El fiscal jefe inspector, Fausto Cartagena, abortó el pasado viernes la última maniobra para apartar del caso Villarejo a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales de Anticorrupción encargados del caso. Cartagena archivó el expediente gubernativo que había abierto tres días antes de forma preceptiva por la reciente ampliación de la denuncia contra Stampa que interpuso antes del verano una locutora de radio canaria.
En este caso, la periodista María Montero intentaba atribuir a Stampa irregularidades durante la instrucción del caso Unión, uno de los más relevantes de corrupción en Canarias, las mordidas a un cargo socialista de Lanzarote a cambio de una adjudicación urbanística. El decreto de archivo del fiscal jefe inspector, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que los supuestos hechos que denuncia Montero “para nada aluden” al fiscal Ignacio Stampa.
La locutora, radicada en las Islas Canarias, presentó un escrito en enero por el que pretendía que se sancionara a Stampa a raíz de las informaciones que le relacionaban con una abogada de Podemos, basadas en afirmaciones de ésta en un chat interno de la formación. La letrada, Marta Flor, hacía comentarios que parecían apuntar a una relación personal con el fiscal que luego desmentía en otro chat interno. La inspección fiscal archivó la denuncia porque, de ser ciertas los hechos denunciados, éstos no estaban entre los motivos que recoge el estatuto de la carrera para apartar a un fiscal.
Con posterioridad, nuevas informaciones basadas igualmente en un chat interno de Podemos apuntaban a que la acusación popular del partido en el caso Villarejo habría sido favorecida por el fiscal Stampa con información de la causa, extremo éste que desmiente el fracaso del partido de Pablo Iglesias en convertir la pieza Dina en una investigación de la actuación de la brigada política contra él.
Con todo, la Fiscalía abrió una segunda investigación interna que debió paralizarse porque el partido de ultraderecha Vox acudió con acusaciones similares al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todavía decide sobre el asunto, con un retraso debido en parte a las dilaciones en la declaración de José Manuel Calvente, el abogado despedido de Podemos que mantiene la hipótesis de que Stampa ayudó a la acusación popular cuando él también formaba parte de ella como responsable jurídico.
La periodista intentaba atribuir la pérdida temporal de abundante documentación del caso al fiscal Stampa, pero una vez analizados los hechos y un informe obrante en la causa que adjuntaba Montero, el jefe de la inspección fiscal concluye que dicho escrito “para nada alude al fiscal encargado del órgano judicial, incluso hace constar que los responsables de dicho órgano obviaron entregar al Ministerio Fiscal documentación policial que tenía al representante del Ministerio Público como destinatario”.
En cualquier caso, añade Fausto Cartagena en su decreto, “la valoración de alguna hipotética conducata del representante de la Fiscalía en las previas 697/2008 durante aquel tiempo, desde el punto de vista estrictamente disciplinario para cuyo conocimientyo y valoración ostenta competenecia la Inspección Fiscal, carecería de cualquier trascendencia -aunque se pudiera configurar como infracción muy grave- al encongtrarse prescrita al haber transcurrido el plazo legal de dos años desde su comisión”. Contra el archivo de Cartagena cabe interponer recurso de reposición ante la Inspección Fiscal o directamente acudir a la vía de lo Contencioso-Administrativo. El sentido de la decisión de Cartagena fue adelantado por VozPopuli este jueves.
La periodista María Montero combina su programa de radio con el activismo. Así ha denunciado por irregularidades al sindicato policial Jusapol, con el que había mantenido una intensa y pública relación en defensa de los objetivos salariales de la organización. Montero también intentó apartar como jueza a Victoria Rosell, la actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Su petición, según publicó Infolibre, secundaba la que había hecho dos meses antes el juez Salvador Alba contra Rosell y que acabó condenado por maniobrar en perjuicio de la jueza y en beneficio del exministro José Manuel Soria.
Navajas informará sobre la continuidad de Stampa
La decisión del jefe de la Inspección Fiscal de archivar esta ampliación de denuncia contra Stampa está firmada después después de que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, dijera a okdiario.com que sintió ganas de “vomitar” cuando leyó las citadas informaciones sobre Stampa y la abogada de Podemos y de que insistiera en Onda Cero de que con esos indicios había que haber apartado al fiscal del caso Villarejo.
Navajas es miembro del Consejo Fiscal que debe pronunciarse sobre la adjudicación de las plazas que Stampa, el otro fiscal del caso, Miguel Serrano, y otros seis fiscales Anticorrupción ocupan de forma interina. El pronunciamiento del Consejo Fiscal es preceptivo pero no vinculante para la decisión que adoptará en última instancia la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.