2020. Y, en consecuencia, constata que “no se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate” a Air Europa.
Las cartas de recomendación
El segundo asunto sobre el que pivota la investigación a la mujer de Sánchez son las cartas genéricas de recomendación a un empresario que optó a ayudas públicas. El Confidencial publicó el 2 de abril que Gómez había firmado en 2020 una carta para apoyar a la UTE Barrabés-The Valley en una licitación del Ministerio de Economía. Otra información, publicada un día después, hablaba de una segunda carta. Detrás de una de esas empresas recomendadas está el empresario tecnológico Carlos Barrabés, que había participado como profesor en el máster y la cátedra de Transformación Social que Gómez dirigía en la Complutense.
Según estas informaciones, las cartas habrían sido clave para que las empresas se llevaran más de ocho millones de euros en ayudas públicas para realizar cursos para jóvenes y desempleados. El organismo que licitó los contratos —Red.es, dependiente del Ministerio de Economía que entonces dirigía Nadia Calviño— desmintió que las cartas tuvieran relevancia en la concesión de los lotes a la citada UTE. De hecho, las cartas eran una plantilla que las dos empresas distribuyeron entre diferentes organismos y empresas con las que habían colaborado. Por ejemplo, la gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid (PP) firmó otra exactamente igual a la de Gómez.
Sobre el “impacto” de las cartas, los investigadores de la Guardia Civil dicen que no se han hallado “elementos diferenciadores” que apunten a que las tres adjudicaciones de Red.es a la UTE en la que estaba Barrabés se hubieran valorado de forma distinta a otros expedientes semejantes. Además, dicen que tampoco hay constancia, de que fuera Barrabés quien “montó el Máster de Transformación Social Competitiva” de la mujer de Sánchez, como sostenía la querella de Manos Limpias.
Tras recibir este informe, el juez Peinado optó por seguir adelante con las pesquisas y acordó una batería de citaciones apenas unos días antes de las elecciones europeas. Así, optó por llamar a declarar como testigo tanto al empresario Carlos Barrabés, como a varios directivos de Red.es, entre ellos a los que participaron en la mesa de contratación que adjudicó los contratos a la UTE participada por una empresa del empresario aragonés, Innova Next.