Centenares de abogados se han movilizado en las últimas semanas en decenas de ciudades con la reivindicación de poder acceder a pensiones dignas cuando, tras décadas de trabajo, les llegue el momento de colgar sus togas. Lo que es una entendible reclamación esconde un enconado conflicto que tiene como protagonistas a miles de letrados que, en su día, confiaron sus futuras pensiones a una entidad privada, la Mutualidad de la Abogacía. Y que años después dicen sentirse “engañados” tras constatar que sus prestaciones, en muchos casos, apenas llegan a 300 o 400 euros al mes, por debajo incluso de las pensiones no contributivas.
La Mutualidad defiende que ha hecho una gestión transparente de esos activos y de las rentas en las que derivarían y afirma que estos abogados tienen pensiones más bajas porque, históricamente, sus aportaciones han sido bajas. Entretanto, las miradas de los afectados se dirigen al sistema público, al que piden poder acceder a través de una especie de “pasarela” que les permita ahora llevarse sus ahorros a la caja común y, de esta forma, poder acceder a mejores prestaciones. Es una posibilidad que, por el momento, no está sobre la mesa. Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social explican que, en todo caso, debería abordarse en el marco del Pacto de Toledo, que es la comisión parlamentaria que aborda el tema de las pensiones.
Para entender el conflicto hay que remontarse casi tres décadas atrás, a 1995. Entonces, la ley obligó a los trabajadores por cuenta propia a integrarse en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que es el sistema a través del que se gestionan las aportaciones a la Seguridad Social de este colectivo. Pero permitió una excepción: aquellos autónomos que pertenecían a colectivos con colegiación obligatoria y estaban adscritos a mutualidades a las que habían hecho aportaciones de cara a su jubilación podían mantenerse en ese régimen alternativo al sistema público.
“Se tomó esa decisión porque había trabajadores con elevadas aportaciones a sus mutualidades y había dudas sobre si iban a perder lo aportado”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Ante ese escenario −y la promesa de que sus pensiones estarían aseguradas−, muchos de ellos se quedaron. En la actualidad, los llamados mutualistas alternativos son 65.000.
Una década después, la Mutualidad de la Abogacía mutó en aseguradora al entrar en vigor la ley de seguros privados. Y pasó de funcionar con un sistema de capitalización colectiva similar al de la Seguridad Social, en el que los mutualistas activos pagaban a los pasivos, a uno de capitalización individual. Esto es, que las aportaciones de cada mutualista se integran en su cuenta individual y no dependen de una caja común.
Los afectados aseguran que no hubo transparencia sobre los efectos de ese cambio. “Nunca hubo una información clara de las consecuencias de esa transformación, que ha derivado en las pensiones miserables e indignas que tenemos ahora”, denuncia María Isabel Uso Soler, que ejerce la abogacía en Valencia desde finales de los ochenta y tiene 61 años. Forma parte del Movimiento J2 (por jodidos), puesto en marcha de forma espontánea por los abogados mutualistas para defender sus derechos.
Esta letrada afirma que algunos colegios de abogados, como los de Valencia y Zaragoza, sí advirtieron entonces de los efectos del nuevo modelo, pero la “inmensa mayoría” no lo hicieron. “Han sido cómplices con su silencio”, denuncia. La clave, a su juicio, es que el nuevo modelo se rige por la legislación de seguros y se asemeja a una especie de seguro de ahorro que puede proporcionar una renta vitalicia y no a un sistema de reparto común y con unas prestaciones similares a las que ofrece el RETA.
“Quejarse de que hubo poca información a 18 años vista no sé si es una muy buena práctica tratándose de abogados”, rebate Rafael Navas, director general de la Mutualidad. “Seguramente se podría haber mejorado la comunicación, pero en aquel momento se celebraron dos asambleas generales y hubo reuniones en todos los colegios de España… Cada mutualista pudo decidir si quería quedarse o no”, añade.
Además, Navas asegura que desde 2018 la Mutualidad manda trimestralmente a sus clientes una comunicación personalizada con el fondo de ahorro acumulado y una proyección de en cuánto se puede convertir en renta vitalicia teniendo la cuenta la rentabilidad ofrecida, que está entre el 3 y el 4% bruto. “Todos sabíamos del problema y se han hecho campañas de información al respecto, aunque muchos mutualistas prefirieron quedarse porque pagaban mucho menos. Pero sabían lo que podían tener y que aportando más dinero podían tener más dinero en un futuro”, sostiene.
“La indignación es absoluta”
Lo cierto es que no hay datos oficiales que permitan comparar las aportaciones realizadas en uno u otro sistema. “Dado que este colectivo optó por un sistema alternativo al de la Seguridad Social, sujeto a unas reglas diferentes, es un análisis complejo, ya que la Seguridad Social no dispone de todos los datos”, dicen fuentes del departamento que dirige en funciones José Luis Escrivá.
A este respecto, Navas asegura que las cuotas de la Mutualidad “siempre han sido inferiores al régimen público”, especialmente durante los primeros años de ejercicio profesional. Es una opinión que coincide con la de abogados más jóvenes consultados por este periódico, que expresan sus reservas en pasarse al RETA, donde la cuota mínima es de 235 euros, ante el temor de no poder asumirla en las temporadas con menor carga de trabajo y, por tanto, menores ingresos. En la Mutualidad esa cantidad mínima se reduce al 80% de lo que les correspondería pagar en el régimen público, según la última reforma de la ley de la Seguridad Social.
El directivo de la Mutualidad dice que “sacar medias puede llevar a engaños”, pero calcula que los mutualistas “más antiguos” han pagado en torno a un 60 o 70% de los que les habría correspondido abonar en el sistema público si se hubieran dado de alta cuando empezaron a ejercer la abogacía. Uso Soler rechaza ese “mantra” de la Mutualidad, que califica de “mentira”. Asegura que ella, en la actualidad, paga “casi 500 euros de cuota” y le calculan “una pensión inferior, de 400 euros al mes en 12 pagas y sin revalorizar por el IPC”. “Y el fondo disminuye cada año, la indignación es absoluta”, afirma.
Su testimonio y el de otros mutualistas confirman que las primas fijas de coberturas (por fallecimiento o incapacidades, por ejemplo), así como los gastos de gestión y los impuestos se comen casi toda la rentabilidad que ofrece la Mutualidad, que es uno de los elementos de los que más presume la compañía. En la presentación de resultados de 2022, su presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana, resaltó que la rentabilidad obtenida para sus mutualistas durante ese ejercicio había sido del 4,14%, según contó Cinco Días. La entidad registró un beneficio de 34 millones, un 42% más que en 2021.
Son unas cifras que indignan a los miembros de Movimiento J2, que ven cómo la compañía goza de una buena salud financiera mientras les ofrece pensiones “indignas”. “Como abogados, nos hemos dedicado a defender los derechos de nuestros clientes y no nos hemos preocupado de los nuestros porque estábamos confiados en que nuestros compañeros de los colegios profesionales y la Mutualidad estaban velando por nuestros intereses”, lamenta. Estos profesionales aseguran que seguirán movilizándose para que el foco siga puesto sobre un conflicto que también pone al descubierto los riesgos de que algo tan sensible como las pensiones de jubilación quede únicamente en manos de empresas privadas.