La decisión de la jueza del caso Máster, Carmen Rodríguez-Medel, de dar carpetazo a gran parte de la causa dejará sin investigar los principales indicios que apuntan a que en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con su exdirector, el catedrático Enrique Álvarez Conde. La decisión de la jueza llega tras un primer varapalo de la Fiscalía y el posterior archivo de las actuaciones referidas al líder del PP, Pablo Casado, por parte del Tribunal Supremo.
Hasta el momento, en la causa que se seguía en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid estaban siendo investigados alumnos, a excepción de Casado, por su condición de aforado; profesores y una funcionaria, Amalia Calonge, la persona que cambió las notas en el expediente informático de la expresidenta Cristina Cifuentes. A los alumnos, por existir indicios de que accedieron a un título sin llevar a cabo ninguna actividad académica. Los profesores por supuestamente haber calificado a esos alumnos sin haber realizado mérito alguno. La funcionaria Calonge, por el cambiazo en las notas.
Según el razonamiento de la magistrada, si se logra justificar que los alumnos habían cursado el máster sin haber desarrollado ninguna actividad académica existiría cohecho impropio, puesto que suponía un regalo; y también prevaricación de los profesores e incluso podría derivarse la cooperación de los alumnos en esa actuación delictiva de los docentes.
Ahora, salvo que la investigación sea reabierta si prosperan los recursos que puedan presentar las partes, no será posible saber si hubo delito en el trato VIP del que se beneficiaron determinados estudiantes. En la exposición razonada que elevó al alto tribunal para pedir que se investigara al líder de los conservadores, Rodríguez-Medel analizó minuciosamente los elementos que, a su juicio, probarían las diferencias de trato entre los alumnos “escogidos” y el “grupo ordinario”, compuesto por los que sí desarrollaron “una intensa actividad académica”. Esos tres elementos son la asistencia a clase, las convalidaciones masivas de asignaturas y el hecho de que determinados alumnos aprobaran las materias no convalidadas presentando supuestos trabajos.
Ante la jueza, las alumnas con expediente similar a Casado reconocieron que no habían pisado las aulas de la URJC y que lograron el título sin mucho esfuerzo gracias a Álvarez Conde, que ahora continúa imputado aunque ya únicamente por el delito de falsedad documental por haber supuestamente participado en la falsificación del acta con la que Cristina Cifuentes pretendió probar que sí había realizado el Trabajo de Fin de Máster (TFM) del posgrado que realizó en la URJC tres años después que el actual líder de los conservadores.
Una de las participantes en el máster, María Dolores Cancio, reconoció que Álvarez Conde le dijo que no tenía que hacer trabajos ni ir a clase y que le indicó cómo convalidar las asignaturas. Las otras dos alumnas que hasta ahora estaban siendo investigadas, María Mateo Feito y Alida Consuelo Mas Taberner, también admitieron que el catedrático las había eximido de ir a clase a pesar de que el curso era presencial.
Sin embargo, en la exposición razonada que remitió al Supremo, la jueza reunió indicios de que el máster era presencial (folletos informativos, emails de Álvarez Conde, horarios, guías docentes...) e incluso el escrito de una alumna que no formaba parte del “grupo escogido” y que pidió su baja en el máster en 2008 porque no podía asistir a clase por problemas familiares.
Convalidaciones sólo para “escogidos”
Casado y las otras tres alumnas VIP convalidaron 18 de las 22 asignaturas del máster porque ya habían realizado un carrera con anterioridad, un hecho que, según la jueza, no fue irregular en sí mismo, aunque sí le pareció sospechosa la forma en que se produjo. Tres peticiones de convalidación se presentaron el mismo día, “a pesar de la amplitud del plazo para solicitar el reconocimiento”, que era de más de un mes, y ninguna cumplió con los requisitos de la URJC. Además, aunque eran “estereotipadas” y “genéricas”, todas dieron lugar al reconocimiento de las mismas asignaturas. A la magistrada también le llamó la atención que sólo los alumnos “escogidos” solicitaran el reconocimiento de créditos y que nadie informara al resto de que tenían esa posibilidad “tan ventajosa”. Todo esto, en principio, tampoco será investigado.
Salvo sorpresa, no se esclarecerán en sede judicial las circunstancias en las que estos alumnos VIP aprobaron las únicas cuatro asignaturas que no convalidaron. En sólo 15 días, los cuatro –Casado, entre ellos– consiguieron tres sobresalientes realizando supuestos trabajos de los que tampoco hay rastro documental. La jueza, en su comunicación al Supremo donde pedía investigar a Casado, ya mostró dudas sobre la veracidad de esos trabajos, que en el caso del líder del PP sumaban, supuestamente, 92 páginas.
Las mismas dudas existen sobre el TFM de Cifuentes, que nunca llegó a aparecer. De hecho, el único aspecto que se sigue investigando, tras el carpetazo de este lunes al grueso de la causa, es la supuesta falsificación del acta con la que la expresidenta regional intentó acreditar que no había realizado ese posgrado de forma irregular. Respecto a Cifuentes, otra cuestión que se queda sin investigar son las modificaciones de las notas de su expediente, realizadas por la funcionaria Amalia Calonge dos años después de que supuestamente aprobara ese título.
Con su archivo, plagado de reproches al Supremo y a la Fiscalía, la jueza de Plaza de Castilla también exonera a los profesores, a los que apuntaba precisamente el Supremo en el auto en el que los jueces del alto tribunal detallaron las razones por las que creían que no había que investigar a Casado. A este respecto, la jueza se pregunta en su auto de este lunes cómo se puede imputar a Álvarez Conde el delito de prevaricación si, según el Supremo, los trabajos de Casado “pueden existir” y, como él mantuvo, “están conservados en el ordenador” aunque nunca los haya mostrado en público.
Por otro lado, el cerrojazo de Rodríguez-Medel puede ser una buena noticia para la exministra de Sanidad, Carmen Montón, que también obtuvo un título en la URJC de forma supuestamente irregular, tal y como desveló eldiario.es. Tras recibir una denuncia anónima, esta misma jueza abrió diligencias en una investigación separada de las que seguía en ese momento contra Cifuentes y Casado y pidió a la URJC “toda la documentación” que obrara en la institución sobre esos estudios en el año en el que los cursó la exministra. No obstante, la magistrada todavía no se ha pronunciado sobre si mantiene abierta esta causa.