Las asociaciones de jueces y fiscales que amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral, mantienen el pulso al Gobierno en su reivindicación de una mejora salarial. La convocatoria de paro total se mantiene a la espera de que las asociaciones valoren la nueva oferta que, este lunes, les ha presentado el Gobierno y que propone sumar 46,2 millones más al año a sus salarios, lo que incrementaría sus nóminas con entre 350 y 490 euros al mes, en función de las categorías, según fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones.
Es una mejora respecto a la primera propuesta que formuló el Ejecutivo la semana pasada y que alcanzaba los 44,6 millones de euros. Esta cifra fue considerada como “insuficiente” por las asociaciones del centroderecha judicial que promueven la huelga. A su juicio, no solucionaba la pérdida de poder adquisitivo que dicen sufrir desde hace más de una década y suponía un “agravio comparativo” respecto a la subida salarial de hasta 450 euros al mes que los letrados judiciales consiguieron arrancarle al Gobierno tras dos meses de huelga y miles de juicios suspendidos. La mesa volverá a reunirse con los representantes de Justicia y Hacienda el próximo miércoles, después de que las asociaciones trasladen a sus asociados y directivas la nueva propuesta planteada, según ha informado a última hora de la tarde el departamento que dirige Pilar Llop.
Esa última propuesta del Gobierno incluye tres opciones de subida salarial a través del complemento de destino y en función de cómo se reparta la partida total. La primera opción es la más progresiva y prevé un aumento de 490 euros brutos al mes para el grupo más numeroso, formado por los magistrados. En este grupo están incluidos también los fiscales de segunda categoría. Según este esquema, el incremento sería de 460 euros brutos al mes para ​​los jueces y fiscales de tercera categoría y de 300 para los profesionales destinados en órganos colegiados, donde los sueldos son más altos. La segunda opción es la más lineal, con 440 euros para quienes ejercen en los órganos colegiados y 450 euros para el resto. Y la tercera prevé un aumento de 460 euros para quienes trabajan en los órganos colegiados y de 440 euros para los demás.
“Todo está abierto. Es tiempo de hablarlo con los propios y ponerlo en común con el resto de asociaciones”, ha afirmado en declaraciones a los medios el juez Juan José Carbonero, que ha participado en la reunión en representación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera. “Hay que mantener el talante institucional y negociador dentro de la mesa, donde todo el mundo sabe que tiene que hacer concesiones”, ha aseverado, por su parte, la fiscal Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha comunicado que someterá la propuesta a consulta de sus asociados.
Por el momento, la convocatoria que sigue registrada formalmente la secundan las asociaciones que que cubren el espacio del centroderecha judicial, que son mayoritarias en ambas carreras. Son la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). La asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la UPF también participan en las reuniones pero no han firmado la convocatoria a la espera de cómo avancen las conversaciones. Por el momento, estas dos últimas se han mostrado más abiertas a aceptar la subida salarial propuesta por el Gobierno.
Sin propuesta de consenso
La negociación con el Gobierno tiene lugar en el marco de la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues estos profesionales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. Durante los últimos días, las asociaciones de jueces y fiscales han tratado de llevar a la reunión de este lunes una propuesta de mejora retributiva de consenso, pero finalmente no ha sido posible. Según las fuentes consultadas, la mayoritaria APM se ha desmarcado de esa vía proponiendo por su cuenta una subida de en torno a los 74 millones de euros, muy superior a la que propone el Gobierno. En un comunicado, el Ministerio de Justicia ha afirmado que las asociaciones “no han mostrado unanimidad ni una postura común en sus demandas”.
En España ejercen sus funciones en la actualidad 5.343 jueces y 2.553 fiscales. Su retribución media estará este año en torno a los 75.000 euros brutos anuales en 2023, según los datos que maneja el Gobierno de cara a la negociación abierta con las asociaciones. Es una cifra promedio que incluye el sueldo base, los trienios que se suman según la antigüedad y otros complementos en función del destino, la responsabilidad o la “penosidad” del cargo.
La amenaza de huelga se produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias y de gran conflictividad en el sector. Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros indefinidos desde hace dos semanas y han convocado otras siete jornadas de huelga durante este mes de mayo. Y los abogados del turno de oficio también se han movilizado. De llevarse a cabo finalmente, sería la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida.
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Nota de rectificación de Foro Judicial Independiente
En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por Foro Judicial Independiente a la redacción de elDiario.es:
- Que se informe de que los estatutos de la asociación FJI recogen que la misma persigue restablecer la figura del juez desligado de organizaciones políticas.
- Que se informe de que la asociación FJI no se adscribe ni a una ideología conservadora ni a una ideología progresista.
- Que se informe de que los jueces asociados a FJI no se califican a sí mismos ni como jueces progresistas ni como jueces conservadores.
- Que se rectifique la información difundida referente a las asociaciones judiciales en la que se sitúa la asociación FJI bajo los calificativos de “conservadoras” y de “centroderecha”.