El juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, que investiga el presunto sobrecoste del edificio de Economía conocido como Perla Negra y de los terrenos para un polígono industrial en la provincia, ha accedido a la petición de la Policía Judicial para recabar información sobre la “salida invisible” de 2.113.000 euros de la cuenta de la promotora del inmueble, Urban Proyecta PM3 con dirección a Bélgica en el año 2006.
La documentación que prueba el tráfico de divisas la aportó la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Lo que señala Hacienda con el término de “salida invisible” es que se trata de una salida de dinero que no está en los apuntes contables de la empresa, es decir, que no corresponde a la prestación de un bien o servicio. Además, indica que el dinero se envió mediante esa transacción bancaria a Bruselas.
La fecha en que Urban Proyecta PM3 realiza esa transferencia, el 21 de agosto de 2006, es la misma en la que la promotora pasa a ser administradora junto a uno de sus socios, Germán Martín Giraldo, de una sociedad belga, Co-Louis, propiedad hasta esa fecha de varios ciudadanos belgas.
Con esa sociedad instrumental, la Junta de Castilla y León firmó meses después un contrato de arrendamiento del edificio de Bruselas donde estableció su sede europea. El contrato establecía un alquiler mensual de 13.920 euros a lo largo de 15 años con una cláusula que obligaba al gobierno regional a seguir pagando si rescindía el contrato antes de que transcurriesen esos cinco lustros. El contrato se mantuvo sólo durante seis años, hasta el 31 de diciembre de 2012, debido a la recomendación del Ministerio de Asuntos Exteriores de utilizar oficinas diplomáticas para reducir gastos.
Esta documentación, que prueba la relación entre la Junta de Castilla y León y de Urban Proyecta a través de la sociedad instrumental que camuflaba la identidad de esta última como arrendataria, la obtuvo el PSOE, acusación popular en el caso Perla Negra, a través de la mesa de las Cortes y se ha intentado aportar al sumario.
Sin embargo, a pesar de que el 22 de febrero el juez ordenaba averiguar a qué cuenta belga se transfieren los 2,1 millones, en la misma fecha rechazó la documentación aportada por el PSOE y sus requerimientos de instar al BBVA a que facilitase los movimientos de la cuenta correspondiente a la Fundación ADE Europa (de la Junta) desde el 1 de diciembre de 2006 hasta la actualidad, por ser esta cuenta la que debía hacer los pagos a Co-Louis. También solicitaba que la Junta de Castilla y León aportase los justificantes de los pagos del alquiler realizados a la mercantil belga y que esta aportase a su vez la documentación que demostrase los abonos.
A pesar de los vínculos evidentes entre la “salida invisible” detectada por Hacienda y la documentación aportada y las diligencias complementarias requeridas por el PSOE, el juez despacha la cuestión con un “no ha lugar a lo interesado” porque “con independencia de los hechos que se esgrimen puedan tener relación con la Consejería de Economía y Empleo y con algunas de las personas o entidades objeto de investigación de esta causa, se trata de hechos totalmente distintos que no son objetos de esta investigación”.