“Va a venir a verte el jefe. ¿Quién es el jefe?, pregunto yo. Marcelino, el comisario de Asuntos Internos. Viene el comisario de Asuntos Internos –yo estoy con dos agentes de la detención– y me dice: la que has liado. Me da la mano, me saluda cordialmente… ¡Y yo estaba ya detenido! No entendía la situación”. Así conocían el sábado por la noche 2,7 millones de espectadores, por boca del ‘pequeño Nicolás’, el nombre de pila del policía que dirige Asuntos Internos, la unidad a la que el Ministerio del Interior viene encargando algunos de los asuntos más sensibles para los intereses del Gobierno, a pesar de que estén fuera de las funciones atribuidas a sus integrantes.
Entre esos asuntos destaca por encima de todos Catalunya. Según se acercaba el 9 de noviembre, fecha elegida por la Generalitat para celebrar la consulta soberanista, arreciaron las informaciones sobre presuntos casos de corrupción vinculados a la familia Pujol o a otros políticos nacionalistas. La Audiencia Nacional investigaba hacía más de un año a Jordi Pujol Ferrusola cuando el padre confesó que la familia había ocultado al fisco un legado familiar durante tres décadas. El 28 de julio, 72 horas después del comunicado de Pujol i Soley, la Fiscalía Anticorrupción abría diligencias contra Oleguer Pujol.
El 22 de mayo de 2014, la Policía entregó en la sede de la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre sospechosas actividades empresariales de Oleguer Pujol. En él se indicaba claramente su autoría: la Unidad de Asuntos Internos. El informe consistía en una relación de sociedades y las personas que estaban detrás de ellas, así como de operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares. La autoría del informe suscitó dudas en el seno de Anticorrupción, pero los técnicos de la Agencia Tributaria adscritos a la Fiscalía especial confirmaron que las operaciones descritas podían ser constitutivas de delito.
Finalmente, el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, decidió seguir adelante a la vista de la posible relevancia de los datos aportados. Al fin y al cabo, la elección de Asuntos Internos para llevar las pesquisas hasta ese momento era una cuestión interna de la Policía, concluyeron en Anticorrupción. La Fiscalía especial abrió diligencias y puso la investigación en manos de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que trabajan en su sede.
Un portavoz de la Dirección General de la Policía aseguró este martes a eldiario.es que los datos sobre Oleguer Pujol llegaron a Asuntos Internos en el transcurso de otra investigación de la unidad que no precisó, pero de la que dijo que no está vinculada a este ni a otros miembros de la familia. Según esta versión, Asuntos Internos apenas profundizó en esa información y la remitió a la Fiscalía Anticorrupción y a la unidad competente para investigar delitos económicos, la UDEF. Anticorrupción, sin embargo, fue quien terminó compartiendo el contenido del informe de Asuntos Internos con la UDEF, y no al revés, según explicaron fuentes del caso.
En septiembre, Podemos, Guanyem Barcelona y otras organizaciones se querellaron en la Audiencia Nacional contra el clan Pujol, incluido Oleguer. Finalmente, el juez Santiago Pedraz asumió los hechos concernientes al menor de los hermanos Pujol, ya que Pujol Ferrusola es investigado por Pablo Ruz y el legado familiar es objeto de una causa en un juzgado de Barcelona. La investigación de la Fiscalía se sumó entonces a la causa abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y delito fiscal.
A pesar del carácter preliminar de la investigación de Asuntos Internos que defiende la Dirección de la Policía, lo cierto es que la investigación a Oleguer Pujol sigue sustentándose hoy por hoy en los datos aportados por la unidad. Según Asuntos Internos, Oleguer blanqueó más de 4 millones de euros con la construcción de viviendas de protección oficial en unos terrenos de Melilla cedidos por el Ministerio de Defensa. La Policía describe sociedades, mecánica del blanqueo, detalla cantidades y llega a conclusiones.
Lo mismo ocurre con otras siete operaciones, entre ellas la adquisición de 1.152 oficinas del Banco de Santander por otra sociedad vinculada a Oleguer Pujol o las realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa División Inmobiliaria. El 24 de octubre pasado, el juez Pedraz ordenó una docena de registros basándose en esta información, incluido el domicilio del pequeño de los Pujol. Oleguer estuvo detenido policialmente durante los registros y después se negó a declarar en comisaría.
Solo investigaciones a funcionarios
La Unidad de Asuntos Internos investiga históricamente a otros policías sobre los que existen indicios de delito. Puede hacerlo al conocer los hechos y, una vez efectuadas las primeras comprobaciones, ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial. Por si quedara alguna duda, la Dirección General de la Policía dictó una orden interna el pasado año en la que se especifican los cometidos de los servicios centrales y periféricos del Cuerpo. Según la orden 28/2013, a Asuntos Internos “corresponde investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía [CNP] y de los funcionarios destinados en el centro directivo”.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias no es agente de policía, tampoco es funcionario público destinado a la Dirección General de Policía. Un juzgado de Madrid investiga al joven por estafa, falsificación documental y usurpación de funciones públicas. El caso está bajo secreto de sumario, pero de cuanta información ha trascendido hasta ahora no se deduce que haya algún miembro del CNP implicado en sus andanzas.
¿Por qué fue detenido entonces por la Unidad de Asuntos Internos? La explicación ofrecida el lunes por el ministro, Jorge Fernández Díaz, es que las “atribuciones” que se hacía el 'pequeño Nicolás' eran “manifiestamente falsas y tenían que ver con las altas instituciones del Estado y con la seguridad del Estado”. “Por eso se consideró que la Unidad de Asuntos Internos era la más idónea para practicar su detención”, remachó a preguntas de los periodistas.
En marzo de 2014, eldiario.es reveló que los agentes que investigan al Partido Popular en el marco de los casos Gürtel y Bárcenas habían sido presionados a través de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que los había interrogado en relación a la filtración de un informe incorporado a la causa. Después de que Ignacio Cosidó negara en tres ocasiones en el programa 'El Objetivo' de La Sexta una investigación a los policías que investigan la caja B del partido en el Gobierno, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, compareció en el Congreso y admitió dichos interrogatorios.
El comisario “Marcelino” y Catalunya
El “Marcelino” al que se refirió el ‘pequeño Nicolás’ el pasado sábado en televisión es el comisario principal Marcelino Martín Blas-Aranda, jefe de la Unidad de Asuntos Internos desde que gobierna el Partido Popular. De 62 años, Martín Blas-Aranda es un policía de la máxima confianza del número dos de la Policía, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, el auténtico hombre fuerte del Cuerpo. En medios policiales se atribuye a Pino la responsabilidad de haber involucrado al Cuerpo en frenar la ofensiva independentista en Catalunya, algo que escapa de las funciones de una Fuerza de Seguridad del Estado.
El nombre de Martín Blas-Aranda no resulta nuevo para el nacionalismo catalán. El jefe de Asuntos Internos viajó a Barcelona el 29 de octubre de 2012 junto a otro comisario del Cuerpo, José Luis Olivera, para reunirse con los fiscales Anticorrupción de Catalunya. En la reunión intentaron convencer a los fiscales de que había que registrar la sede de CDC en el marco del caso Palau, que investiga la presunta financiación irregular de la formación, a pesar de que ninguno de los dos estaba relacionado con la investigación en razón de sus cargos. Los mandos policiales pretendían una actuación con inevitable repercusión mediática en plena campaña electoral catalana. Los fiscales consideraron que los nuevos indicios que les presentaban los policías eran endebles y declinaron su oferta. Los hechos motivaron una nota pública del Consejo Fiscal tachando de “irregular” la actuación de Martín Blas-Aranda y Olivera.
Interior se vio obligado a salir al paso y difundió que los comisarios habían viajado a Barcelona para presentar a los fiscales un nuevo grupo dentro de Asuntos Internos, dedicado a estudiar los casos que hubiera perdido la Policía por dejación de sus agentes. En una versión posterior, Interior admitió que los comisarios viajaron para intentar recuperar unas investigaciones perdidas supuestamente en detrimento de los Mossos. En realidad, el juez solo había encargado a la Policía autonómica unos registros concretos el verano anterior. Dos semanas después de la reunión con los fiscales, El Mundo publicó un supuesto informe de la UDEF con cuentas en Suiza de Artur Mas y Jordi Pujol padre. Interior abrió una investigación para determinar la autoría de dicho informe, pero la cerró sin éxito.
La Unidad de Asuntos de la Policía mantiene un importante secretismo en su actuación para que sus investigaciones no sean descubiertas por los agentes objeto de dichas pesquisas. Su sede está en un edificio del distrito madrileño de Chamberí, separada de otros grupos, sin que ningún elemento externo la identifique como una sede policial. Al menos hasta 2012 estaba integrada por 160 agentes divididos en dos brigadas, pero desde ese año la Dirección General de la Policía ni siquiera informa del número de efectivos que la integran. Los catálogos de puestos de trabajo entregados al Consejo de la Policía –el órgano que integran administración y sindicatos– obvian cualquier referencia a esa unidad desde entonces.
Compuesta por dos brigadas –el 'pequeño Nicolás' declaró al diario El Mundo erróneamente que había sido detenida por la 9ª–, la Dirección de la Policía informa de su trabajo de forma escueta en algunos casos de corrupción policial que trascienden a la opinión pública. El último de ellos, la detención de seis agentes en Cartagena acusados de la muerte a golpes de un hombre al que habían traslado previamente a una cala en un vehículo policial. Hace casi una década que el Ministerio del Interior no ofrece datos de los policías y guardias civiles detenidos anualmente por las respectivas unidades de Asuntos Internos.