Irene Montero, la activista convertida en política que hizo huelga el 8M y será ministra de Igualdad
Irene Montero, hasta ahora portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem- En Marea, será la ministra de Igualdad del Gobierno de coalición. “La lucha es por la vida, y vamos a ganar”. Este lema es, según confesaba ella misma en la Asamblea de Vistalegre de 2014, la lección “más importante” que había aprendido en el movimiento de la vivienda, de un compañero dominicano. Y es que Irene Montero (Madrid, 1988), psicóloga de formación, llegó a Podemos en 2014 desde el activismo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Madrid. Y presentó en aquella asamblea fundacional una resolución, junto con Carlos Huerga y Rafa Mayoral –hoy responsable de Movimientos Sociales de Podemos, y diputado por Madrid– sobre vivienda.
Militante durante unos años de la 'juve', como la llaman los que militaron en la juventud comunista, desde que Irene Montero se convirtió en diputada tras el 20D de 2015 y dejó la jefatura del gabinete de Pablo Iglesias, desempeñó el cargo de portavoz adjunta –y posteriormente portavoz tras el relevo de Íñigo Errejón en 2016–, y se rodeó de mujeres en su equipo de colaboradoras. Ahora algunas de ellas le seguirán en el Ministerio.
Precisamente, Montero ha sido una de las políticas que más comentarios machistas ha recibido en los últimos años. Para la vuelta de su primer permiso por maternidad, en enero de 2019, la ahora ministra de Igualdad quiso rodearse de mujeres en un acto con claro acento feminista y con los cuidados como protagonistas: “La vida, en el centro”, tenía como título. Apeló entonces a la movilización de las mujeres y al feminismo con mensajes que repitió durante las distintas campañas electorales. “La revolución de las mujeres es la fuerza más poderosa para hacer frente a los reaccionarios y construir el nuevo país que viene”, pronunciaba justo hace un año.
Montero también participó activamente en las huelgas del 8M de 2018 y 2019 junto a sus compañeras de partido, que calificó como un “hito” y un “ejemplo democrático”. “Yo no recuerdo una movilización así desde el 15M”, decía el 9 de marzo de 2018, un día después de una jornada histórica de movilización. Las huelgas feministas, ha dicho en los últimos años, fueron una “toma de conciencia” pero hay que “legislar” para alcanzar la igualdad efectiva.
Irene Montero pilotará un ministerio que tendrá necesariamente que dialogar con otros: el documento programático que firmaron el PSOE y Unidas Podemos contiene un apartado de políticas feministas en el que la igualdad laboral y salarial es una de las piezas clave. Las propuestas para combatir la discriminación laboral y la brecha de salarios, pero también las que tienen que ver con conciliación, tendrán mucho que ver con la política que lleve a cabo su compañera Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo.
Esta no es la única política feminista que requerirá del diálogo y el trabajo de varios departamentos. La acción contra las agencias intermediarias de vientres de alquiler (una práctica prohibida en España contra la que Montero se ha pronunciado explícitamente) o la orden que actualmente permite inscribir a niños nacidos de este modo en el extranjero está ligada a la actividad del Ministerio de Justicia. La lucha contra la tasa rosa o la exención del IVA en los productos de higiene femenina, que también aparecen en el programa, será asunto también del Ministerio de Hacienda.
El ministerio de Montero tendrá la competencia sobre un asunto clave: la violencia machista. El Pacto de Estado contra la violencia de género tiene aún la mayor parte de sus medidas por desarrollar, entre ellas, ampliar el concepto de violencia más allá de la pareja y expareja, o suspender el régimen de visitas a menores cuando el padres cumpla condena o tenga sobre él medidas cautelares. El cambio de los delitos sexuales en el Código Penal para consagrar el 'solo sí es sí' es otra de las medidas sobre la mesa.
El derecho al aborto y el acceso a la anticoncepción también estará en la agenda del Ministerio de Irene Montero. Aunque el PSOE y Unidas Podemos hablan de garantizar el aborto en los términos previstos en la ley de 2010, no han especificado si recuperarán el derecho de las menores de 16 y 17 años a hacerlo sin consentimiento paterno. Sí han incluido entre sus medidas actuar contra el acoso que sufren muchas clínicas que practican interrupciones voluntarias del embarazo.
La ley contra la trata con fines de explotación sexual será otro de sus objetivos. Aunque el programa suscrito por ambos partidos no mencionaba la prostitución, sí lo hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura: tras referirse a la ley contra la trata habló de “erradicar” la prostitución, pero sin mencionar medidas concretas, como la penalización de los clientes.
No es el único asunto controvertido dentro del feminismo que le tocará abordar a Montero en su ministerio. Ambos partidos anunciaron una Ley de Igualdad de Trato, otra contra la Discriminación, y una Ley Trans. Esta última es actualmente objeto de debate en el feminismo. Aunque estas políticas no estaban dentro del apartado de políticas feministas del acuerdo de Gobierno, es el ministerio de Igualdad el que, al menos hasta ahora, tenía una Dirección General de Igualdad de Trato y Diversidad con este tipo de competencias. Habrá que esperar a conocer la estructura detallada del Ministerio para tener más pistas de cómo puede discurrir la legislatura en políticas de igualdad.
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