La representación legal de Izquierda Unida ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional para que se acepte su personación como acusación popular en la pieza separada del caso Tándem que investiga las grabaciones a Corinna Zu Sayn Wittgenstein, realizadas por el comisario José Manuel Villarejo, y en las que la comisionista lanza graves acusaciones contra Juan Carlos I.
En el escrito de personación, al que ha tenido acceso eldiario.es, Izquierda Unida afirma que “existen elementos que hacen pensar la existencia de una concatenación de conductas altamente irregulares y reiteradas en el tiempo que, siendo penalmente relevantes, causan a su vez un grave descrédito al funcionamiento de democrático de nuestro país”.
La presunta amante del rey asegura en la cinta, grabada en 2015, que el rey emérito la utilizó para defraudar al erario público y hace otras afirmaciones que apuntan a que pudiera haber cometido igualmente blanqueo de capitales. Las actuaciones de Juan Carlos I no pueden ser invetigadas hasta 2014, ya que la ley marca su inviolabilidad en el ejercicio de la Jefatura del Estado, pero sí podrían ser perseguidas presuntas actividades delictivas a partir de ese momento.
En el marco de la investigación al comisario Villarejo, el juez Diego de Egea abrió el pasado viernes una pieza separada por el contenido de las grabaciones y ha citado al policía jubilado para declarar de nuevo el próximo jueves. También ha declarado las actuaciones secretas, por lo que de ser admitida la personación de Izquierda Unida, su actuación en la causa estaría muy limitada hasta que se levante dicho secreto. En ningún caso podría estar presente en el interrogatorio del jueves, en el que participará el juez, la defensa del policía y los fiscales Anticorrupción.
Izquierda Unida considera que “tiene plena legitimación para poder personarse y actuar en la presente causa, estando entre los principios que desde luego rigen su acción la salvaguarda de los intereses de la ciudadanía, la interdicción de la arbitrariedad, la defensa del patrimonio y el erario público, la lucha contra la corrupción institucional y la erradicación de los espacio de impunidad penal”.