El Poder Judicial en funciones debatirá el lunes la propuesta del bloque conservador contra la amnistía

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que está en funciones desde diciembre de 2018, se reunirá el próximo lunes 6 de noviembre a las 19 horas para debatir la propuesta de ocho vocales conservadores de hacer una declaración institucional muy crítica con la eventual amnistía a los condenados y encausados por el procés. El presidente suplente, Vicente Guilarte, ha atendido a la petición de ocho vocales elegidos en su día a propuesta del PP, que este jueves pidieron la celebración de un pleno extraordinario para abordar esta cuestión, informa a elDiario.es fuentes del órgano. 

Sobre la mesa estará la propuesta de este grupo, que carga contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y afirma que la hipotética amnistía convierte “en una quimera” la independencia de los tribunales y supone la “abolición del Estado de derecho”. La convocatoria del pleno se produce en plenas negociaciones sobre esa posible ley, pero cuando no ha trascendido ningún borrador ni texto preliminar sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017. 

Los vocales que suscriben esta petición son Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona. Para que la citada declaración institucional sea aprobada necesita el voto a favor de nueve miembros del pleno. Por el momento, está suscrita por ocho vocales, así que todo dependen de que pueda conciliar algún apoyo más dentro del bloque conservador e incluso del minoritario sector progresista. 

El bloqueo del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces ha permitido que la institución siga funcionando con una composición heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta: diez vocales conservadores y seis progresistas. Es un reparto que se ha ido actualizando con las circunstancias sobrevenidas de los últimos años —jubilaciones, dimisiones, un fallecimiento…—, pero que mantiene una distribución de fuerzas que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después han ido dibujando las urnas. 

A pesar de que todavía no se ha presentado ninguna proposición, el argumento que esgrimen los conservadores para exigir la convocatoria de esta sesión extraordinaria es que Sánchez ya se refirió públicamente a la amnistía. Lo hizo el pasado 28 de octubre, cuando defendió la medida “en nombre de España y de la convivencia” ante el Comité Federal del PSOE. 

Los vocales firmantes creen, sin embargo, que la amnistía es inconstitucional y tendrá “consecuencias en perjuicio del interés real de España”. Además, acusan a Sánchez de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya”. Añaden, asimismo, que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo en funciones es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”.

“Abuso de las atribuciones”

El movimiento de los vocales conservadores ha sido criticado este lunes por la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), de carácter progresista y a la que están asociados 436 de los 5.408 jueces en activo. Esta organización considera la propuesta de declaración institucional “supone un abuso de las atribuciones legales” de los vocales y “una desviación de la legítima función” del órgano de gobierno de los jueces. Y sostienen que conlleva, además, “una invasión clara de la función jurisdiccional que la Constitución reserva a la judicatura”. “Sus afirmaciones invaden la exclusiva función del juicio de constitucionalidad que sólo al Tribunal Constitucional corresponde, al ser el supremo intérprete de ésta”, sostiene en un comunicado.

Los miembros de Juezas y Jueces para la Democracia reclaman a los ocho vocales firmantes que “no conviertan al CGPJ en un actor partidista” y les piden “responsabilidad, sometimiento a la legalidad y respeto a las instituciones”. Así, admiten que “es evidente que existen dudas legítimas sobre esa futura y desconocida proposición de ley” y, ante ello, llaman a la “calma” a la sociedad y recuerda que el ordenamiento jurídico contempla vías para la formulación, tramitación y resolución de las discrepancias y la defensa del orden constitucional y legal.