El Ministerio del Interior se ha plantado este lunes en los 807 millones en tres años (2018-2020) del acuerdo de equiparación salarial tras entregar a los sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil el informe de la consultora externa que analiza si la cifra comprometida es suficiente o se tiene que recalcular al alza.
Desde Interior han subrayado que ya con los 807 millones se elevarán las nóminas de policías y guardias civiles en una media de un 20% (calculan que un policía cobrará de media 529 euros más mensuales y un guardia civil, 620 euros). La decisión se ha comunicado en la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de equiparación y ha provocado el enfado de algunos sindicatos firmantes y de la plataforma Jusapol, que se ha manifestado durante horas frente al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
El SUP ha sido el primer sindicato policial en reaccionar al posicionamiento de Interior asegurando en un comunicado que “no acepta el informe” de la consultora externa por “falta de transparencia y opacidad”. En este sentido, han asegurado que estudiarán plantear medidas administrativas o judiciales.
Representantes de Jupol, sindicato surgido de la plataforma Jusapol y mayoritario en el Consejo de la Policía desde las elecciones del pasado junio, han protestado frente a Interior, donde han adelantado que no se doblaba la cifra de la equiparación hasta los 1.500 millones plantearían un conflicto colectivo. La decisión la comunicarán de forma oficial en las próximas horas.
Las siete asociaciones de la Guardia Civil firmantes del acuerdo han emitido por su parte un comunicado conjunto en el que dicen que estudiarán el informe de la consultora entregado este mismo lunes en un CD por Interior. Además, han vuelto a mostrar su queja unánime por la cesión de un 1,73% a favor de la Policía en la ejecución del segundo tramo del acuerdo, el ejecutado este 2019.
ENTREGA DE CD CON EL INFORME EXTERNO
La tercera reunión de la comisión de seguimiento se ha celebrado bajo la presidencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, mientras la plataforma Jusapol protestaba en la calle. Interior ha entregado a los representantes de los sindicatos y asociaciones el informe de consultoría elaborado por Ernst and Young Abogados y que, según el acuerdo, tenía que recalcular si los 807 millones eran suficientes.
“La decisión de que una consultora privada analizara las cifras de la equiparación fue adoptada por el anterior equipo del Ministerio del Interior”, ha recordado el departamento liderado por Grande-Marlaska, que ha vuelto a decir que mantuvieron el acuerdo “por compromiso institucional hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
En este sentido, Interior ha apuntado al informe del Consejo de Estado que avalaba que esta cláusula no era vinculante para la administración. Fuentes sindicales consultadas por Europa Press señalan que los representantes del Ministerio se han acogido al posicionamiento del Consejo de Estado para rechazar cualquier aumento sobre los 807 millones ya comprometidos, limitándose a entregar un CD con la copia del informe de Ernst and Young Abogados.
La consultora Ernst and Young entregó un primer informe de consultoría al Ministerio del Interior el 27 de febrero, “que no fue recepcionado por deficiencias con el cumplimiento del pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato”. Tras el plazo de subsanación concedido, señala Interior, el informe fue recepcionado de nuevo el 10 de julio y se ha dado conocimiento del mismo este lunes a los representantes de los sindicatos de la Policía Nacional y de las asociaciones de la Guardia Civil.
SONORA PROTESTA DE JUSAPOL
La entrega del informe se ha producido este lunes en una reunión de la comisión de seguimiento entre Interior y los firmantes del acuerdo de equiparación salarial de marzo de 2018, cuando estaba Juan Ignacio Zoido (PP) al frente del Ministerio: cuatro sindicatos de la Policía (SUP, CEP, UFP y SPP) y siete asociaciones profesionales de la Guardia Civil (AUGC, AEGC, UO, UniónGC, ASESGC, APROGC y APC).
Tras la reunión entre Interior y los sindicatos firmantes, los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Pardo y Félix Azón, respectivamente, han dado traslado del documento a otras organizaciones no firmantes del acuerdo, entre ellas la plataforma Jusapol y sus marcas en ambos Cuerpos, Jupol y Jucil.
Aún así, unos 200 miembros de esta plataforma -entre ellos algunos niños-- se han concentrado desde las 16.00 horas frente a la sede del Ministerio del Interior, donde han protagonizado una sonora protesta que ha cortado el tráfico en la calle Amador de los Ríos, mientras lanzaban petardos y hacían sonar numerosos silbatos y tambores.
Al convocar la protesta de este lunes, Jusapol la justificó en la “sorpresa” que les causó no haber sido invitados a la reunión, después de que Jupol sea desde este mes de junio el sindicato con mayor representación al conseguir 8 de los 14 vocales del Consejo de la Policía. Tanto desde Interior como desde el resto de sindicatos, no obstante, se les recordó que el acuerdo especifica que sólo pueden asistir los firmantes del mismo.
Jusapol rechazó desde el primer momento el acuerdo al considerar insuficientes los 807 millones en tres años (2018-2020) y Jupol amenazó con un conflicto colectivo en el caso de que no se atendiera a su petición de doblar el dinero hasta obtener al menos 1.500 millones. La estrategia a seguir tras las elecciones sindicales en la Policía ha provocado discrepancias entre Jusapol y Jupol.
Interior ha defendido este lunes que ha hecho “la mayor inversión en seguridad del Estado en los últimos ocho años” al destinar 850 millones en infraestructuras -600 de ellos en comisarías y cuarteles entre 2019 y 2025-- y ha comparado el dinero destinado a la subida salarial de policías y guardias civiles con la del resto de funcionarios públicos, que en el mismo periodo será de un 6,25%.
También ha recordado que ha repuesto en un 115% las puestos de trabajo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con más de 5.000 nuevas plazas. En la reunión celebrada este lunes se ha acordado fijar para el 12 de septiembre una nueva reunión en la que asociaciones y sindicatos aporten su valoración del mencionado informe.