Irene Montero levanta la cabeza en el Consejo de Ministros año y medio después de llegar al Gobierno

“Esta ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans reconoce la libre determinación de la identidad de género”. La frase, pronunciada por Irene Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, pone fin a una de las luchas más encarnizadas que se han vivido en el seno del Gobierno de coalición desde su formación, en enero de 2020. Contra todo pronóstico, no sin sufrir duras consecuencias políticas y personales, la dirigente de Podemos se ha impuesto a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para que la llamada ley trans, rebautizada como ley Montero por la derecha en la última semana, reconozca la autodeterminación del género.

Año y medio después de su llegada al Gobierno, Montero logra sacar la cabeza e imponerse allí donde el PSOE reinaba en solitario desde hace décadas: las políticas de igualdad y los derechos del colectivo LGTBI. Y se prepara para una intensa segunda mitad de legislatura, en la que su ministerio tiene previsto desplegar una importante agenda legislativa, que emana directamente del acuerdo de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a finales de 2019. 

El próximo martes 6 de julio el Consejo de Ministros aprobará en segunda vuelta, y mandará al Congreso, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del solo sí es sí, que hará norma el grito “¡no es abuso, es violación!” que retumbó en toda España tras la primera sentencia de la manada. Otro hito en el intenso enfrentamiento entre Calvo y Montero. Y otro triunfo de la dirigente de Podemos para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de gobierno.

Tras el parón de agosto se pondrá en marcha la tramitación de otras dos normas. Por un lado, la reforma de la ley del aborto para devolver a las mujeres de 16 y 17 años el derecho a elegir solas la interrupción voluntaria del embarazo que les arrebató el PP. Su impulsora no será directamente Montero, sino el Instituto de las Mujeres, que depende de Igualdad y dirige Toni Morillas, con el objetivo de hacer un proceso participativo, según explican desde el ministerio.

La ley de lucha contra la trata de mujeres, en la que tendrá mucho que decir el Ministerio del Interior, completará el paquete legislativo de Montero, que sería mayor si se hubiera cumplido escrupulosamente el acuerdo de gobierno y no se hubieran fusionado en una las leyes trans y LGTBI o el PSOE registrado por la vía parlamentaria y de forma unilateral, ante la falta de acuerdo entre los socios, la de Igualdad de Trato. 

Pero la satisfacción que se intuía debajo de la mascarilla de Irene Montero el pasado miércoles en el patio del Congreso contrasta con el ambiente que se ha vivido en los últimos meses a unos centenares de metros de distancia, en la sede del Ministerio de Igualdad en la madrileña calle de Alcalá. Pese a los intentos de “humillaciones” de las últimas semanas que relatan en Igualdad, cuando el anteproyecto ya estaba listo y contaba con el visto bueno de Justicia e Igualdad, pero Calvo intentó de nuevo coger el mando de las negociaciones, siempre según esas fuentes. De hecho, fue la Vicepresidencia Primera quien formalmente llevó el martes la norma al Consejo, a pesar que desde el inicio de las negociaciones incluso desde la parte socialista del Gobierno reconocían que eran Igualdad y Justicia los ministerios proponentes. De hecho, en las referencias de Moncloa el anteproyecto figura atribuido al departamento de Calvo. Un detalle revelador, pero que no ha trascendido.

Como recuerdan colaboradoras de Montero, el pasado invierno, incluso, se barruntaban que si la cuerda seguía tensándose se acabaría rompiendo. Y ellas, fuera del Gobierno. En aquellas semanas de enero y febrero, coincidiendo con la ruptura del acuerdo para tramitar las leyes de forma conjunta, el PSOE confirmó su viraje en el asunto de la autodeterminación y Calvo, como coordinadora del Ejecutivo, frenó la llegada del anteproyecto al Consejo de Ministros al considerar que solo recogía las tesis de Unidas Podemos y que no estaba pactado con la parte socialista del gabinete. En Igualdad lo tenían claro: la autodeterminación era una línea roja.

Fue el momento más tenso de las negociaciones entre Vicepresidencia primera e Igualdad. Pero la pugna Calvo-Montero se remonta un par de años atrás, a las fallidas negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos del verano de 2019. Ya entonces la cartera fue objeto de disputa entre ambos partidos. Y es que el resurgir del feminismo a nivel mundial en los últimos años, con una gran presencia de mujeres jóvenes y que en España estalló con la huelga de 2018 y las manifestaciones de apoyo a la víctima de la manada, ha movido las estructuras sociales del movimiento, descolocado a algunos de sus referentes, que han iniciado una respuesta sin precedentes contra la ministra de Igualdad, y abierto las puertas a otro tipo de reivindicaciones o de colectivos que hasta ahora no estaban o, en el mejor de los casos, ocupaban lugares secundarios.

Es lo que Irene Montero y muchas otras llaman el “feminismo de todas”, que no se conforma con “romper los techos de cristal” sino que quiere acabar con “los suelos pegajosos”: la precariedad laboral y social que condena a las mujeres a peores trabajos, con salarios inferiores y poca o ninguna estabilidad. “El feminismo no es solo representación, sino también redistribución de la riqueza”, dijo en una entrevista con elDiario.es al poco de asumir la cartera de Igualdad. 

De ello volvió a hablar este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno. Una comparecencia en la que no mencionó a Carmen Calvo, pero en la que sí agradeció, y mucho, la labor del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, coproponente de la norma y a quien en Igualdad señalan como uno de los artífices del desencallamiento del texto. El equipo de Montero apunta a que el trabajo fue mucho más fluido cuando Vicepresidencia primera dio un paso atrás y el departamento de Campo asumió las negociaciones, centrándose en el nivel técnico, pero reconociendo la necesidad de que el texto final recogiera la libre determinación del género. Una directriz que salió de Moncloa tras varias conversaciones de Pedro Sánchez tanto con Montero como con la vicepresidenta tercera y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz. Entre los colaboradores de Sánchez no había muchas dudas de que desde el socio minoritario no iba a ceder en este aspecto y de que el debate social estaba perdido. La inminencia del Orgullo y el enfado de los colectivos con el PSOE, cada vez más evidente, hicieron el resto.

Igualdad también tuvo que ceder en aspectos que consideraban necesarios y que sí estaban en los primeros borradores, como los referidos a las personas no binarias o las migrantes que no tienen reconocidos sus derechos en sus países de origen. Y la fusión de la ley trans con la LGTBI, pese a regular elementos diferentes. De hecho, buena parte de los contenidos de esta última norma han pasado desapercibidos, como la prohibición de las terapias de conversión, la filiación de los hijos comunes a parejas de mujeres no casadas o la reproducción asistida a colectivos LGTBI.

Esa nueva oleada del feminismo es utilizada desde Unidas Podemos como una palanca para reactivar la actividad legislativa, un “nuevo momentum” en el desarrollo de políticas de igualdad, tres lustros después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero diera un paso de gigante con leyes como la de la violencia de género, la de igualdad entre hombres y mujeres, el matrimonio igualitario, la ampliación del derecho al aborto o la primera norma que recogía la capacidad de corregir ante el Registro Civil el género asignado al nacer, y que data de 2007. 

En Igualdad ven un cierto paralelismo entre lo que le ha ocurrido en los últimos meses a Montero con lo que tuvieron que sufrir algunas ministras y dirigentes socialistas de aquella época, con Bibiana Aído o Leire Pajín como principales dianas de unos ataques de la derecha o la ultraderecha de los que tampoco se libró la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

El continuo cuestionamiento de sus capacidades, políticas e intelectuales; las referencias a su cuerpo, ya sea para insultar o para acosar; las insinuaciones sobre la forma en la que ha conseguido el cargo; las acusaciones sobre la supuesta inutilidad de su trabajo; o el escudriñamiento y ensañamiento con personal de segundo y tercer nivel. Todo eso lo sufrieron las mujeres socialistas que abanderaron las políticas de igualdad de la primera década del siglo, y se vuelve a repetir en la actualidad con Montero y su equipo. Zapatero ha respaldado en el último año y medio en varias ocasiones a Montero, con presencia pública y apoyo expreso en varios momentos.

El expresidente vio en su día cómo sus hijas eran objeto de escarnio público y cómo fueron utilizadas para atacarle políticamente. Lo de Montero y su pareja, el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ido más allá. Sufrieron durante meses un continuo acoso en la puerta de su casa del que han sido víctimas directas sus tres hijos, y que ha terminado en los tribunales. Hasta un trabajador de OkDiario está pendiente de juicio precisamente por atosigar a los menores, que contaban entonces con meses de vida, y a la persona que les cuidaba.

A Irene Montero sus rivales la han dado por acabada unas cuantas veces. El impulso que dio Pablo Iglesias tras dimitir a Yolanda Díaz y a Ione Belarra descolocó a muchos que habían teorizado, y escrito, que la sucesora iba a ser ella. La ministra de Igualdad es consciente, como lo fue Iglesias en su marcha, de lo tocada que está su imagen. Y de que recuperarla es imposible, o casi. Siempre aparece como una de las ministras peor valoradas en los sondeos del CIS, y sus posibilidades de liderar el espacio de Unidas Podemos, si alguna vez lo tuvo en mente, son hoy por hoy casi nulas.

En la reciente IV Asamblea Ciudadana de Podemos, celebrada este mes de junio, ha sido la número dos de su amiga Ione Belarra, quien ha asumido un mando real del partido y a cuyo servicio se ha colocado la titular de Igualdad. El pasado miércoles, dos decenas de periodistas asediaban a preguntas a la secretaria general en el patio del Congreso. A escasos metros, Montero departía relajadamente con un par de informadores. Pese a sus problemas de popularidad, y a los momentos difíciles que ha pasado, en las primarias internas del partido recibió el respaldo de los más de 50.000 militantes que participaron: fue la candidata al Consejo Ciudadano más votada.

Montero no tiene decidido qué hará en 2023. Tanto ella como su equipo están centradas en la agenda legislativa, toda vez que parece que el mandato del Gobierno culminará cuando toca y que, de momento, el presidente ha alejado una crisis en el Ejecutivo que, en cualquier caso, si afectara a ministros de Unidas Podemos obligaría a renegociar toda la estructura, las competencias y el presupuesto de cada departamento según recoge el acuerdo firmado por ambos partidos. Su intención es avanzar lo máximo posible ante una cierta sensación de que su presencia en el Consejo de Ministros es casi una anomalía con fecha de caducidad. Además de sus propias leyes, en Igualdad piensan, por ejemplo, en la renovación del Plan Corresponsables o en abordar en los próximos Presupuestos la llamada “tasa morada”, la fiscalidad que pagan productos de higiene femeninos (habitualmente conocida como “tasa rosa”), a los que se suman ahora los bienes indispensables para los cuidados, como los pañales tanto para bebés como para personas mayores.

Ese fue uno de los motivos por los que no fue la ministra de Igualdad sino Pablo Iglesias quien se postuló como candidato a las elecciones en Madrid, tras descartarse la opción de Alberto Garzón. Aunque ella se prestó a encabezar la lista de Unidas Podemos el momento político era muy inoportuno y podría haber sido juzgado como una huida con el trabajo no ya a medias, sino casi sin empezar.

Un par de meses después, la situación parece haberse dado la vuelta. El triunfo con la ley trans y la del solo sí es sí ha insuflado mucho optimismo a un equipo que ha culminado su mejor momento de la legislatura en la manifestación del Orgullo 2021 de este sábado. Unidas Podemos ha acudido con su propio cortejo a la marcha. En él, Irene Montero, quien ya pidiera perdón al colectivo desde la tribuna del Congreso por el retraso de la norma, Yolanda Díaz, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Aunque con una asistencia limitada por el coronavirus, sin las habituales carrozas, miles de personas han desfilado tras el lema general del evento: “Los derechos no se negocian, se legislan: ¡por una Ley Integral Trans ya!”. Algo que está mucho más cerca de ser una realidad. Un espaldarazo para Díaz, quien sube en las encuestas desde que ha asumido el liderazgo del espacio político. Y un acto de desagravio para Irene Montero, a quien al regreso de las vacaciones le espera de nuevo el campo de batalla. Porque la política nunca termina.