“S.M. el Rey Don Juan Carlos ha indicado a la Casa de Su Majestad el Rey que comunique que el pasado día 3 del presente mes de agosto se trasladó a Emiratos Arabes Unidos, donde permanece en la actualidad”. Con este comunicado difundido a través de su departamento de comunicación, Zarzuela ha informado del paradero actual del rey emérito: hace dos semanas, cuando se conoció su marcha de España, ya había salido del país.
Hasta ahora, tanto la Casa Real como el Gobierno habían mantenido en secreto su destino. Esta misma mañana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, restaba importancia a conocer su paradero en una entrevista en la Cadena SER y alababa los “pasos” que está dando la Casa Real para “fortalecer” a la Corona en términos de “transparencia”.
Juan Carlos I se ha ido de España sin aportar ninguna transparencia sobre los procesos judiciales abiertos que le involucran directamente. En el comunicado difundido para comunicar su salida, el rey emérito hablaba de “la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”. La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene abierta desde hace dos meses una investigación para valorar si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal en relación con el AVE a La Meca. A criterio de la Fiscalía, Juan Carlos I dejó de estar protegido por su inviolabilidad al abdicar en junio de 2014, y por lo tanto a partir de esa fecha se pueden investigar posibles delitos que habría cometido. No así con los que habrían sucedido mientras ostentó el trono.
Este criterio sin embargo sería distinto en Suiza, donde el rey emérito está siendo también investigado por el origen de su fortuna. El británico The Telegraph ha publicado que el actual rey de España, Felipe VI, era uno de los beneficiarios de la fundación que habría creado Juan Carlos de Borbón y en la que se recibieron 100 millones de dólares de Arabia Saudí.
Además, hace semanas el juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ordenó la reapertura de la pieza número 5, denominada Carol, que investigaba en la Audiencia Nacional los indicios de delitos que se desprenden de unas grabaciones incautadas al comisario en las que aparecen hablando este y Corinna Larsen, expareja del rey emérito y que señalan a Juan Carlos I, aunque el antiguo jefe del Estado no puede ser investigado por la Audiencia Nacional al estar aforado ante el Supremo.
Esta mañana, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado convencido de que si la Administración de Justicia requiriera al monarca “no se tardaría ni un segundo en encontrarlo”. “Si es llamado comparecerá de manera inmediata. Eso nos debería satisfacer como sociedad”, ha añadido.