Juan Carlos I está “muy satisfecho” tras la decisión de un tribunal británico de archivar la demanda por acoso que había presentado contra él la empresaria alemana Corinna Larsen, con la que mantuvo durante años una relación extramatrimonial. “Se ha hecho justicia”, recoge en un comunicado emitido por el despacho británico que ha llevado su defensa.
Además, ABC se hace eco de otro comunicado que atribuye a “un portavoz del rey Juan Carlos I” y que dice lo siguiente: “La decisión de hoy, favorable a Su Majestad, restablece las condiciones necesarias para futuras apariciones públicas”. De esta manera, el rey emérito estaría insinuando un regreso a la vida pública de la que se retiró en el verano de 2019. La Casa Real informó el 27 de mayo de ese año que Juan Carlos I había anunciado a su hijo su intención de abandonar la agenda institucional a partir del siguiente 2 de junio, coincidiendo con el quinto aniversario de su abdicación. Desde entonces no ha participado en actos oficiales.
Apenas un año después, en agosto de 2020 se marchó repentinamente a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) para tratar de poner distancia entre las investigaciones judiciales sobre su ingente patrimonio y el reinado de su hijo. Desde entonces ha realizado cuatro visitas a España. Fue en la última, que finalizó esta misma semana, cuando expresó a los medios de comunicación su deseo de volver a vivir en España.
Es un camino que ahora parece allanar la decisión de la justicia británica. Era el único frente judicial que tenía abierto tras el archivo de las investigaciones que llevaba a cabo la Fiscalía contra él por las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a La Meca, el supuesto uso de tarjetas opacas sufragadas por un empresario mexicano y la fortuna que ocultaba en la isla de Jersey. El Ministerio Público concluyó que el que fuera jefe del Estado durante casi cuatro décadas se enriqueció de espaldas a Hacienda, pero los posibles delitos o estaban prescritos o se cometieron cuando era inviolable o fueron regularizados ante la Agencia Tributaria.
En el comunicado difundido por el bufete que le ha asesorado en Londres, el monarca celebra que los tribunales ingleses hayan “rechazado total y concluyentemente la demanda interpuesta” en su contra, así como su conclusión de que no tenía “perspectivas reales de éxito” y que, por lo tanto, no procedía celebrarse un juicio.
En el marco de ese procedimiento, Larsen le reclamaba 126 millones de libras (unos 146 millones de euros) en concepto de daños y perjuicios por unas presuntas amenazas para que no sacara a la luz documentación que pudiera “incriminarlo”. Según Larsen, Juan Carlos I inició “un patrón de conducta equivalente al acoso” a partir de 2012, a raíz de la ruptura total de sus relaciones, y se mantuvo hasta la fecha de presentación de la demanda, en diciembre de 2020.
En su resolución, la jueza Rowena Collins Rice entiende, en primer lugar, que la jurisdicción londinense no era la competente para estudiar este asunto. Pero, además, explica que en caso de que la tramitación del pleito hubiera sido corecta, “habría rechazado la demanda”, dice el documento, que apunta a la “inconsistencia” de la actuación procesal de Larsen y a problemas de “claridad, exactitud y consistencia” en la manera en la que dirigió su demanda, entre otras cuestiones.