La acusación popular que ejerce Izquierda Unida en el caso Púnica ha vuelto a solicitar al juez Manuel García Castellón que impute al PP como persona jurídica, a la vista de los “nuevos indicios” de la financiación irregular de la formación a nivel regional de Madrid entre los años 2012 y 2014 relacionados . IU considera igualmente que el magistrado debe dictar la prórroga de la causa ante la premura del magistrado por acabar ya la investigación.
Izquierda Unida basa su petición en las diligencias ordenadas por la Sala de lo Penal en relación con el desvío de fondos a través de la agencia pública de informática ICM “con el concurso de personal directivo de Indra, al Partido Popular entre los ejercicios 2010 a 2015”.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado septiembre al juez Manuel García Castellón citar como investigadas a dos personas vinculadas a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) y a otras tantas relacionadas con Indra para ahondar en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño, que se sigue en la pieza separada 9 de Púnica.
El juez había rechazado previamente estas diligencias por considerarlas “innecesarias e inútiles” y, como consecuencia del auto de la Sala de lo Penal, ordenó que declararan como investigados Tomás Contreras del Pino y José Antonio Macho, ambos vinculados a ICM; así como Óscar Lorenzo Canales, exdirector y responsable de administraciones públicas de Indra, y Francisco Javier Salorio del Moral, también vinculado a Indra. La Fiscalía también se enfrentó al juez en julio por la premura con la que quería cerrar la investigación de la caja B del PP madrileño.
“Existen pocas dudas de la absoluta falta de control interno que hubiese podido evitar la comisión de tales delitos y el aprovechamiento de fondos de una institución pública como la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid para el pago de gastos de campaña, una auténtica depredación de dinero público en beneficio exclusivo del Partido Popular, partido que, por tora parte no habría reflejado dichos ingresos a la contabilidad y haciendas públicas”, recoge ahora el escrito de IU, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Izquierda Unida considera “más que evidente” que existe responsabilidad penal del Partido Popular en los delitos de cohecho, estafa, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, así como la perpetración de diversos delitos electorales, en los que participaron su gerente, Beltrán Gutiérrez, o su presidenta, Esperanza Aguirre, entre otros dirigentes del partido. Ambos siguen imputados en esta pieza 9 del caso Púnica.
La acusación popular de IU había solicitado la imputación del PP como persona jurídica el 22 de mayo de 2018 y el 7 de octubre de 2019. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción dijo que era prematuro pronunciarse, por lo que la representación letrada de IU argumenta que ha llegado el momento habida cuenta de los indicios recabados y que la instrucción se encuentra en su fase final.