El juez De la Mata cita a declarar a Jordi Pujol en la Audiencia Nacional por blanqueo

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar como investigado por un delito de blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola. Su declaración se producirá el 10 de febrero y se produce dentro de la causa que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 5, en la que originariamente era investigado únicamente su hijo mayor.

La citación de Pujol se produce en uno de los 13 autos dictados por el juez en el marco de la misma causa. En esos autos, De la Mata describe a la familia del expresidente de la Generalitat como “una organización”, cuyos perfiles aún están por determinar.

En cualquier caso, el magistrado adelanta el modus operandi de la misma: “Los miembros de las familia Pujol-Ferrusola han venido orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”.

Pujol Soley y su esposa estaban imputados en un juzgado de Barcelona que investigaba el origen de un supuesto legado familiar despositado en un banco de Andorra. Pero recientemente, la jueza de la Ciudad Condal se inhibió en favor del juez José de la Mata. Fuera del Juzgado Central número 5 ya solo queda la causa contra el pequeño de los hermanos, Oleguer Pujol, al que investiga Santiago Pedraz.

Ahora, De la Mata considera que el matrimonio recibió en cuentas bancarias que les pertenecen abonos de origen desconocido que “no pueden asimilarse a una actividad legal”. Entre esos abonos hay transferencias procedentes de empresarios adjudicatarios de obra pública en Cataluña, recoge la resolución razonada. El juez De la Mata llama al matrimonio en calidad de investigado, de acuerdo a la nueva terminología introducida con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El delito que persigue el magistrado es el de blanqueo de capitales.

Parte de esos fondos que acumuló Pujol padre, dice el juez, han sido distribuidos por el primogénito entre todos sus hermanos y su madre, en cantidades iguales o similares y generalmente en momentos coincidentes con ingresos de origen desconocido. Esa distribución se hizo a cuentas bancarias “de todos y cada uno de ellos (los hijos) en la misma entidad bancaria andorrana”.

“Estas operaciones revelan de nuevo la existencia de un patrón de comportamiento reiterado durante años por los miembros de la familia, que apuntan nuevos elementos básicos de una organización cuyos perfiles definitivos (…) están aún bajo investigación y pendiente de calificar”, escribe el juez.

Según reseña el juez, muchas de las empresas que suscribieron tales contratos tienen en común que han sido y son adjudicatarios de contratos de servicios y obras públicas, así como que existía un acuerdo “entre las partes” para atribuir a Jordi Pujol Ferrusola el rol de gestor y distribuidor de los recursos entre los hermanos y la madre, así como que ha quedado acreditada la existencia de “complejos entramados societarios en distintas jurisdicciones, manejados por testaferros, sin objeto social y actividad societaria aparente”.

A lo anterior se añade, dice De la Mata, “la distribución de enormes cantidades de dinero entre miembros de la familia/organización, sin causa aparente, con causas improbables o con explicaciones y/o coartadas no justificadas mínimamente”.

El juez suma que se ha podido descubrir que después de que se produjera un ingreso sospechoso, Jordi Pujol Ferrusola ordenaba que se realizaran traspasos a sus cuentas de Andorra a sus hermanos Oleguer, Oriol, Josep, Pere, Mireia y Marta Pujol Ferrusola, movimientos que beneficiaban también a la cuenta de su madre Marta Ferrusola LLados, “también beneficiaria de algunos de esos repartos”.

Estos fondos se recibían en muchos casos en efectivo, dotándoles así de un primer nivel de opacidad, en cuentas abiertas en una jurisdicción extranjera, cuya existencia se ha negado reiteradamente y se ha tratado de mantener oculta, remarca De la Mata.

En el caso de Pujol Soley, explica, es titular real de los fondos existentes en la cuenta 63810 de la Banca Reig que fueron ingresados en efectivo y de los que dispuso hasta finales de 2010, con “idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta y ocultando también su origen”.

No pudo ganar tanto de 'president'

Para el juez, ese patrimonio no puede justificarse con los ingresos que obtuvo por razón de su cargo público, por mucho que fuera durante 23 años presidente de la Generalitat. José de la Mata concluye que no hay nada que demuestre la existencia de un legado por parte del padre de Pujol Soley y que éste presentó como origen de la fortuna descubierta en Andorra en julio de 2014.

Continúa el juez señalando que, de acuerdo con la investigación, “no consta negocio jurídico alguno” que justifique los incrementos patrimoniales. “Al contrario, existen operaciones financieras anómalas y movimientos financieros que, por tratarse de efectivo, ponen de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias”, se recoge en uno de los autos.

Además, continúa advirtiendo de que existen numerosos contratos aparentemente simulados, sin causa real, sin contenido y sin entregables contrastables, para justificar los ingresos de grandes cantidades de dinero, y se han facilitado explicaciones contradictorias. “En definitiva, no existen negocios ilícitos que justifiquen este incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias”, añade.

En otro de los autos dictados hoy por el juez de la Audiencia Nacional se acepta por conexidad la competencia de la causa que investigaba la juez de instrucción 31 de Barcelona contra varios de los miembros de la familia Pujol y su acumulación a la causa que instruía De la Mata, si bien no se ha solicitado por el momento la remisión de los originales al no ser firme la resolución por estar a la espera de la resolución de los recursos.

En las resoluciones restantes, el juez acuerda una batería de diligencias, entre ellas, la citación de nuevo de Jordi Pujol Ferrusola, a petición propia, para el 11 de febrero o la declaración de varios testigos. Además, se rechaza el sobreseimiento solicitado por A.G.K. y Carles Vilarrubí y se resuelven todos los recursos plateados por las defensas respecto de las diferentes medidas cautelares adoptadas, así como de las entradas y registros practicados.