Jueces, fiscales y tres ministerios, contra “la impunidad” en los accidentes laborales tras 705 muertes en 2021

La Fiscalía General del Estado ha acogido este martes la presentación de un convenio de coordinación entre cinco administraciones para “combatir” la lacra de los accidentes laborales y “evitar la impunidad de sus responsables”. El documento establece “mecanismos de cooperación” y “canales de comunicación” entre las partes para garantizar la investigación “eficaz y rápida” de estos sucesos y la ejecución de las sentencias condenatorias.

A la firma del acuerdo han acudido el presidente del CGPJ, Rafael Mozo; la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Justicia, Pilar Llop; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el fiscal General del Estado, Álvaro García, y el presidente de la Asociación de víctimas de accidentes laborales Avaela, Miguel Cruz. Sólo el año pasado murieron 705 personas en accidentes laborales. En el primer semestre de 2022 los fallecidos fueron 394, sesenta más que en el mismo periodo del año anterior. 

El convenio concreta la actuación que deben seguir los diferentes actores implicados en la investigación de los accidentes más graves. Así, respecto a la Policía Judicial establece que deberá actuar con “rapidez” para preservar las pruebas necesarias. Sus agentes tendrán que poner especial atención a la identificación de los testigos y la información que puedan facilitar sobre la existencia o no de medidas de seguridad, así como de denuncias previas ante la propia empresa sobre esta cuestión.

La Policía Judicial también averiguará, entre otras cuestiones, las distintas empresas que intervienen, incluso en régimen de subcontratación, en el trabajo en que se produjeron los hechos, así como sus responsables. Todo ello, con el objetivo de hacer atestados “rigurosos” que permitan facilitar la labor posterior de jueces y fiscales en la investigación de los hechos.

El documento también da relevancia a la actuación de los inspectores de trabajo. En el convenio figura que estos funcionarios deberán desplazarse “inmediatamente” al lugar del accidente para valorar los medios de protección colectiva (redes, barandillas...) e individuales (cascos, botas, cinturón, guantes…) existentes, así como realizar cualquier otra actuación que permita comprobar las circunstancias del accidente, sus causas y sus posibles responsables.

Los firmantes del convenio se comprometen también a promover actividades de formación relacionadas con los delitos contra los derechos de los trabajadores y la siniestralidad laboral para jueces, fiscales, inspectores de Trabajo y Seguridad Social, técnicos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, letrados de la Administración de Justicia, médicos forenses y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dicha formación abordará, entre otras cuestiones, la necesidad de una “ordenada documentación” del proceso, así como la necesaria acta de infracción o informe de la Inspección de Trabajo y el preceptivo informe de los servicios autonómicos de seguridad e higiene en el trabajo. 

El año pasado murieron 705 personas en accidentes laborales. Son dos víctimas al día. De ellas, 575 personas fallecieron durante sus jornadas laborales, mientras desempeñaban sus trabajos. Y otras 130 personas se dejaron la vida en el camino en siniestros 'in itinere'. Del total de trabajadores fallecidos, 633 eran trabajadores asalariados y otras 72 víctimas eran trabajadores autónomos. Por sexos, como ocurre cada año, la inmensa mayoría de las víctimas son hombres: murieron 648 trabajadores y 57 mujeres. Una diferencia que se explica por la mayor siniestralidad de profesiones muy masculinizadas, como la construcción, entre otros motivos. 

En el acto de presentación del convenio ha tomado la palabra Miguel Cruz, presidente de la Federación de Asociación de Víctimas de Siniestralidad Laboral, quien ha puesto voz a quienes han sufrido el “golpe” repentino de “cambiar su vida a peor” sólo por levantarse una mañana e ir a trabajar. Ha mostrado su apoyo a la iniciativa aunque ha pedido que “no se quede solo en un documento”.

“Les pedimos que pongan en el centro de la batalla política de este país este problema”, ha dicho ante las autoridades, a quienes ha reclamado el cumplimiento estricto de la legislación de riesgos laborales, que se convoquen más plazas de inspectores de trabajo, que haya jueces especializados en esta materia y que todas las instituciones comprometan a “acabar con la precariedad laboral”. “La precariedad laboral mata y eso no se puede permitir en nuestro país como el nuestro”, ha añadido. 

Tanto el fiscal general del Estado, Álvaro García, como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han puesto el acento en la invisibilidad que sufren las víctimas de accidentes laborales, que en ocasiones ocupan un segundo plano frente a las de violencia de género o las de siniestralidad vial. Mientras García ha hablado del “pequeño abandono” que sufren estas víctimas, Díaz se ha referido a la “pandemia silente” que se vive a diario en las obras, las fábricas, los astilleros o el campo. 

El presidente del CGPJ, Rafael Mozo, ha puesto el acento en las a veces “lamentables condiciones de trabajo”, que en 2021 provocaron cerca de medio millón de accidentes laborales en España, una cifra que ha calificado de “escalofriante”. El ministro del Interior, por su parte, ha valorado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha hecho hincapié en las actividades de formación que incluye el convenio para los actores implicados en investigación de estos delitos. La titular de Justicia, Pilar Llop, ha insistido en la importancia de la “coordinación” entre administraciones para dar una respuesta eficaz a este fenómeno.