Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, se construyó una piscina sin licencia de obra en una finca a las afueras de su pueblo, La Adrada (Ávila), junto a un espacioso chalet que lleva tiempo construido y carece de licencia de primera ocupación por no tener acceso a la red de saneamiento. Un pleno municipal extraordinario forzado por el PP calificó el terreno como “urbano” en 2016, cuando la vivienda llevaba diez años construyéndose.
La actual alcaldesa de La Adrada, la popular Pilar Martínez, ha denegado a elDiario.es el acceso al expediente urbanístico de la vivienda y la piscina. Con el argumento de la protección de datos personales, insta a presentar un escrito que analizarán sus servicios jurídicos para dar respuesta en un plazo de treinta días.
En su despacho en el Ayuntamiento, Martínez Saguar sí dice que en cualquier caso la situación de esas obras no le “consta”, porque es un expediente “antiguo”. La alcaldesa, que lleva años formando parte de la Comisión de Urbanismo del municipio, asegura que desde que llegó a la alcaldía hace menos de un año, su gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre la finca de Peinado.
El anterior alcalde desde 2015 hasta junio de 2023, Roberto Aparicio, explica que durante su mandato “esa obra estaba finalizándose”. “En mi época no recuerdo haber dado licencia de primera ocupación a esa vivienda, ni licencia a esa piscina”, afirma. El hoy concejal fue elegido alcalde por el PSOE. Hoy está en una formación independiente, Nuestra Tierra, la más votada en las elecciones de 2023.
Los trámites para construir la piscina se remontan a mayo de 2022. Con las obras de la mansión próximas a finalizar tras años de contratiempos, el juez presenta una solicitud de licencia de Obra Mayor para un “proyecto de piscina en vivienda unifamiliar”, con su correspondiente proyecto de ejecución, estudio de salud o de residuos. Pero el Ayuntamiento de La Adrada le requiere subsanar una serie de “deficiencias” que se mantienen hoy, y que, explican fuentes con conocimiento directo del asunto, impiden expedir esa licencia de primera ocupación: no hay acceso a la red de saneamiento.
El 23 de mayo de 2022, el arquitecto municipal advierte a Peinado de que “no existe red de saneamiento hasta la parcela, red que también servirá a la vivienda en construcción, luego debe solucionarse antes de la licencia la conexión a la red de saneamiento municipal”.
Por ello, “se pospone el informe favorable de la licencia de construcción de la piscina, hasta solucionar el problema del saneamiento ya que actualmente la parcela no reúne las condiciones de solar”, indicaba el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Ese “problema” se va a solventar en breve, con la construcción de un colector por parte de la empresa Aqualia, concesionaria del servicio en esa localidad. Pero, pese a las “deficiencias” de las que el Ayuntamiento avisó, la piscina, realizada en hormigón gunitado y con una superficie de 32 metros cuadrados, según el proyecto del magistrado, se construyó y está operativa desde, al menos, 2023, como refleja el visor de Información Geográfica de la Junta de Castilla y León.
Vecinos de la zona aseguran que el juez y su familia llevan tiempo utilizando la vivienda y la piscina, pese a que la licencia de primera ocupación (que acredita que una obra se ha realizado según las condiciones por las que se otorgaron los permisos) es requisito imprescindible para habitar cualquier inmueble.
El magistrado no ha querido atender a elDiario.es, que preguntó por escrito a Peinado, sin obtener respuesta, por qué tiene un chalé en situación irregular, si está en trámites de legalizarlo, cuándo se hizo la piscina y con qué licencia, si tiene red de saneamiento, o cómo es posible que la piscina se construyera sin subsanar las deficiencias de las que le advirtió el Ayuntamiento hace ya dos años.
Desde el exterior, el enorme chalé tiene el aspecto de una vivienda con todo lo necesario para entrar a vivir. Esta semana, en la casa, con todas las persianas echadas, podía verse un amplísimo porche, un flamante pavimento de hormigón impreso en la entrada y una superficie techada para proteger vehículos. En las traseras de la finca, donde está la piscina, se podía divisar desde lejos un amplio jardín perfectamente cuidado.
Hace unos días, el Ayuntamiento de La Adrada analizó un informe del arquitecto municipal del 27 de mayo sobre “conexión de las aguas residuales al nuevo colector municipal”. Allí donde se alza el chalé del juez “las Normas Urbanísticas Municipales de la Adrada han clasificado como suelo urbano consolidado parcelas a ambos lados de la calle, algunas ya edificadas con viviendas unifamiliares. Pero hasta esta fecha dichas parcelas carecían de la conexión a la red municipal de saneamiento”.
Como Aqualia está ejecutando ese colector municipal, “y por lo tanto se está dotando del servicio de saneamiento a todas las parcelas a ambos lados de la calle, se debe comunicar a las propiedades que tengan una vivienda”, como es el caso de la del juez Peinado, “que tienen la obligación de conectar a la nueva red en ejecución las aguas residuales de su vivienda”, se lee en el informe. Con ello, se eliminarían las trabas para contar con las preceptivas licencias municipales.
De “urbanizable” a “urbano”
La construcción de la vivienda de Peinado fue un proceso largo. El plan urbanístico vigente en La Adrada cuando obtuvo la licencia de obra, el 28 de octubre de 2004, eran las normas subsidiarias de 1996, que consideraban ese solar “urbanizable”, pero no urbano. Eso significa que en esa parcela no se podía construir en ese momento: había que desarrollar un plan parcial que obligaría a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes, como zonas verdes, calles y otros equipamientos.
Pese a ello, Peinado logró esa licencia de obra y, sin que conste que realizara esas cesiones, según fuentes con conocimiento directo del asunto, empezó a construir su vivienda. Según el visor geográfico de la Junta, lo hizo en 2006, justo antes del crack inmobiliario de 2008. Y una década después, el solar pasó de “urbanizable” a “urbano” en un pleno extraordinario celebrado en junio de 2016 a instancias del PP para aprobar las nuevas normas urbanísticas del municipio.
El cambio salió adelante ante la inminente entrada en vigor de una normativa autonómica por la que “todo el suelo urbanizable pasará a suelo rústico común” en cuestión de semanas, como advirtieron los populares, según el acta de la reunión. En la votación el PSOE, que gobernaba el municipio, quedó en minoría y se abstuvo.
Tres años antes, el 8 de julio de 2013, Peinado pidió al Ayuntamiento una ampliación del plazo “por dos años más” para evitar que caducara la licencia y terminar unas obras que habían tenido que suspenderse, según explicó, por un procedimiento judicial instado por la empresa constructora.
“Esta paralización de las obras” y “las actuales dificultades económicas por las que atraviesa el país, las trabas bancarias para la obtención de financiación, y el hecho de encontrar al constructor adecuado para que continúe las obras, son las circunstancias que aconsejan solicitar una ampliación del plazo para la terminación de las obras de edificación”, argumentó Peinado en un escrito al que ha accedido este medio.
Además, “incide también de manera directa en la terminación de las obras de edificación del firmante” la falta de ese colector. Peinado, expuso, “podría encontrarse con el desembolso de una vivienda ejecutada, sin posibilidad de enganche al colector previsto”, y mostró “su total disposición a colaborar en lo que corresponda para dotar a la zona del colector necesario para las viviendas que están edificadas; resolviendo así la precariedad de servicios que adolece este espacio del municipio”. Finalmente, se va a poner en marcha ahora.
En el Registro de la Propiedad de Cebreros (Ávila), la casa del juez Peinado es una vivienda fantasma. La finca es una “parcela de terreno” con 2.866 metros cuadrados valorada en apenas 15.950 euros, 100% propiedad del juez, que la adquirió por donación en escritura pública autorizada por un notario de Madrid en abril de 2007, cuando las obras de la casa ya estaban en marcha. No obstante, la inscripción de esta información en el registro es voluntaria.
La información disponible en el Catastro dice otra cosa: como informó El Plural, esa finca no es un chalé con piscina, sino un “almacén” construido en el año 2000, con una superficie total de 955 metros cuadrados, que se alza sobre una parcela de 2.990 metros cuadrados y con un valor catastral de 170.926,45 euros. El propietario de un inmueble tiene la obligación de que los datos catastrales correspondan a la realidad, a efectos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que cobran los ayuntamientos. Si los datos son incorrectos debe declararlo para que el valor del inmueble se adecúe a la realidad. Pero en muchos casos esta información es responsabilidad del ayuntamiento en cuestión.
En el pueblo, una localidad con unos 2.700 habitantes en un bonito enclave al Oeste de Madrid, es conocida la estrecha relación de Peinado con un antiguo peso pesado del PP, oriundo de La Adrada: el exsenador Sebastián González, que fue tesorero del PP con Pablo Casado, presidente de la diputación de Ávila y secretario de Organización cuando el secretario general del partido era Ángel Acebes, con el que está emparentado —González es cuñado de su hermano Víctor Acebes—.
González lleva un año viviendo ya de continuo en este tranquilo municipio, rodeado de montañas y pinares y fronterizo con Sotillo de la Adrada, lugar de veraneo de Isabel Díaz Ayuso. Ha vuelto a instalarse en su localidad natal una vez jubilado, confirma la alcaldesa, que asegura desconocer si existe relación de amistad de este ex cargo popular con el juez.
Media docena de vecinos consultados da una versión distinta y asegura que Sebastián González y Juan Carlos Peinado tienen una estrecha relación: “Son íntimos”, asegura un anciano en la Calle Larga, a dos pasos del Ayuntamiento, que asegura que tuvo al juez en brazos cuando era un bebé.
El vínculo no acaba en La Adrada y llega hasta Pozuelo de Alarcón (Madrid). En este feudo histórico del PP trabajó como asesora en el Ayuntamiento hasta hace unos meses la esposa de González, Ana Cardalliaguet. Allí es concejala por este partido Patricia Peinado, hija del juez que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por supuesta corrupción.
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