El bloqueo impuesto por el Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va camino de perpetuar una década de mayoría conservadora en la institución más importante del tercer poder del Estado. El actual órgano de gobierno de los jueces se conformó en 2013, cuando Mariano Rajoy gobernaba con mayoría absoluta, y debería haberse renovado a finales de 2018. Pero el pacto para una nueva composición no ha sido posible por los cálculos partidistas del principal partido de la derecha: primero con Pablo Casado y, después, con Alberto Núñez Feijóo, a quien esta semana Pedro Sánchez volvió a pedir sin éxito que negociara la renovación.
Con estas circunstancias y ante el escenario que dibujaron las urnas el pasado 23 de julio se aleja, a priori, toda posibilidad de renovación antes de diciembre, cuando el CGPJ iniciará su sexto año en funciones. Es una situación que no pasa inadvertida para la Comisión Europea, que en su último informe sobre el Estado de Derecho en los 27 reafirmó su “preocupación” y urgió a la renovación para luego cambiar la forma de elección de los vocales. Pero el resultado de los últimos comicios apunta a un bloqueo que, salvo sorpresa, alargará la parálisis de este órgano constitucional.
El PP ganó las elecciones, pero su alianza estratégica con la extrema derecha impide cualquier acercamiento a formaciones como el PNV, cuyos votos serían necesarios para una investidura de su candidato. Se desvanece así el plan de Alberto Núñez Feijóo de blindar el poder conservador en la Justicia desde la Moncloa. Pero se mantiene la incógnita sobre si el PP se avendría a pactar con un hipotético Gobierno progresista una renovación a la que lleva negándose más de un lustro con excusas cambiantes. Primero, al exigir que sean los jueces los que elijan directamente a una parte del CGPJ y, después, añadiendo que una reforma en este sentido se haga antes de cualquier renovación, al contrario de lo que pide Europa. Entre medias, el PP cortó las negociaciones esgrimiendo como excusa la derogación del delito de sedición.
Así las cosas, en esta legislatura, los números seguirían sin darle a un hipotético Ejecutivo de Pedro Sánchez para renovar el CGPJ sin el apoyo del PP y Feijóo seguiría teniendo en su mano mantener el bloqueo, pues la renovación requiere el respaldo de una mayoría de tres quintos de diputados y senadores. En caso de repetición electoral, la parálisis también continuaría con toda probabilidad. Al menos, hasta el nuevo año.
La amenaza de colapso en el Supremo
Este es el escenario por el que transita el Poder Judicial hacia su sexto año de bloqueo: con un pleno mermado (con 16 de sus 21 miembros originales), con su segundo presidente “por sustitución” recién elegido no sin polémica y, sobre todo, con unas atribuciones limitadas. Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial. Esta situación ha provocado una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo, donde ya hay 22 plazas vacantes. Además, hay otros 61 puestos sin cubrir en los tribunales autonómicos y las audiencias provinciales.
Hasta que se aprobó ese cambio legal, un órgano ampliamente caducado había adjudicado hasta 74 plazas en los principales tribunales. La reforma fue impulsada por el Gobierno de coalición y respaldada por la mayoría parlamentaria con el objetivo de forzar la renovación, aunque no surtió efecto. El cambio fue recurrido por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional. Durante los últimos meses, desde la derecha judicial y política se ha criticado la demora a la hora de resolver esos recursos, que fueron admitidos a trámite en septiembre de 2021. Según publicó El País, la ponencia de esa sentencia, que se espera para septiembre, propone avalar la reforma, lo que mantendría la imposibilidad de que los vocales caducados puedan hacer nombramientos en la cúpula judicial.
El resultado del bloqueo son cinco años de mayoría conservadora y casi cinco más de bonus por la cerrazón del PP que, en contra de lo que afirmó Feijóo durante la pasada campaña electoral, no da margen a ningún “control” o ascendencia del Ejecutivo progresista. Principalmente, porque el CGPJ sigue funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, dimisiones, un fallecimiento…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas.
Es más, en el último año una porción del sector conservador del Consejo se ha convertido en correa de transmisión de la oposición política del PP a través del altavoz que les otorga su pertenencia a la más alta institución del tercer poder del Estado. Este grupo de vocales lideró durante el otoño de 2022 el bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, retrasando el cambio de mayorías a una progresista; buscó un nuevo choque con el Gobierno a raíz de la reforma del delito de sedición o llevó a Bruselas sus críticas al Ejecutivo por la limitación de hacer nombramientos con el mandato caducado.
Un nuevo presidente conservador
El nuevo año judicial —que se inicia en septiembre— vendrá marcado por el debut del conservador Vicente Guilarte como presidente. Según la pauta pactada por los vocales tras la renuncia de Carlos Lesmes en octubre del año pasado, la presidencia “por sustitución” debía recaer sobre el siguiente vocal de más edad. Así las cosas, primero fue nombrado el progresista Rafael Mozo, pero se jubiló forzosamente el pasado julio, por lo que quedó la vía abierta para Guilarte, de setenta años, que es el siguiente de más edad.
Guilarte, al que siempre se ha considerado un “verso suelto”, inició su mandato con una profunda reestructuración del núcleo duro del CGPJ, la comisión permanente. Incorporó a las conservadoras Carmen Llombart y María Ángeles Carmona, que junto a José Antonio Ballestero (que sigue en la permanente), José María Macías y Gerardo Martínez Tristán forman parte de ese subgrupo dentro del bloque conservador que más ha buscado el choque institucional con el Gobierno, de acuerdo a las fuentes consultadas. Por contra, salieron de la permanente los vocales Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz, que en los últimos meses han dado muestras de su apuesta por mantener una imagen más institucional y rechazar el choque directo con el Ejecutivo.
Estos últimos firmaron el pasado julio un voto particular en el que tachan de ilegales los cambios en la permanente. Un escrito que también suscribieron los progresistas Álvaro Cuesta (que también sale de ese núcleo duro) y Clara Martínez de Careaga. Los miembros de la permanente cobran entre 6.000 y 6.500 euros netos al mes, igual que un juez del Tribunal Supremo, y tienen a su disposición un coche oficial. El resto, recibe apenas mil euros en dietas por la asistencia al pleno y las comisiones.
Es en este ambiente de recelos y desconfianza entre los vocales en el que las fuerzas políticas tendrían que abordar una posible renovación. Tras las últimas elecciones, ni PSOE ni Sumar se han pronunciado sobre la posibilidad de reactivar la iniciativa que pretendía rebajar la mayoría requerida para renovar el CGPJ y así forzar su renovación sin el concurso del PP. Es un texto que los socialistas registraron junto a Unidas Podemos la pasada legislatura pero que fue retirado poco más de una semana después tras ser cuestionado por la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la oposición y tres de las cuatro asociaciones judiciales.
El PP, por su parte, acudió a las elecciones con una promesa de “despolitizar” la Justicia que, en realidad, escondía un intento de blindar el poder conservador de la Justicia. La intención de los conservadores era reformular el sistema de elección de los vocales vigente desde 1985 para dejar la mayoría en manos de los jueces y al margen de la soberanía popular. Y, mientras tanto, devolver al caduco y menguado CGPJ la capacidad de hacer nombramientos con el mandato caducado.
En estos momentos los resultados electorales hacen factible pero altamente improbable que Alberto Núñez Feijóo se convierta en presidente del Gobierno, pero si Pedro Sánchez logra mantenerse en la Moncloa tampoco queda garantizado el final del bloqueo a la renovación del Consejo.