La propuesta de Pedro Sánchez de limitar los aforamientos de los políticos anticipa una nueva complicación para el Gobierno y el Grupo Socialista. La mayoría de partidos piden que la iniciativa vaya más allá de quitar el aforamiento a los parlamentarios y miembros del Gobierno en el ejercicio de sus responsabilidades. La inviolabilidad del rey, el conflicto territorial y la posición del PP echan por tierra de momento el plan del presidente de sacar adelante su propuesta en 60 días.
El PSOE da ya por seguro que el Anteproyecto para la reforma exprés de la Constitución que este lunes anunció Sánchez irá al Consejo de Ministras este mismo viernes, según ha anticipado Adriana Lastra. No obstante, en el propio Gobierno aún hay dudas de la fórmula jurídica que se empleará para llevarla a cabo. En Justicia admiten que son los técnicos los que tendrán que definir exactamente cómo se articula la modificación para que los políticos sigan aforados en lo relativo al “ejercicio de su cargo”, ya que los delitos de corrupción se producen precisamente en el desarrollo de las funciones públicas.
Además, la mayoría de grupos advierten a Sánchez de que “abrir el melón” de la reforma constitucional le lleva a abordar otros temas. Unidos Podemos, que forzará en cualquier caso la celebración de un referéndum, asegura que habrá que poner “encima de la mesa los grandes temas”, como las pensiones, el pacto territorial, la sanidad o la educación. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, le ha recordado que los nacionalistas vascos plantearon el derecho a decidir en la reforma exprés de 2011 impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero para introducir la estabilidad a la que obligaba Bruselas en la Constitución.
Los independentistas catalanes han afeado a Sánchez que se preocupe más por la política “efectista” que “efectiva” y Carles Campuzano ha advertido que “el conjunto de fuerzas políticas van a plantear otras cuestiones”. La posibilidad de un referéndum pactado para la independencia de Catalunya estará, por tanto, sobre la mesa cuando la propuesta de modificación de la Carta Magna llegue al Congreso.
También lo estará la inviolabilidad del rey, tal y como han planteado PNV y Unidos Podemos. Eliminar ese precepto constitucional obliga a modificar el artículo 56 de la Constitución, recogido en el Título II. Cualquier cambio que afecte a esa parte supone una reforma agravada, que conlleva la disolución de las Cortes, la celebración de unas nuevas elecciones y la convocatoria de un referéndum. Lo mismo sucede con la modificación de los apartados que influyan al modelo territorial.
El PSOE limita la reforma a los aforamientos
Sánchez está convencido de que sus aliados no quieren elecciones y les presiona con pulsar el botón de disolución de las Cortes para lograr su apoyo; pero es la primera vez que una propuesta concreta de sus socios abre la puerta a la necesidad de convocar elecciones.
El PSOE no está dispuesto a ampliar la reforma de la Constitución más allá de su propuesta de limitar el aforamiento a los políticos. “Hablamos de reformar estos dos artículos, que es una reforma simple. Otros grupos están hablando de una reforma agravada”, ha expresado la portavoz Adriana Lastra, que ha asegurado que “no ha escuchado a ninguna formación” en contra de la limitación de los aforamientos que hizo Sánchez este lunes, aunque sí “matizaciones” y “queremos ir más allá”.
Por su parte, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado que “privilegiar al representante político en su vida privada” es “difícilmente predicable en un Estado que se llame realmente de derecho”. Así, ha defendido la retirada del aforamiento, aunque ha agregado que “otra cuestión es la actividad estrictamente profesional, donde ya las consideraciones son distintas”.
El test en el que los grupos fijarán sus posiciones se producirá en la tarde de este martes a raíz de una moción de Ciudadanos en la que pide exactamente lo que Sánchez planteó este lunes: suprimir los aforamientos de cargos políticos. Además, solicita que se inste a las comunidades autónomas a hacer lo mismo.
Ciudadanos tiene en su mano aceptar las enmiendas que han presentado los distintos grupos. PNV plantea que se eliminen todos los aforamientos “sin excepción” así como la “inviolabilidad” del jefe del Estado. PDeCAT quiere suprimir la parte que obliga a las comunidades y el PSOE ha matizado el texto para que se invite a las regiones a hacerlo y para que se inste al Gobierno a presentar una propuesta en ese sentido.
El PP propone ampliar la retirada de los aforamientos a los parlamentos autonómicos a través de reformas estatutarias así como solicitar los oportunos estudios para que se eliminen “todos” los aforamientos, entre los que están incluidos los miembros de la carrera judicial.
El grupo que lidera Pablo Casado es, además, imprescindible para cualquier modificación de la Carta Magna. Sus votos son fundamentales tanto en el Congreso como en el Senado. Sin el PP no es viable ninguna reforma constitucional.
El grupo de Albert Rivera tiene que aceptar o no esas enmiendas y de lo que decida Ciudadanos saldrá el texto que se vote definitivamente este jueves. En cualquier caso, esta primera votación servirá para que los grupos se retraten y un aviso para el presidente de que los grupos que le apoyaron en la moción de censura quieren ir un paso más allá en la reforma de la Carta Magna.