Los investigadores del caso Pokemon, un caso de corrupción que afecta a contratas municipales en Galicia, vinculan al portavoz del PP en el Senado con el cobro de sobornos de la empresa Vendex. El Servicio de Vigilancia Aduanera señala que José Manuel Barreiro cobró preguntamente 5.000 euros en mayo de 2011 de esa compañía para que el partido redujera su oposición a la contrata de los parquímetros en Lugo.
El informe de Vigilancia Aduanera, que depende de la Agencia Tributaria, apunta a que el también presidente del PP de Lugo cobró el 20 de mayo de 2011 -poco antes de las elecciones municipales- 5.000 euros de la empresa Vendex. Los investigadores consideran que ese pago buscaba reducir la oposición del PP a la adjudicación del servicio de ORA a esa firma, según La Voz de Galicia.
Ese mismo medio apunta a que los investigadores plantean a la jueza del caso Pokemon la imputación de José Manuel Barreiro, que al ser senador goza de aforamiento, por lo que la jueza Pilar de Lara debería inhibirse en favor del Tribunal Supremo.
Sin influencia en la decisión desde la oposición
José Manuel Barreiro ha reconocido que el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, fue a verle “en alguna ocasión” para expresarle quejas pero ha negado “rotundamente” haber cobrado “ninguna cantidad” de las empresas de la trama corrupta. “Es falso que esa empresa o cualquier otra me haya dado ningún tipo de cantidad”, ha expresado Barreiro en Los Desayunos de TVE.
El portavoz del PP en el Senado, que se queja de “indefensión” y ha anunciado acciones legales contra quienes “manchen” su honor, ha intentado restar veracidad a la explicación de los investigadores sobre el presunto soborno al señalar que él, como concejal, no podía “influir en la decisión sobre la concesión desde la oposición”.
Barreiro ha expresado que ese soborno es “consecuencia supuestamente” de un intento de Vendex para que el PP “bajara la crítica sobre esa concesión”. El dirigente popular ha asegurado que “la postura del PP ha sido siempre la misma”. “No ha habido ningún tipo de cambio de actitud”, ha sentenciado.
La instrucción del caso Pokemon lleva ya más de un centenar de imputados de PP, PSOE y BNG. Un auto emitido por la jueza del juzgado número 1 de Lugo apunta a la posible financiación irregular de esos tres partidos y les ha requerido los ejercicios contables correspondientes a las elecciones municipales de 2011, así como la información remitida al Tribunal de Cuentas de los meses de mayo y junio de ese año, según El País.
La jueza ha solicitado también las cuentas de esos tres partidos en A Coruña, Lugo, Ourense, Ferrol, Santiago, Ribeira y Boqueixón, y también a Terra Galega en Arteixo, así como las contratas municipales de varios ayuntamientos gallegos.