Los supuestos en los que se aplicaría
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-Culpables de asesinato que no colaboren e intenten ocultar el cadáver.
-Secuestros que acaban en muerte.
-Muertes que implican el uso de elementos químicos, nucleares o incendios.
El Gobierno ha dado un paso más este domingo en su defensa de la prisión permanente revisable y ha anunciado su pretensión de aumentar en tres supuestos los delitos penados con esta figura, recurrida ante el Tribunal Constitucional y a la vez que el Congreso tramita una propuesta de ley del PNV para derogarla.
Tres años después de su entrada en vigor, este endurecimiento de las penas cuenta con el rechazo de toda la oposición–con la salvedad de Ciudadanos– y de asociaciones de jueces. El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, califica esta medida de “contraria a la Constitución” por ser incompatible con el derecho a la reinserción social y la reeducación del penado, recogidos en el artículo 25 de la Constitución. “Son penas con una duración excesiva, que convierten la pena en perpetua en vez de ir como recurso de reinserción”, afirma González a eldiario.es. La propuesta es que esta medida se aplique en los asesinatos en los que se oculte el paradero del cuerpo, secuestros que acaben en asesinato o usos de elementos químicos, nucleares o incendios.
El PP se ha esforzado desde la aprobación de la reforma del Código Penal –vigente desde 2015, cuando la formación contaba con mayoría absoluta– en distanciar esta figura penal de la cadena perpetua, una crítica que han repetido todos los partidos de la oposición y juristas. En el acto de este domingo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha argumentado que la medida no intenta “promover ninguna forma de cadena perpetua” sino “proteger” a la sociedad, una idea que había sido expresada antes en similares términos por el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
“Si no lo es, se asemeja a la cadena perpetua”, señala el portavoz de Jueces para la Democracia. Para el juez, esta figura es “innecesaria” en el Código Penal, “uno de los más severos de nuestro entorno”. “Hay que poner de manifiesto el bajo índice de criminalidad existente en España en relación con otros países de nuestro entorno, donde sí existen penas de ese tipo”, reitera.
“Es un eufemismo, digamos no el más inteligente, puesto que no existe prisión intermitente y por tanto no existe la permanente”, valora el catedrático acreditado de Derecho Penal Jacobo Dopico. “Se trata de una prisión hasta el día de la muerte de una persona que, en virtud de que un organismo judicial pueda entender que como mínimo veinticinco o treinta y cinco años después de la comisión del delito el sujeto ya no muestra perfil de peligrosidad, lo pueda soltar. No es análogo, es que es la cadena perpetua”. El experto valora asimismo que España “tiene unos niveles de criminalidad muy bajos, comparándolo con los países de Europa Occidental”, pese a lo cual es uno de los países “con los niveles de internamiento más largos”.
Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado a través de las redes sociales realizar este anuncio “en lugar de dotar a la Justicia de medios suficientes que permitan ofrecer una respuesta penal ágil”.
“No dudan en manipular el dolor de las víctimas”
El diputado de Izquierda Unida en la Junta General del Principado de Asturias y excoordinador general de la formación Gaspar Llamazares ha criticado que el Gobierno haya realizado el anuncio rodeado de los familiares de Diana Quer y de Marta de Castillo. En opinión del parlamentario, el PP “no duda en manipular el dolor de las víctimas con la falsa eficacia disuasoria de la prisión permanente” a la par que “incumple el principio constitucional de reinserción y el carácter no degradante de las penas”. La formación ha participado en la recogida de firmas en sedes locales y provinciales para contribuir a la campaña en contra de la derogación de la prisión permanente revisable promovida por los familiares de Diana Quer, Marta del Castillo, MariLuz Cortés, Candela y Amaia Oubel Viéitez, y Ruth y José Bretón Ortiz.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha posicionado al respecto este domingo por la noche en una entrevista en el programa El Objetivo. Iglesias ha asegurado comprender que “las familias de las víctimas de asesinatos espantosos” puedan desear que “asesinos sin escrúpulos” paguen “con dureza” por sus actos, pero ha mostrado su “desprecio” porque “algunos que saben de Derecho utilicen un asunto como ese en clave electoral”.
Incide en la misma idea el catedrático acreditado Jacobo Dopico: “Nos hemos encontrado con que en 2015 se instaura la cadena perpetua y en 2018 se intenta ampliar a más supuestos en una reunión en la que se encuentran públicamente acompañados de familiares de víctimas”. “Parece claro que la cadena perpetua ya entra por propio derecho como materia electoralista”, remata.