El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido abrir un nuevo frente al primogénito del clan Pujol-Ferrusola, Jordi. Ruz ha decidido investigar si Jordi Pujol Ferrusola, en connivencia con las autoridades portuarias de Tarragona, se apropió de subvenciones y fondos públicos destinados a financiar el proyecto de hermanamiento entre el puerto tarraconense y el argentino de Rosario.
El puerto de Rosario es propiedad de Jordi Pujol Ferrusola, según un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, a raíz de las denuncias de Victoria Álvarez, la exnovia del hijo mayor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y Marta Ferrusola.
El mismo informe cifra en cerca de 600 millones de euros la fortuna que Pujol Ferrusola posee repartida en diversos paraísos fiscales. La UDEF realizó el informe a raíz del turbio encuentro que mantuvieron Victoria Álvarez y la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. La reunión, que tuvo lugar en el restaurante barcelonés La Camarga, fue grabada ilegalmente por la desaparecida agencia de detectives Método 3. Sánchez Camacho decidió retirar su denuncia contra Método 3 tras recibir una generosa indemnización de la agencia de detectives.
Aun así, la UDEF prosiguió no obstante con sus pesquisas y acumuló infinidad de indicios delictivos contra Jordi Pujol Ferrusola. Los informes de la UDEF sirvieron para que el juez Ruz abriera diligencias contra él.
Las denuncias que ha recibido Ruz apuntan de manera solvente a que Convergència de Tarragona también recibió una parte significativa de los fondos públicos desviados del proyecto conjunto entre los puertos de Rosario y de Tarragona. El magistrado tiene previsto abrir una pieza separada para investigar este asunto después de recibir en declaración en calidad de imputado a Jordi Pujol Ferrusola y a su exmujer, Mercè Gironès. La citación está prevista para el 15 de septiembre.
Pieza separada
El desvío de fondos públicos destinados al proyecto conjunto entre los puertos de Tarragona y de Rosario es muy reciente. Las investigaciones sobre las actividades de Jordi Pujol Ferrusola deja prácticamente sin efecto lo que pretendía el expresidente con su confesión de que poseía al menos cuatro millones de euros en el extranjero, con toda probabilidad en Andorra, desde hace 34 años.
El expresidente realizó esa confesión el 26 de julio. Contemplada de forma aislada, la confesión no tiene sentido porque pone en peligro tanto a Convergència como al proceso soberanista por el cual el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, tiene previsto convocar un referéndum el próximo 9 de noviembre.
Dos días antes de que Pujol realizara su confesión, su hijo Oriol, secretario general de CDC y portavoz parlamentario en la nevera a raíz de su imputación en el caso de las ITV, renunció a todos sus cargos tanto en el Parlament de Catalunya como en el partido. Ambas cosas en vísperas de la citación por el juez Ruz de Jordi Pujol Ferrusola.
Fuentes próximas a la familia Pujol aseguran que el patriarca de la familia decidió inmolarse para convertirse en el foco de las acusaciones contra el clan familiar, tanto contra algunos de sus hijos como de su esposa, Marta Ferrusola.
Las citadas fuentes encuentran una explicación psicológica a la decisión de Pujol: la culpabilidad por haber priorizado sus actividades públicas sobre su familia desde que fue encarcelado en 1960, posteriormente con su dedicación a Banca Catalana, a la creación de Convergència en 1974, y sus 23 años y medio como presidente de la Generalitat, desde marzo de 1980 hasta noviembre de 1983.
Sin embargo, Pujol no parece haber elegido la mejor estrategia al atribuir el origen de su fortuna en el extranjero a la herencia de su padre, Florenci, sucedida durante la campaña electoral a las autonómicas de 1980. En primer lugar, porque su propia hermana, María, asegura desconocer que tal herencia existiera, y en segundo lugar, porque lo más parecido a una herencia son las acciones de Banca Catalana, y la cifra de cuatro millones de euros coincide, tanto con el agujero de la entidad bancaria, como con un paquete desaparecido del accionariado antes de su quiebra en 1982 y valorado en 600 millones de pesetas de la época.