El Partido Popular y el PSOE están, por una vez, igualados en un presunto caso de corrupción. Izquierda Unida-Equo ha presentado una lista con 25 nombres para que comparezcan en la comisión que investiga el fraude en las cajas de ahorro de Castilla y León. En esta lista, además de los nombres que responden a perfiles técnicos, están una serie de personas vinculadas a los dos partidos mayoritarios en Castilla y León, PSOE y Partido Popular (ocho de cada formación), de los cuales algunos están imputados en la investigación judicial.
El objetivo que persigue IU-Equo con esta nueva lista es aportar datos y testimonios que ayuden a esclarecer lo sucedido. Su portavoz, José Sarrión, tiene un objetivo claro: “definir el grado de responsabilidad de los implicados y posibilitar que la justicia actúe castigando a los presuntos culpables de la trama”.
Así, los políticos del PP citados por IU-Equo, y que deberá aprobar o rechazar la comisión, presidida por Ciudadanos, están encabezados por el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, Fernando Martínez Maíllo, actual número 2 del PP, exmiembro del consejo de administración de Caja España e imputado en el caso, Juan Elicio Fierro Vidal, exmiembro del consejo de administración de Caja España e imputado, Atilano Soto, expresidente de Caja Segovia y expresidente de la Diputación Provincial e imputado tanto en caso prejubilaciones (por aprobarlas) como en el caso Torreón, Juan José Sanz Vitorio exmiembro del consejo de administración de Caja Segovia y procurador de las Cortes, Miguel Ángel de Vicente, exsecretario de Caja Segovia y actual vicepresidente de la Diputación de Segovia, imputado en el caso Torreón y Javier Santamaría, exvocal de Caja Segovia y expresidente de la Diputación de Segovia.
Del PSOE, consideran que deben dar explicaciones Óscar López exportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Begoña Núñez, exmiembro del consejo de administración de Caja España y exconcejal de Palencia e imputada en el en caso Caja España, Francisco Fernández Álvarez, ex miembro del consejo de administración de Caja España, ex alcalde de León e imputado en el caso Caja España, José Francisco Martín Martínez, exmiembro del consejo de administración de Caja España y procurador en las Cortes, Manuel Agudíez, exvicepresidente de Caja Segovia e imputado tanto en caso prejubilaciones (por aprobarlas) como en el caso Torreón, Juan Manuel de la Puente, exvocal de Caja Segovia y Pedro Arahuetes, exvocal de Caja Segovia y exvocal de la caja. Además, requieren la presencia de Francisco Javier Reguera, exvocal de Caja Segovia presidente de la Fundación Caja Segovia, que firmó un acuerdo con Bankia por el que la Fundación Caja Segovia se retiró como acusación particular del Caso Torreón.
Una de las comparecencias solicitadas más llamativas es la del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. “Esperemos que los dos partidos mayoritarios en las Cortes no bloqueen con su mayoría esta investigación ya que son, los que más imputados tienen” argumenta Sarrión “nos parece que ser juez y parte puede desvirtuar esta investigación ya que estos dos partidos pueden verse tentados a cerrar en falso el debate para salir indemnes de la misma”.
Lo cierto es que las comparecencias de investigación que están en marcha en las Cortes de Castilla y León no destacan por su agilidad. La que investiga los sobrecostes millonarios del Hospital de Burgos (HUBU) lleva dos años en marcha y la oposición tiene problemas para acceder a toda la documentación que requiere. La de la Trama Eólica-caso Perla Negra, está paralizada desde que el PSOE pidió, tras retarle el propio Herrera, la comparecencia del presidente.
Desde febrero de 2016 no hay ni un movimiento, no se aprueba el calendario de comparecencias hasta que no se retire el nombre de Herrera. El enconamiento ha llegado a tal punto que los socialistas amenazan con acudir al Tribunal Constitucional ante la “inacción flagrante” de la Comisión Eólica si la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, no la desbloquea con “la mayor brevedad”. Los socialistas acusan al PP de manejar este órgano “en función de sus intereses” y advierte de que el “dúo Herrera-Mañueco” no se convierta en “trío” con Clemente. Por el momento han pedido amparo a la presidenta de las Cortes, paso previo para acudir al Constitucional. No sería la primera vez que ocurre: el PSC lo hizo por las leyes de desconexión aprobadas por los partidos independentistas en Catalunya.