El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato está caducado desde hace más de dos años, ha acordado la adjudicación de otras siete plazas en la cúpula judicial. Los nombramientos, fruto de un acuerdo entre la mayoría conservadora y parte del bloque progresista, se producen en pleno debate parlamentario sobre la reforma que pretende limitar las competencias del órgano de gobierno de los jueces cuando está en funciones. Esa iniciativa, propuesta por PSOE y Unidas Podemos y respaldada por la mayoría reforzada de la investidura, persigue impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales como los aprobados este jueves.
El pleno ha adjudicado la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears, donde ha sido reelegido Antoni Oliver, que venía desempeñando este cargo desde 2015. También se han renovado las presidencias de seis audiencias provinciales: Cantabria (José Arsuaga Cortázar), Granada (José Luis López Fuentes), León (Ana del Ser López), Illes Balears (Diego Jesús Gómez-Reino Delgado), Ciudad Real (María Jesús Alarcón Barcos) y Navarra (José Julián Huarte Lázaro). Salvo este último, el resto de magistrados venían desempeñando este cargo con anterioridad. Además, en las siete plazas había un solo candidato al puesto.
Estos nombramientos han tenido el respaldo de una amplia mayoría: 18 de los 21 miembros del Pleno. Los vocales Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda (elegidos a propuesta del PSOE) y Concepción Sáez (a propuesta de IU) han votado en blanco al considerar que el órgano de gobierno de los jueces no debería hacer nombramientos en esta situación de interinidad, que se inició en diciembre de 2018.
Pero el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, dejó claro el pasado septiembre en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los nombramientos en la cúpula judicial debían seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró entonces. En el Pleno de septiembre se adjudicaron seis plazas en el Supremo y en el de octubre otras ocho. Entre ellas, las presidencias de los TSJ de Baleares y Cantabria.
Ante el avance de las negociaciones para la renovación, Lesmes trasladó a los vocales su intención de paralizar los nombramientos. De hecho, en el Pleno de noviembre se adjudicaron únicamente dos plazas en la jurisdicción militar y no se promovieron nuevas convocatorias. En diciembre, ante la ausencia de avances en la vía abierta entre el PSOE y el PP, decidió retomarlos y se hicieron otros cuatro más. Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE “inmediatamente de producidas” y que el Consejo tiene que resolver “en el plazo máximo de seis meses”.
En los dos años que el órgano de gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado se han adjudicado 68 puestos de alto nivel en los principales tribunales. 18 de ellos en el Supremo, tres en la Audiencia Nacional, 24 en los tribunales superiores autonómicos y 23 en audiencias provinciales.
División por la reforma
La reforma que restringe la capacidad del CGPJ para hacer nombramientos discrecionales con el mandato caducado, como viene haciendo desde hace más de dos años, ha partido al órgano en dos. El pasado 21 de enero, 16 de sus 21 miembros —los once conservadores y cuatro progresistas más el presidente Lesmes— suscribieron un acuerdo muy crítico con la forma en que PSOE y Unidos Podemos están tramitando esa reforma legal. Acusaron a ambos partidos de quebrantar “las exigencias del principio de separación de poderes” por tramitarla de forma “urgente” y “sin audiencia de ningún tipo”.
También acordaron solicitar a la Mesa del Congreso que reconsiderara su negativa a dar audiencia sobre esta reforma al propio CGPJ, a las asociaciones de jueces y fiscales y a la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561.1 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo.
Los cinco vocales discrepantes con esta decisión suscribieron un voto particular en el que acusan a la mayoría del CGPJ de alinearse con el PP y violar la separación de poderes. A su juicio, el órgano se extralimitó en sus competencias con un acuerdo que supone “una confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales”. Al texto, escrito por Álvaro Cuesta, se sumaron Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Rafael Mozo y Concepción Sáez. Todos pertenecen al sector progresista de la institución.