Izquierda Unida, PCE y Foro de Abogados de Izquierda han recusado a Manuel Marchena y el resto de magistrados que forman la sala que inadmitió su querella por las tarjetas opacas de Juan Carlos I por falta de apariencia de imparcialidad. Las citadas organizaciones aseguran que ésta ha quedado de manifiesto en el auto de inadmisión cuando los magistrados les reprocharon actuar como “profesionales” de la acción popular, así como por su juramento de “lealtad a la Corona”.
El caso de las tarjetas opacas del rey emérito constituía la base de la segunda ampliación de la querella que presentaron IU y el resto en 2018 contra Juan Carlos I y que fue rechazada, así como un recurso posterior. En el auto, su ponente, Manuel Marchena, acusaba a IU, PCE y Foro de Abogados de Izquierda de actuar “con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular”, entre otros reproches.
“Al respecto de tales epítetos, semejante descalificación de los representados hacen perder a la Sala su apariencia de imparcialidad y esta parte estaría perfectamente legitimada para afirmar que no es menos degradante para la administración de justicia en general y para el Tribunal Supremo en particular hacer tan evidente dejación de funciones (…) de impartir la justicia que se le demanda, con argumentos tan superfluos y contrario al más elemental sentido de la lógica”, replican los querellantes.
Entre esos argumentos carentes de lógica está el acusarles de “intentar convertir noticias en causas criminales”, en relación a la incorporación a la querella de las informaciones de elDiario.es y el resto de medios, tanto con información en fuentes como la confirmación de la investigación por la fiscal general del Estado y el fiscal jefe de Anticorrupción.
Izquierda Unida reprocha a Marchena y el resto de los miembros de la sala de admisión que les ataque de esa forma cuando en su querella ya se incluían los pagos de la Fundación Zagatka a Juan Carlos I que el propio abogado del rey emérito ha reconocido en el comunicado confirmando su regularización en Hacienda.
Teniendo en consideración los nuevos hechos que hemos conocido después y que dan plena verosimilitud a los denunciados en la querella, que ha sido tildada como degradante por la Sala, solo cabe calificar tales expresiones por parte de la sala como un indicios objetivo de su pérdida de apariencia de imparcialidad“, añaden los querellantes.
Asimismo, IU, el PCE y el Foro de Abogados de Izquierdas apelan al artículo 318 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el que todos los jueces tienen que jurar o prometer “guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona (…)”. Los querellantes destacan en su escrito de recusación que el rey presidió el acto de toma de posesión de todos los miembros de la sala de admisión y que antes todos ellos tuvieron que repetir esa fórmula de juramento o promesa en sus respectivos ascensos. “Ha existido una indudable situación de vínculo jerárquico entre el querellado y los magistrados de la Sala”, concluyen.