Isabel Perelló se ha convertido este martes en la primera mujer en presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo en los más de 200 años de historia que acumulan ambas instituciones. De perfil progresista, con casi cuatro décadas de ejercicio en los tribunales y considerada como cercana a su antigua compañera Margarita Robles, Perelló se pone al frente de un órgano de gobierno de los jueces recién salido de un lustro de bloqueo que ha arrastrado su prestigio y con la tarea de renovar un centenar de jueces de la cúpula de la magistratura española. En su currículum reciente destaca, entre otras decisiones, la sentencia que abrió la puerta a la anulación de la venta de 3.000 viviendas públicas a fondos buitre en la Comunidad de Madrid.
El nombre de Perelló no es uno de los que más ha sonado en la última década en una Sala, la de lo Contencioso-Administrativo, ya de por sí poco amiga de los focos en el Tribunal Supremo. Entró en la judicatura antes de cumplir los 30 años y pasó por Baleares, Cataluña y Andalucía antes de dar el salto a los tribunales centrales: primero a la Audiencia Nacional y después, como letrada, al Tribunal Constitucional durante una década antes de llegar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en 2009.
Tardó pocos años en entrar en la órbita de la asociación judicial progresista, Juezas y Jueces para la Democracia, de cuyas comisiones ya formaba parte a mediados de la década de los años noventa junto con togados que, años después, fueron sus compañeros en el Tribunal Supremo. Llegó al alto tribunal en el primer trimestre de 2009 con 14 votos de los 21 posibles durante el mandato de Carlos Dívar: los vocales destacaron ese día su trayectoria jurídica y como letrada del Constitucional pero también su “calidad científica” por encima de sus rivales.
Dos meses después de entrar por la puerta del Supremo, Perelló se encontró con un bautismo de fuego: la anulación de la candidatura Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos del dramaturgo Alfonso Sastre. La magistrada formó parte de las deliberaciones de la conocida como 'sala del 61' al ser una de las últimas incorporaciones al tribunal y el resultado, unánime sobre el papel, fue un auto que anuló la candidatura al considerar que era heredera de la ilegalizada Batasuna.
El auto no tuvo votos particulares pero la decisión no fue unánime: 11 magistrados votaron a favor de anular la candidatura y cinco en contra. Perelló fue una de las que se posicionó en contra de la anulación. El tiempo dio la razón a la hoy presidenta del Supremo: poco después el Constitucional rehabilitó la lista al entender que no había pruebas que vincularan a Sastre con Batasuna.
Distintas fuentes del Tribunal Supremo elaboran en torno a Perelló el tradicional perfil que surge cuando los jueces hablan de sus compañeros y cuando ya han sido nombrados casi por unanimidad para un puesto de responsabilidad: alejada de las estridencias, amiga de los consensos y de un alto perfil técnico, algo que ya sopesó el Consejo para su nombramiento como magistrada del alto tribunal hace 15 años.
Considerada muy cercana a Margarita Robles –hoy ministra de Defensa pero compañera de Perelló tanto en el Tribunal Supremo como previamente en la Audiencia Nacional– y descendiente de represaliados por la dictadura franquista –su abuelo fue fusilado–, su nombre ha conseguido el consenso entre conservadores y buena parte de los progresistas del Poder Judicial recién renovado. Después de cuatro negociaciones infructuosas en las que candidatos como Pilar Teso, Pablo Lucas o Ana Ferrer no han conseguido los votos necesarios, Perelló se ha convertido en la primera mujer en presidir el órgano de gobierno de los jueces.
Perelló y las 3.000 viviendas del IVIMA
Isabel Perelló lleva 15 años ejerciendo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, periodo de tiempo en el que ha sido ponente de más de 1.200 sentencias. Alejada tradicionalmente de las secciones que han analizado por sistema los asuntos más mediáticos de la sala, como por ejemplo la exhumación de Franco, Perelló ha sido autora de algunas resoluciones que han proyectado sus efectos sobre miles de personas.
Una de ellas es la sentencia que en 2017 abrió la puerta a que los tribunales anulasen la venta de casi 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre por parte de la Comunidad de Madrid. Esa sentencia, de la que fue ponente Perelló, explicó que los inquilinos de esas casas sí tenían legitimación para impugnar la enajenación de sus casas a Azora-Goldman Sachs por parte del gobierno madrileño al afectar a su grado de “protección social”. Una habilitación, hasta entonces negada por los tribunales, que abrió la puerta a los recursos que terminaron por anular toda la operación.
Ese año Perelló también fue ponente de una sentencia que confirmó una sanción de tres millones de euros al BBVA por la gestión irregular de más de 224 millones de euros en estructuras offshore. Posteriormente también redactó una resolución que obligó a Radio Televisión Española a hacer público el sueldo de sus directivos. Hace un año fue la ponente de la resolución que rechazó la pretensión del PSOE de proceder al recuento de 30.000 votos en las últimas elecciones generales.
La nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial también participó en el pleno de 2018 en el que la sala tercera estableció que el conocido como impuesto hipotecario debía ser pagado por los clientes y no por los bancos, como se había sentenciado en un primer momento. Perelló se postuló en contra de la mayoría y firmó un voto particular, junto con el hoy candidato fallido Pablo Lucas, criticando la decisión de sus compañeros. “Se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Tribunal Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose”, explicó ese voto particular de quien mañana tomará posesión como presidenta del organismo.