Johnson defiende la nueva ley británica que altera el acuerdo del Brexit

Londres, 9 sep (EFE).- El primer ministro conservador, Boris Johnson, defendió este miércoles su nuevo proyecto de ley del Mercado Interior del Reino Unido, ante las críticas de la Unión Europea y los gobiernos autónomos británicos de que vulnera las disposiciones del acuerdo del Brexit.

En una intervención en la Cámara de los Comunes, Johnson dijo que el texto, presentado hoy en la Cámara baja, “es una red de seguridad necesaria” para proteger al país de “interpretaciones extremas o irracionales” del protocolo relativo a Irlanda del Norte.

La Comisión Europea ha anunciado que convocará “lo antes posible” una reunión del comité conjunto UE-Reino Unido encargado de velar por la aplicación del tratado de retirada, ante la admisión de Londres de que pretende modificar ciertas partes.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se mostró “muy preocupada por el anuncio del Gobierno británico sobre sus intenciones de infringir el acuerdo” de salida.

“Esto violaría el Derecho internacional y socavaría la confianza”, escribió en Twitter.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN Y LAS AUTONOMÍAS

En el Reino Unido, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha adelantado que piensa presentar enmiendas al proyecto, que se debatirá mañana en los Comunes para ser votado más adelante, mientras que los Gobiernos de Escocia y Gales han expresado también su oposición.

Los Ejecutivos galés y escocés han avisado de que recomendarán a sus Parlamentos votar en contra, ya que consideran que la nueva ley supondría una “usurpación de competencias” para ambos y “socavaría los altos estándares” que ahora se aplican en los sectores de la alimentación, el bienestar animal y el medio ambiente.

“Vaya puñado de oportunistas incompetentes y sin escrúpulos”, ha declarado en Twitter la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, quien advierte de que la ley británica “destruirá la reputación internacional” del Reino Unido.

En Irlanda del Norte, la líder del Partido Democrático Unionista (DUP), cercano a los conservadores, Arlene Foster, dijo, no obstante, que apoyará cambios que aseguren que la provincia británica tendrá “acceso sin restricciones” al resto del mercado del Reino Unido.

Su rival del Sinn Féin, Michell O'Neill, pidió por su parte al Gobierno de la República de Irlanda que recuerde al Ejecutivo de Boris Johnson que “debe adherirse” al pacto suscrito el pasado enero.

CAMBIOS CONTROVERTIDOS

El Gobierno británico publicó hoy el proyecto de ley del Mercado interno del Reino Unido, pensado para regular el comercio interior si el 31 de diciembre el país deja la UE sin acuerdo comercial bilateral.

El texto incluye elementos controvertidos, como que Londres se reserva el derecho a “modificar o dejar de aplicar” algunas reglas relativas a la circulación de bienes contenidas en el Protocolo de Irlanda del Norte del tratado de retirada.

También varía disposiciones previas sobre subvenciones estatales a empresas y establece que no habrá nuevos controles fronterizos sobre bienes que vayan desde Irlanda del Norte al resto de los territorios del Reino Unido.

El proyecto legislativo contempla la creación de una nueva Oficina para el Mercado Interno (OIM, en inglés), que supervisaría el funcionamiento del comercio dentro del Reino Unido desde el año próximo, si no hubiera acuerdo con la UE sobre la futura relación.

También da nuevas competencias a los gobiernos autonómicos, que consideran sin embargo que en la práctica el Ejecutivo central les restará poderes en áreas específicas, como la agricultura.

El ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, admitió ayer que el plan de alterar aspectos del protocolo norirlandés -destinado a evitar erigir una frontera física en la isla de Irlanda en 2021, a fin de preservar el proceso de paz-, “viola” el derecho internacional.

En un comunicado emitido hoy ante la tramitación de la ley en los Comunes, el Gobierno asegura que, sin esta legislación, el mercado interno británico quedaría sumido en el desorden y “podrían surgir barreras” comerciales entre sus regiones, al expirar la normativa comunitaria que ha imperado en los últimos 45 años.