El caos vivido en el centro de Madrid la noche del 22 de marzo dejó 101 heridos -67 de ellos policías-, 24 detenidos y un mando de los antidisturbios destituido al mes de los incidentes. El inspector jefe Francisco Javier Virseda, al frente de la Unidad de Intervención Policial destinada en Madrid, fue el sacrificado por el Ministerio del Interior para aplacar las protestas internas por los graves errores operativos cometidos al término de las Marchas de la Dignidad. A los tres meses de ser destituido, Interior ha elegido a Virseda para uno de los destinos mejor retribuidos y más ansiados por los policías a los que no importa trabajar fuera de España: una embajada.
Según fuentes policiales y del Ministerio del Interior, Virseda será a partir de septiembre el Agregado de Interior en la Embajada de España en Chile. Se trata de un puesto de nueva creación, aunque anterior a la elección de Virseda, que aún no había ocupado nadie. La máxima representación de Interior en una embajada la ostenta el Consejero, cargo que en el caso de Chile ostenta un coronel de la Guardia Civil. El hecho de que una embajada cuente con Agregado depende del análisis que hace Interior sobre los intereses de España en el país de destino.
La asignación económica para los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad destinados a las embajadas responde a un baremo realizado con las indicaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre el nivel de vida de la ciudad donde va a trabajar y residir el agente. Los precios de las viviendas en alquiler es una de ellas. El margen con el que se realizan provoca que los destinos en las embajadas sean ansiados por un buen número de policías, que optan por pasar unos años fuera de España y obtener durante ese periodo un sueldo elevado. Virseda no ganará menos de 10.000 euros brutos mensuales, según las fuentes consultadas. Existen puestos de Consejero de Interior que superan los 20.000 euros al mes.
Con la elección de Virseda para el puesto de Agregado en Chile, Interior alivia el castigo de hace tres meses. Los errores de la noche del 22-M provocaron una revuelta policial inédita hasta entonces. Los antidisturbios llegaron a realizar protestas en las instalaciones policiales a las que acudieron cientos de policías exigiendo la destitución de la cadena de mando. Virseda era él último eslabón de cuantos relevos se exigían. Sin embargo, Interior, aun reconociendo los errores del dispositivo, salvó a José Miguel Igüsquiza, el jefe de las UIP a nivel estatal, y al comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabonaz. El malestar entre los antidisturbios venía de lejos por las condiciones en las que realizan su trabajo, calmado con promesas de mejoras e incentivos.
Las cargas de Atocha, sin castigo
El Ministerio del Interior ya había cerrado en falso otra de las polémicas actuaciones de la Unidad de Intervención Policial en una manifestación. Ocurrió el 25 de septiembre de 2012, al término de la protesta Rodea el Congreso, aunque en aquella ocasión las quejas llegaron desde fuera de la Policía por la excesiva contundencia con que se emplearon los funcionarios. En concreto se investigaron las cargas de la UIP en el interior de la estación de Atocha, donde fueron golpeados ciudadanos que nada tenían que ver con los disturbios que se estaban produciendo fuera. Debido a la presión, que también llegó de algunos sindicatos policiales, Interior abrió una investigación que dejó en vía muerta durante cuatro meses. A finales de enero, cerró el expediente sin encontrar ninguna actuación sancionable.
El Real Decreto 1300/2006 regula la elección y funciones de los Consejeros y Agregados de Interior. Corresponde a la Comisión de Destinos en el Exterior elegir a los funcionarios que van destinados a las embajadas. Esta comisión está compuesta por el secretario de Estado de Seguridad, número dos del ministro, y la integran, el número 3 del departamento, los directores de Policía y Guardia Civil, el subsecretario de Interior y el director del Área Internacional, es decir, la cúpula política del Ministerio. La designación de puestos para las embajadas es habitualmente motivo de controversia en el seno de la Policía por el carácter discrecional que han tenido sus decisiones. En ocasiones, los escogidos para los puestos en las embajadas habían desarrollado antes relevantes tareas de mando con el Gobierno de turno.
Antes de ser responsable de las UIP de Madrid, Virseda había sido jefe en Málaga de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Junta de Andalucía y antes había estado destinado en Melilla. Entre su destitución y la elección para el puesto de Chile, ha suspendido las pruebas de ascenso a comisario.
Ocho meses después de que Fernández Díaz fuera nombrado ministro del Interior, Consejeros y Agregados comenzaron a recibir en las delegaciones diplomáticas una carta en las que se les comunicaba que su puesto desaparecía. Se trataba de un plan del Ministerio del Interior para reducir en más de un 30% el gasto destinado a su despliegue exterior, que supondría un ahorro de varios millones de euros al año. Sin embargo, cuando muchos agentes ya preparaban la vuelta a casa, Interior dio marcha atrás y decidió continuar con el despliegue anterior, que supera el centenar de agentes, sin contar con los que participan en misiones internacionales.