El Ministerio del Interior ha suscrito un convenio de colaboración con la empresa que despidió a una trabajadora por faltar el día en que la desahuciaron por no poder hacer frente al alquiler. Konecta, que fue condenada por el despido improcedente de Amaya Muñoz, es una de las compañías que participan desde este lunes en el Proyecto Labora, que pretende fomentar la inserción laboral de las víctimas del terrorismo.
El propio ministro, Jorge Fernández Díaz, suscribió ese acuerdo con los responsables de siete empresas, entre ellas Konecta, filial del Grupo Santander y dedicada al telemarketing y la externalización de procesos de negocio. El programa consiste en que esas empresas informarán a Interior de las ofertas de empleo así como de los perfiles que reclutan y el Ministerio les remitirá una lista de candidatos que sean víctimas del terrorismo o familiares incluidos en el Proyecto Labora.
Las empresas no asumen “ninguna obligación respecto de la contratación de los candidatos propuestos”, según la nota de prensa enviada por el departamento, que destaca, en cambio, que “se realizará un seguimiento de las contrataciones efectuadas y del desempeño del puesto de trabajo que realicen los nuevos empleados”.
“Sensibilidad” de esas empresas
Este tipo de convenios permiten a las empresas mejorar su imagen, ya que pueden presumir de ellos como actividades propias de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). El propio Ministerio destacó en el comunicado que envió a los medios tras la firma del acuerdo que las compañías participantes están “significadas por su actividad en el ámbito de la responsabilidad social y su sensibilidad frente a colectivos con especiales necesidades”.
Esa “sensibilidad” que destaca Interior choca con la actitud que mantuvo Konecta -empresa que pretende ampliar en un 15% su plantilla- con el despido en octubre de 2013 de la trabajadora que faltó el día de su desahucio. El juez ha declarado ese despido como improcedente y condenó a la empresa a readmitir a la afectada o a indemnizarla.
Esta no es la única condena que ha recibido la empresa, a la que la Agencia Tributaria adjudicó el servicio telefónico de atención telefónica de la renta, acumula 189 sentencias en la jurisdicción de lo social, algunas por vulnerar los derechos fundamentales de los trabajadores. Además, la Inspección de Trabajo multó a Konecta por realizar un ERE encubierto: le impuso una sanción grave por llevar a cabo despidos individuales que debería haber tramitado como un despido colectivo.