La confesión de Jordi Pujol acerca de su fortuna en el extranjero abrió hace 18 meses una crisis en la memoria emocional de Cataluña que se agravará este miércoles con la declaración del expresident en la Audiencia Nacional. El referente durante décadas del nacionalismo catalán se plantará ante el juez José de la Mata para intentar disipar sus sospechas de que los cientos de millones aflorados son la suma de las mordidas obtenidas por una familia que actuó durante treinta años como una “organización” en la que el poder político se utilizaba para hacer negocios.
Jordi Pujol Soley, expresidente de la Generalitat de Cataluña, declarará a partir de las 10 de la mañana en calidad de investigado, la nueva figura que sustituye y equivale a la de imputado. Una hora y media después está citada su esposa, Marta Ferrusola. Ambos son sospechosos de haber cometido un delito continuado de blanqueo de capitales.
No lo tendrán fácil. De la Mata tiene avanzada la investigación al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, del que cree que se inventó una facturación de 11 millones de euros para camuflar el dinero de las comisiones. En cualquier otra familia, los indicios contra el primogénito no tendrían por qué implicar al resto de la familia, pero como dice De la Mata en el auto de citación del matrimonio, los Pujol desarrollaron vínculos “más allá de los familiares”.
Las “pautas de actuación” de los distintos miembros de la familia, su “coordinación en las actividades”, la “asignación de roles” y la distribución de las ganancias “multimillonarias” que ingresaban siempre en jurisdicciones extranjeras, unido a un “particular sistema de rendición de cuentas existente para controlar esos repartos de fondos, revelan la existencia del patrón de comportamiento (…) de una organización, cuyos perfiles definitivos están aún bajo investigación y pendiente de calificar”, asegura el juez.
Esta será la segunda declaración como imputado del matrimonio. Ya lo hicieron hace un año en un juzgado de Barcelona, pero su titular se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional. El tribunal especial investigaba desde finales de 2012 al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, y las causas podrían solaparse. Además, el juez de Barcelona acabó hastiado de que Andorra evitara enviar información trascendental para el caso que el país ha terminado cediendo a la Audiencia Nacional.
La historia reciente del caso se remonta al 25 de julio de 2014. Esa tarde, Jordi Pujol hizo público un comunicado en el que reconocía la existencia de una fortuna en el extranjero. Sabía que el Estado le había descubierto a él y a sus familiares. La señal fue una noticia publicada en el diario El Mundo tres semanas antes informando de movimientos bancarios de la familia en Andorra, por valor de 3,4 millones de euros, realizados en las Navidades de 2010.
La maquinaria del Estado, movilizada contra la corrupción en Cataluña con motivo del desafío separatista, por fin encontraba unos indicios claros de los posibles delitos del expresident. Atrás quedaban los informes policiales apócrifos destinados a ocupar portadas, coincidiendo con momentos álgidos del proceso independentista.
“Un mero relato”
La explicación que dio Pujol en la carta pública y la que repitió en enero de 2015 ante el juez de Barcelona no pasa de ser, según el juez José de la Mata, “un mero relato”. Pujol dijo que el dinero procede de un legado de 140 millones de pesetas que el abuelo Florenci dejó a la familia en 1980 y que decidieron esconder en el extranjero. Varios años después, el legado se había multiplicado por ocho.
El juez, sin embargo, asegura que “no consta ni ha sido acreditada la cantidad del legado, el lugar en el que encontraban esos fondos, su destino, etc., acompañado de documentación que corrobore tales afirmaciones”. De esta forma, traslada la sospecha de que el dinero hallado a los Pujol en el extranjero procede, en realidad, de los sobornos que pagaban empresas adjudicatarias de la Administración, las mismas que facturaban al primogénito por facturas inexistentes, a cambio de adjudicación de obra pública.
Además de esto, en la investigación a Pujol Ferrusola ha aparecido un documento, enviado por comisión rogatoria desde Andorra, en el que el primogénito explica que él no es el verdadero dueño de los fondos en una cuenta a su nombre sino que es su padre.
Consta igualmente un segundo documento en el que Pujol i Soley, de su puño y letra, afirma en mayo de 2001 ser propietario de otra cuenta y declara que si fallece, los fondos deben ser para Marta Ferrusola. Esa cuenta se abrió con una aportación en efectivo por lo que se desconoce el origen del dinero, remarca De la Mata. El expresident utilizó el dinero hasta 2010 “con intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta, y ocultando también su origen”
“Dicho patrimonio no consta que se justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años, presidente de la Generalitat de Cataluña”, lanza De la Mata en su auto.