El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones celebrado este jueves ha acabado sin acuerdo respecto a los nombramientos que le corresponde realizar en el Tribunal Constitucional. Los vocales ni siquiera han llegado a debatir sobre posibles candidatos. Tras una reunión tensa y que se ha alargado durante más de tres horas han acordado únicamente fijar unas normas de procedimiento sobre cómo designar a los aspirantes y se han emplazado a iniciar las negociaciones sobre los nombres a través de unos interlocutores, aunque sin una fecha tope para el acuerdo, informan fuentes del órgano a elDiario.es.
Las reglas fijadas establecen, entre otras cuestiones, que la solicitud de convocatoria de otro pleno “incluirá los nombres de dos candidatos”. La iniciativa puede partir del presidente o de al menos cinco vocales y la voluntad es que esa sea ya una propuesta de consenso —con un aspirante conservador y otro progresista— que garantice un respaldo mayoritario. No obstante, el procedimiento acordado prevé la posibilidad de que si un candidato no obtiene el número suficiente de votos se le pueda volver a proponer.
Las fuentes consultadas dan por hecho que, con este escenario, la elección de los magistrados del Constitucional no se producirá antes del próximo martes 13 de septiembre, la fecha límite prevista en la ley. Hasta ahora, las designaciones de magistrados del Constitucional por parte del CGPJ se habían realizado sin la necesidad de fijar unas condiciones específicas. Los dos sectores del CGPJ han elegido ya a sus negociadores: José Antonio Ballestero y Carmen Llombart por parte de bloque conservador y Roser Bach, Álvaro Cuesta y Rafael Mozo por el progresista.
Esta situación de bloqueo viene propiciada por parte del sector conservador. Ocho de sus vocales habían anticipado esta semana su negativa a hablar de nombramientos sin fijar antes unas “reglas del juego”. Esto es, un sistema de elección y votación que pueda generar hipotéticos “consensos”. La razón de fondo, sin embargo, es que están en contra de las reformas que ha aprobado el Gobierno para sortear el bloqueo del PP a la renovación del CGPJ, que tiene su mandato caducado desde diciembre de 2018. La primera de esas reformas impidió a los vocales seguir nombrando magistrados –algunos para plazas tan relevantes como el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional– con el mandato caducado, y la segunda les autorizaba para hacerlo en el caso del Constitucional. Tras el plante de los ocho vocales conservadores, los progresistas decidieron no proponer ningún candidato en esta reunión.
El bloqueo a la renovación inminente del tribunal de garantías por parte del CGPJ eleva la tensión entre el interino órgano de gobierno de los jueces y el Gobierno, que no nombrará a sus dos magistrados del Constitucional hasta que el CGPJ designe a los suyos. Se desbaratan así los planes del Ejecutivo de cambiar la mayoría conservadora por otra progresista en el órgano encargado de interpretar la norma fundamental del Estado y que se pronunciará, entro otros asuntos, sobre el aborto, la eutanasia o la reforma que aprobó el Gobierno para impedir que el CGPJ nombre a jueces con el mandato caducado, como estaba ocurriendo hasta marzo de 2021.
Estos nombramientos deben conciliar el respaldo de al menos 12 de los 19 miembros actuales del pleno del CGPJ. Necesitan, por tanto, del concurso de vocales de ambos sectores del órgano, formado ahora por 11 conservadores —incluyendo al presidente, Carlos Lesmes— y ocho progresistas. El resultado debería ser un magistrado de corte conservador y otro de tendencia progresista, de acuerdo con la costumbre. Hoy por hoy, sin embargo, es imposible saber cuándo se harán las designaciones.
Los ocho conservadores constituidos en minoría de bloqueo insisten en que se deben respetar los “tiempos de decisión” del CGPJ y reconocen en privado que el acuerdo puede tardar semanas e incluso meses en llegar. La amenaza de dimisión que lanzó este miércoles el presidente Lesmes si los partidos no se ponen de acuerdo para renovar el CGPJ en las próximas semanas ha añadido todavía más incertidumbre. No obstante, su idea es dejar culminadas o, al menos encarriladas, las negociaciones para la renovación del Constitucional antes de esa hipotética renuncia, según aclaró a los periodistas.
En todo caso, esta falta de consenso evidencia el fracaso del encargo que Lesmes hizo a los vocales el pasado julio, cuando les instó a acordar dos candidatos capaces de reunir el mínimo de 12 votos necesarios. El plante de los ocho vocales conservadores —que rechazan, por el momento, hablar de nombres— llevó a los progresistas a acudir a este pleno también sin candidatos. Ahora, el acuerdo es que esas negociaciones se retomen.
Además de las cuestiones citadas, las reglas de procedimiento acordadas establecen que los vocales podrán votar un máximo de dos candidatos en cada votación y que la designación se tendrá por realizada cuando los aspirantes consigan los doce votos necesarios, ya sea de manera simultánea o sucesiva. En el caso de que un candidato no obtenga el número suficiente de votos, esa circunstancia no impedirá que en las sesiones sucesivas del pleno se le pueda volver a proponer.