Las asociaciones de jueces y fiscales que amenazan con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, en plena campaña electoral, reconocen avances en su negociación con el Gobierno pero mantienen, por el momento, la convocatoria de paro total que registraron por el cauce oficial el pasado viernes. Ambas partes se han reunido este miércoles en sesión de mañana y tarde para abordar una subida salarial que evite el conflicto. La jornada ha acabado sin acuerdo, pero las asociaciones han reconocido que se ha dado “un primer paso” en el “proceso de negociación”. Está previsto que las conversaciones se retomen el próximo lunes.
Durante casi tres horas por la mañana y una hora y media por la tarde, los interlocutores han intercambiado propuestas que, en el caso del Gobierno supone poner 44 millones de euros encima de la mesa, han informado a elDiario.es fuentes de la negociación. Con esa partida, el Ejecutivo contempla una subida salarial de hasta 490 euros brutos al mes en 2025 para jueces y fiscales. Se trata de una subida gradual a través del complemento de destino y que varía en función de las categorías.
Así, el mayor aumento sería de 490 euros brutos al mes e iría destinado al grupo más numeroso, formado por los titulares de los juzgados centrales y los órganos unipersonales, donde ejercen el 65% de los jueces. En este grupo están incluidos también los fiscales de segunda categoría. El incremento sería de 460 euros brutos al mes para ​​los jueces y fiscales de tercera categoría y de 300 para los presidentes y magistrados de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales, así como para los fiscales de segunda categoría pero que asumen funciones de jefatura o coordinación.
Según la propuesta, el 40% del incremento mensual —196, 184 y 120 euros, respectivamente— tendría efectos desde el próximo 1 de julio. Las mismas cantidades se sumarían en enero de 2024. Y el 20% restante —98, 92 y 60 euros— se añadirá a las nóminas a partir de enero de 2025.
“Estamos en un marco de negociación y empieza a perfilarse algún tipo de posición. Ahora mismo es tiempo de estudio, de reflexión y de valoración de lo que hay sobre la mesa tanto por una parte como por la otra”, ha afirmado en declaraciones a los medios el juez Juan José Carbonero, que ha participado en la reunión en representación de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera. La fiscal Inés Herreros, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha asegurado, por su parte, que es “optimista” y ha afirmado que es momento de que “todas las partes sean generosas” en aras de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos los interlocutores.
La negociación tiene lugar en el marco de la mesa de retribuciones, el órgano legalmente previsto para revisar sus salarios, pues jueces y fiscales no tienen reconocido el derecho a la sindicación ni a la negociación colectiva. Estos profesionales se quejan de la “pérdida de poder adquisitivo” que vienen “arrastrando” desde 2009 en un contexto de “aumento de la litigiosidad” que atribuyen, entre otros factores, a una “catarata de reformas legislativas” que ha aumentado sus funciones “exponencialmente”.
Por el momento, la convocatoria que sigue registrada formalmente la secundan las asociaciones que que cubren el espacio del centroderecha judicial, que son mayoritarias en ambas carreras. Son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF). La asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) también participan en la mesa pero no han firmado la convocatoria a la espera de cómo avancen las negociaciones.
La amenaza de huelga se produce en el contexto del gran atasco judicial registrado tras la huelga de los letrados, que provocó la suspensión de 350.000 actuaciones entre juicios, declaraciones y otras diligencias. Estos funcionarios consiguieron arrancarle al Gobierno una subida salarial de hasta 450 euros al mes que prendió una mecha que alcanza a todos los estamentos de la Justicia.
Los funcionarios de las oficinas judiciales mantienen paros indefinidos desde hace dos semanas y han convocado otras siete jornadas de huelga durante este mes de mayo. Los abogado del turno de oficio también se han movilizado. De llevarse a cabo finalmente, sería la sexta huelga de jueces y la tercera de fiscales en toda la democracia. Aunque la principal novedad es que, en este caso, la convocatoria se ha registrado como indefinida.