La tercera reunión del Gobierno con los representantes de jueces y fiscales ha concluido sin llegar a un acuerdo que desactive por el momento la amenaza de huelga indefinida que las asociaciones conservadoras promueven en plena campaña electoral. El encuentro se ha prolongado durante más de cuatro horas sin que las partes lograran llegar a una posición común, aunque los convocantes de ese paro sopesan aplazarlo para buscar un entendimiento que mejore las retribuciones de los casi 8.000 jueces y fiscales, informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de la negociación. Los interlocutores se reunirán de nuevo el próximo martes 16, cuando está fijada la fecha de inicio de la huelga.
Por el momento, las asociaciones del centroderecha judicial —mayoritarias en ambas carreras— insisten en que es “insuficiente” la última oferta del Ejecutivo, que propone sumar más de 46 millones de euros más al año a sus salarios, lo que incrementaría sus nóminas con entre 350 y 490 euros al mes, en función de las categorías. Pero está abierta la posibilidad de que retrasen el inicio de la movilización para mantener abierta la negociación con los departamentos de Justicia y Hacienda. Solo las asociaciones progresistas se han mostrado dispuestas a aceptar la oferta del Gobierno y descartan movilizaciones.
“No se ha desconvocado [la convocatoria de huelga]. Mientras no se desconvoque la cosa sigue en pie. Se está hablando de la posibilidad de retrasar [el inicio]”, ha afirmado en declaraciones a los medios el juez Juan José Carbonero, que ha participado en la reunión en representación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera.
Tanto esta asociación como la segunda en número de afiliados, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), abordarán en sus órganos directivos en las próximas horas la posibilidad de aplazamiento, mientras la Asociación de Fiscales y las minoritarias Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ya han avanzado que están de acuerdo con aplazar el inicio de la huelga al menos tres días, hasta el 19.
Las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales (UPF) son las únicas que han mostrado hasta el momento su respaldo a la propuesta del Gobierno. Ambas seguirán participando en la negociación para abordar posibles mejoras a esa propuesta. El interlocutor en la mesa de la primera de ellas, el juez Juan Vacas, ha calificado de “seria” y “responsable” la oferta del Ejecutivo. La fiscal Inés Herreros, presidenta de la UPF, ha informado de que más de 94% de los afiliados de su asociación considera que la propuesta del Gobierno “no puede rechazarse” y que su asociación “celebrará” si se producen mejoras sobre el esquema planteado.
La negociación tiene lugar en el marco de la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. Las asociaciones convocantes se quejan de la “pérdida de poder adquisitivo” que vienen “arrastrando” desde 2009 en un contexto de “aumento de la litigiosidad” que atribuyen, entre otros factores, a una “catarata de reformas legislativas” que ha aumentado sus funciones “exponencialmente”.
Hasta el momento han defendido que la propuesta del Ejecutivo no soluciona esa pérdida de poder adquisitivo —que cifran en el 20%— y supone un “agravio comparativo” respecto a la subida salarial de hasta 450 euros al mes que los letrados judiciales consiguieron arrancarle al Gobierno tras dos meses de paros y miles de juicios suspendidos.
La amenaza de huelga produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias y de gran conflictividad en el sector. Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros indefinidos desde hace dos semanas y amenazan con la huelga total a partir del 22 de mayo si el Ejecutivo no hace una oferta económica. De llevarse a cabo finalmente, sería la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida.