La investigación por las grabaciones a Fernández Díaz deriva en caos en la cúpula de Interior
La cúpula del Ministerio del Interior y de la Policía estuvo enviando señales confusas durante toda la jornada del viernes, la tercera desde que publico.es comenzó a ofrecer las grabaciones del ministro, Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso. Por la mañana, una treintena de altos mandos de la Policía recibieron en su correo electrónico un oficio por el que se les informaba de que el subdirector de Recursos Humanos, Antonio Rodríguez, estaría al frente de la Dirección Adjunta Operativa, de forma indefinida y eventual. Es justo lo contrario de lo que había decidido Jorge Fernández Díaz cuando convocó el concurso de la plaza hace 18 días.
Con la convocatoria a dos semanas de las elecciones, Fernández Díaz se aseguraba marcar el relevo en la cúpula de la Policía, fundamental si se atiende a los secretos que guarda la Dirección Adjunta Operativa. La opción que ofrecía la Ley -natural ante una inminente cita electoral- era que el subdirector de Recursos Humanos ocupara el cargo en funciones hasta la formación de Gobierno y que el nuevo inquilino de La Moncloa decidiera entonces. Pero el ministro vio la oportunidad de atar el relevo del hombre clave en toda la estrategia policial contra la oposición, Eugenio Pino, quien se jubiló el jueves, 23 de junio. El comisario José Luis Olivera era el elegido por Fernández Díaz.
El concurso está siendo una formalidad porque la plaza es de libre designación. La decisión de que Olivera asumiera la Dirección Adjunta Operativa estaba tomada y su nombramiento iba a aparecer en el Boletín Oficial del Estado del miércoles, día 22. Pero la bomba informativa del martes por la tarde, con la primera entrega de la conspiración del ministro del Interior contra el proceso en Cataluña, detuvo la operación. Olivera está señalado como uno de los comisarios que han participado en esas maniobras.
Subdirectores generales, comisarios generales, jefes de división y jefes superiores son los destinatarios de un oficio que llegó este viernes por la mañana a su correo corporativo: “Al haber quedado vacante el puesto de Director Adjunto Operativo se comunica que, con carácter provisional y hasta tanto se cubra dicho puesto de trabajo, ejercerá las funciones propias de la Dirección Adjunta Operativa, el señor Subdirector General de Recursos Humanos, Comisario Principal D. Antonio Rodríguez Martín”.
En lugar de publicar el nombre del nuevo DAO se comunica que habrá uno en funciones. Hasta nueva orden. Desde el Ministerio del Interior se había lanzado que la premura para designar nuevo DAO respondía a la inminencia de la jornada electoral y a la permanente amenaza yihadista. Todo eso quedó relegado en la mañana del viernes. Entre algunos de los receptores del mensaje causó extrañeza el modo en el que se comunicó la decisión. El remitente es el secretario general de la DAO, José María García González, quien ni siquiera menciona seguir órdenes del director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
Una de las opciones de Interior es aguantar hasta después de la jornada electoral y seguir adelante con el nombramiento de Olivera, uno de los dos comisarios que intentó convencer sin éxito a los fiscales Anticorrupción de Cataluña de que había que registrar la sede de CDC a dos semanas de las elecciones autonómicas de 2012. O desistir y esperar a que el ministro del Interior del próximo gobierno decida.
Una visita policial
Mientras, la investigación interna ordenada por Fernández Díaz para descubrir quién o quiénes están detrás de la grabación y su difusión adquirió tintes de sainete. Los investigadores, de la Comisaría General de Policía Judicial, telefonearon a publico.es por la mañana para anunciarles que se personarían a las 16:30 horas en busca de los archivos informáticos que contienen las grabaciones. Y así lo hicieron. Al tratarse de una investigación interna, no está judicializada, aspecto que los responsables del medio de comunicación esgrimieron para negarse a entregar los audios. Los agentes se fueron por donde habían llegado.
Por la mañana, el máximo responsable de las pesquisas, el comisario Santiago Sánchez Aparicio, se dejaba ver por el cuartel general Canillas en compañía de uno de los sospechosos, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a quien De Santos señala en los audios como su principal contacto en Interior, según testigos presenciales. Fuentes Gago lleva meses destinado en la Embajada en La Haya con un sueldo de 10.000 euros mensuales, una cifra casi idéntica a la que percibe su mujer, también policía e igualmente destinada en esa ciudad, a la que llegó unos meses antes. El máximo representante de Interior en Países Bajos permanece en Madrid mientras se alarga la crisis en Interior.
La paradoja de la investigación radica en que el comisario general de Policía Judicial, Sánchez Aparicio, ha emprendido una investigación que señala a sus máximos colaboradores en las oscuras maniobras de Interior. Comisario muy próximo al PP, el máximo responsable de la Policía Judicial es el cuarto que ocupa ese puesto desde que Fernández Díaz ocupa la cartera. De él depende, entre otras, la UDEF. Y precisamente por el manejo de esa unidad, concretamente por no detener las investigaciones a miembros del PP, cayó su antecesor.
Entre tanto, el Cuerpo es un hervidero de rumores y pocas certezas sobre la autoría y difusión de las grabaciones. En todos los comentarios, dos nombres: el del exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y el comisario José Manuel Villarejo, quienes mantienen un duro enfrentamiento. Ambos formaron parte de la estrategia de Interior para atacar a la oposición política, marco en el que se produce la conversación grabada entre Fernández Díaz y el director de Antifrau.
El próximo lunes, Villarejo declara ante un juez de Madrid como consecuencia de las conclusiones de Martín Blas y su equipo sobre la presunta autoría de otra grabación, la que recoge al propio exjefe de Asuntos Internos, otros agentes y dos miembros del CNI hablando en su despacho sobre la investigación al Pequeño Nicolás. Esa misma mañana está citado en los juzgados el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, que comparece en la misma causa como testigo.
