Izquierda Unida ha registrado una proposición de ley en el Congreso para anular la Ley de Amnistía de 1977, de manera que se garantice que se puedan juzgar en España los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista y se obligue al Gobierno a apoyar las reclamaciones que formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura.
La formación que lidera Garzón registró esta iniciativa el pasado 25 de octubre, el mismo día en el que Podemos, En Comú, En Marea, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias presentaron otra proposición de ley que persigue el mismo objetivo, pero por otros medios. Estos grupos, en lugar de derogar la Ley de Amnistía apuestan por modificarla, al igual que el Código Penal, para poder sentar en el banquillo a los responsables de los crímenes franquistas.
Entonces desde IU, que forma parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos, explicaron que veían con buenos ojos la proposición de ley de sus compañeros del Congreso, pero que habían optado por impulsar su propio texto al considerar que se podía ir más allá.
De hecho, tras varios años pidiendo directamente su derogación han concretado ahora una propuesta para declarar la nulidad de una norma que fue pactada en 1977 por la Unión de Centro Democrático (UCD), el Partido Comunista de España (PCE), el PSOE y las minorías Catalana y Vasca (CiU y el PNV) y ante la que Alianza Popular se abstuvo.
LA DEFENDIÓ MARCELINO CAMACHO
Durante el debate en el Pleno que tuvo lugar el 14 de octubre de 1977, en nombre del PCE, que ahora forma parte de IU, intervino el secretario general de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, quien defendió la amnistía como “pieza capital” de la “política de reconciliación nacional”.
“¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borráramos ese pasado de una vez para siempre? --se preguntaba Camacho-- Queremos abrir lavía a la paz y a la libertad. Queremos cerrar una etapa; queremos abrir otra. Nosotros, precisamente, los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado nuestros muertos y nuestros rencores”.
Sin embargo, aquella norma que sirvió para dejar en libertad a los presos políticos del franquismo, se ha venido esgrimiendo en los últimos años para frenar en los tribunales las peticiones de investigación, persecución y reparación de las víctimas del régimen, obviando, según IU, que los delitos de lesa humanidad “no prescriben”.
Los jueces que han rechazado investigar estos crímenes se han amparado en que la Ley de Amnistía incluía entre los delitos y faltas que fueron amnistiados los que “pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en la Ley de Amnistía”, y “los delitos cometidos por funcionarios y agentes el orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”.
Según argumenta IU, este precepto “nunca debió ser interpretado como una amnistía respecto a los crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio cometidos por funcionarios públicos”, ya que, de acuerdo con el Derecho Internacional, que forma parte del Derecho interno según la Constitución española, la ley no puede amnistiar los crímenes internacionales o contra la humanidad, dado que estos son inadmisibles e imprescriptibles.
NULIDAD DE LAS SENTENCIAS POLÍTICAS
La iniciativa de IU consta de tres artículos y cuatro disposiciones. En primer lugar declara la nulidad de la Ley de Amnistía “por vulnerar algunos de sus artículos derechos fundamentales del Derecho Internacional en materia de persecución de crímenes de lesa humanidad”. Eso sí, la ley deja claro que esa nulidad no afectará a “los derechos activos y pasivos” reconocidos por la ley que se plantea derogar.
Además, en el segundo artículo declara la “nulidad de pleno derecho” de las sentencias dictadas por tribunales franquistas que supusieron condenas que atentan contra los Derechos Humanos“, así como de todas las consecuencias jurídicas de aquellos fallos.
La iniciativa prevé que la nueva norma entre en vigor seis meses después de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado e incluye una disposición adicional que recalca que, dada la “imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad”, el Gobierno “dará apoyo a las reclamaciones que por este motivo formulen los ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura”.