La ingeniería fiscal de la pareja de Ayuso para optimizar su comisión de dos millones: de facturas falsas a desgravarse un saxofón

Los dos primeros años de pandemia fueron fructíferos para el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Facturó 3,7 millones de euros, de los que casi dos provenían de una única operación por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Y, cuando llegó el momento de justificar esas cuantiosas ganancias ante Hacienda, trató de engañar al fisco. Lo hizo a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla, pero también tratando de desgravarse gastos no relacionados con su actividad profesional, como una reparación de su Porsche, la compra de un reloj de lujo, pelotas de pádel o un saxofón.

Las alarmas saltaron en Hacienda cuando sus funcionarios descubrieron que en 2020 los beneficios de su empresa se habían multiplicado, pero su factura fiscal por el Impuesto de Sociedades incluso se había reducido. La Agencia Tributaria consideró “sumamente llamativo” que ese año su facturación creciera en casi dos millones y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019. Los inspectores tiraron del hilo y encontraron un ovillo societario radicado en la localidad sevillana de Arahal que había emitido facturas a su empresa principal, Maxwell Cremona, por trabajos que nunca se habían realizado. También localizaron facturas por proyectos inexistentes o fallidos en México y Costa de Marfil. 

Son un total de 1,7 millones de euros en 15 facturas por trabajos no realizados que, en la práctica, se imputaron como gastos a la empresa de González Amador con el objetivo de pagar menos impuestos en un momento en el que se había elevado su facturación. Esa operativa le ha llevado a la imputación por dos delitos fiscales por haber defraudado 350.000 euros en concurso con otro más de falsedad documental que él mismo ha reconocido en sus negociaciones con la Fiscalía para pactar una condena de conformidad que evite su entrada en prisión. 

Las indagaciones de Hacienda han puesto de manifiesto que ese entramado de facturas falsas no fue la única estrategia de González Amador para optimizar y minimizar sus impuestos. Cuando la Agencia Tributaria le pidió documentación tras abrirle una inspección intentó desgravarse gastos como la compra de un Rolex, los arreglos de su Porsche Panamera, pelotas de pádel, un saxofón e incluso otros artículos de uso diario como desodorante o hilo dental. 

Una impresora y un Porsche

La desgravación de gastos en la declaración fiscal de una empresa o de una persona física es una de las batallas más habituales entre Hacienda y el contribuyente. No tiene consecuencias penales, aunque muchas veces son los jueces de lo contencioso-administrativo los que tienen que acabar decidiendo si una compra es o no un gasto deducible. El debate suele ser si el producto en cuestión tiene o no algo que ver con la actividad profesional. 

La inspección fiscal a la que fue sometido González Amador después de que la cifra de negocio de su empresa principal se multiplicara con la llegada de la pandemia y la necesidad de encontrar mascarillas y material sanitario desveló que intentó optimizar aún más su declaración fiscal. En el marco de esas pesquisas, sus asesores fiscales entregaron a la Agencia Tributaria una relación de más de un centenar de “gastos deducibles”, según la documentación adelantada por la Cadena SER y que ha examinado elDiario.es. 

Así, el comisionista presentó gastos en pelotas de pádel, enjuague bucal, pasta de dientes, desodorante, hilo dental, champú e incluso las bolsas del supermercado. También trató de pasar un saxofón como un gasto relacionado con su empresa, especializada en la consultoría sanitaria y el fomento del medioambiente, o la compra de varios artículos de lujo: un Rolex de más de 8.000 euros adquirido en Ibiza o 1.500 euros en reparaciones del Porsche Panamera: el amortiguador delantero, los faros y las escobillas. Otro de los gastos fue una factura de 754,50 euros en una treintena de botellas de vino adquiridas en una bodega de Valladolid. 

Entre esos gastos figura también el alquiler de un coche en Ibiza durante un fin de semana que pasó en la isla en mayo de 2021 en compañía de Díaz Ayuso. Fue la escapada con la que trascendió a los medios la relación entre ambos. Se trata de una factura de 195,08 euros (más IVA) por el alquiler a la empresa Sixt de un vehículo de categoría 1. 

El alquiler de ese coche en Ibiza no es el único gasto que González Amador disfrutó en 2021 junto a la presidenta con cargo a su empresa tras dar el pelotazo de los dos millones de euros. También sufragó facturas de unas vacaciones de 11 días de las que disfrutó en el verano de ese año por Croacia y Grecia en compañía de Díaz Ayuso. En este caso, González Amador intentó cargar esos gastos como deducibles. El Gobierno madrileño ha asegurado que “todos los gastos que realiza” la presidenta en sus viajes de carácter personal “los paga ella”. 

Los intentos de González Amador de aminorar al máximo los pagos a Hacienda de su sociedad Maxwell Cremona fueron descubiertos por la Agencia Tributaria. Meses después, él cambió su estrategia al ver acercarse un proceso penal. Intentó retirar algunas facturas consideradas falsas y pagar de golpe sus deudas. Cuando comprobó que no iba a conseguir aminorar el castigo, solicitó la devolución. Es un movimiento que el equipo de Díaz Ayuso trató de utilizar para afirmar que era Hacienda la que, en realidad, debía dinero a la pareja de la presidenta. 

Dos años después del comienzo de las investigaciones de la Agencia Tributaria, la causa contra González Amador se ha partido en dos. La ramificación principal del caso sigue girando en torno al doble fraude fiscal y a su posible pacto con la Fiscalía, mientras que recientemente la jueza ha aceptado la petición de PSOE y Más Madrid de ampliar las pesquisas a su relación empresarial con el Grupo Quirón y sus filiales. Por el momento, él se ha ofrecido a aceptar ocho meses de cárcel y pagar más de medio millón de euros para saldar sus deudas, multas e intereses a cambio de no pisar ni un día la prisión en caso de ser condenado.