El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace casi cinco años, rechazó este jueves por primera vez en democracia avalar la propuesta de nombramiento de un fiscal general realizada por el Gobierno. La propuesta de informe que proponía subrayar que Álvaro García Ortiz sí cumple con los requisitos legales que marca la ley —ser un jurista español de reconocido prestigio y acumular más de 15 años de ejercicio profesional— fue tumbada por ocho vocales del sector conservador.
En consecuencia, se redactó un nuevo documento, conocido este viernes, que carga duramente contra el fiscal general. Le achaca una “deficiente gestión” de la Fiscalía General del Estado al tiempo que critica la “falta de transparencia y coherencia” en sus nombramientos o le atribuye una supuesta “sintonía” con los “promotores” de “campaña de desprestigio” a los miembros de la carrera judicial en relación al ‘lawfare’ o judicialización de la política recogidas en el acuerdo entre el PSOE y Junts. La emisión de este informe es un trámite preceptivo aunque no vinculante para el Gobierno.
El acuerdo también alude ampliamente a la sentencia del Tribunal Supremo que decretó que existió desviación de poder y que García Ortiz actuó con el objetivo de dar un ascenso a su antecesora, Dolores Delgado, y no de proveer una plaza cuando la nombró fiscal de Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. “No parece que quien hace una utilización tan espuria de las importantes potestades que se confieren al Fiscal General del Estado pueda considerarse idóneo para su nombramiento”, dice la resolución.
El de los nombramientos ha sido precisamente uno de los caballos de batalla de la conservadora Asociación de Fiscales —mayoritaria en la carrera— que ha denunciado algunos de ellos y que ha criticado que los candidatos que cuentan con su respaldo han sido “de manera sistemática postergados”.
El documento asegura que durante el tiempo que ha estado al frente de la Fiscalía General del Estado, García Ortiz ha propuesto 33 nombramientos discrecionales. De ellos, 22 lo han sido en miembros de la carrera asociados a la Unión Progresistas de Fiscales, a la que pertenecía él mismo y a la que está afiliada Delgado; cinco lo han sido de la Asociación de Fiscales y cuatro a los no asociados que son el mayor porcentaje de la carrera (970), lo que supone haber designado a solo el 12% a los que representan el 40%.
El documento se basa en jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar que el cometido del CGPJ no es sólo examinar los citados criterios de legalidad, sino también las “razones de oportunidad” de la propuesta de nombramiento. Así, el acuerdo subraya que García Ortiz, cumple las “condiciones legales” para el nombramiento, pero alude a la “deficiente legalidad” en la gestión administrativa de la Fiscalía, la “deficiente transparencia en los nombramientos discrecionales” o la “deficiente dirección para el correcto funcionamiento procesal de la Fiscalía o la ”falta de amparo a la carrera fiscal“ para declararlo no idóneo.