El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el medio ambiente. La querella describe las irregularidades cometidas en la concesión y explotación del club Opium, una discoteca al aire libre conocida por albergar el tiroteo ocurrido la madrugada 18 de julio pasado mientras Felipe Juan Froilán de Marichalar y Borbón celebraba su cumpleaños en el interior del local.
Junto a Muñoz resultan querellados su segundo en el Consistorio, Félix Romero, así como la mercantil Adventure Beach SL, propietaria de Opium, según consta el auto de admisión a trámite firmado por el juez Gonzalo Dívar, al que ha tenido acceso elDiario.es y que lleva fecha del pasado 2 de marzo. El juez ya ha llamado a declarar como querellados a Javier Bordas de Togores y Enrique Cueto Torres, de la sociedad dueña del establecimiento, que deberán presentarse en el juzgado el próximo 12 de abril.
La querella, presentada por un vecino afectado por la actividad del local, explica cómo en 2014 el local recibió una licencia municipal para abrir como “restaurante” en la carretera nacional 340, en el municipio de Marbella. El aforo permitido, según el decreto 5881/2017, es de ocho personas. Sin embargo, y según el denunciante, los propietarios del negocio “han convertido el recinto en un pub/discoteca en el que han instalado hamacas en el exterior, cabina de DJ, piscina… y en el que desarrollan la actividad de música en directo de gran formato sin la correspondiente autorización para ello, con la permisividad del Ayuntamiento y sin ningún tipo de control por parte de las autoridades locales”.
La noche del tiroteo el club estaba lleno con el reclamo de la actuación de un pinchadiscos sudafricano llamado Black Coffee. Las fotos del local publicadas con motivo del incidente muestran que el restaurante para ocho personas es, en realidad, una macrodiscoteca al aire libre con un gran escenario gracias a que recibió una segunda licencia de auditorio cuyos extremos, según los vecinos, tampoco se cumplen. “Las autoridades locales –sigue el querellante– no solo permiten sino que alientan con su permisividad las situaciones de ilegalidad en las que actúan” los dueños del establecimiento.
El nombre de Opium ha aparecido mezclado con el de Ángeles Muñoz con motivo del sumario por tráfico de drogas y blanqueo que ha afectado a dos miembros de su familia. Los logos de varias sociedades vinculadas al blanqueo del dinero de la marihuana aparecen patrocinando el coche con el que competía uno de los hijos del matrimonio entre Muñoz y Broberg, Christian. Como deja de manifiesto esa instantánea, el coche también era patrocinado por Opium, la discoteca cuyas “ilegalidades” han sido presuntamente auspiciadas por el Consistorio que dirige Muñoz.
En la causa que se sigue en la Audiencia Nacional fueron procesados el marido de Muñoz, Lars Broberg, y el hijo de éste, Joakim. Lars Broberg falleció el pasado 4 de marzo a los 80 años cuando el proceso había dejado ya de dirigirse contra él por su deteriorado estado de salud. Estaba acusado de integración en organización criminal y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Los mismos delitos de los que debe responder aún Joakim Broberg, junto al de tráfico de estupefacientes a gran escala.
La querella contra Opium y Ángeles Muñoz fue presentada en octubre de 2021, pero hasta ahora no había merecido la resolución judicial con la apertura de las diligencias previas, que llevan el número 2282/2021. En la querella del vecino se dice que los dueños de Opium “no han respetado en ningún momento la licencia de apertura que tenían otorgada, ni los horarios de cierre, permaneciendo abiertos hasta altas horas de la madrugada”. El pasado 18 de julio, cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas, entre ellas un individuo que resultó apuñalado y que, como respuesta, comenzó a disparar con un arma de fuego que portaba, alcanzando a cuatro clientes. Tras el cierre de temporada de 2022, con el local ya en desuso temporal, el Ayuntamiento procedió a retirar la licencia vigente del restaurante y ha comenzado a tramitar otra para la nueva temporada, precisan fuentes próximas al caso .
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no podrá ser investigada por el Juzgado de Marbella pese a la admisión de la querella. Muñoz lleva aforada 24 años, ya fuera por su anterior designación como parlamentaria autonómica, en el Congreso de los Diputados, o de la que goza ahora ante el Tribunal Supremo, en calidad de senadora por el Partido Popular. En el caso de que las diligencias practicadas por el juez Dívar derivaran en indicios contra Muñoz, el magistrado instructor deberá elevar exposición razonada ante el Alto Tribunal e inhibirse en su favor de una eventual investigación contra la senadora.
Los caminos de Dívar y Muñoz ya se cruzaron anteriormente en los tribunales. Gonzalo Dívar, sobrino del que fuera presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, archivó en dos ocasiones la querella de una asociación de vecinos contra Muñoz en el denominado caso Lindes. Solo la insistencia de la Fiscalía logró que el caso llegara hasta el Tribunal Supremo, ante el que la senadora estaba ya aforada, y que archivó la causa contra ella. El caso se centraba en la cesión voluntaria de terrenos por parte del Ayuntamiento de Marbella al vecino municipio de Benahavís, de los cuales 120.000 metros urbanizables pertenecían al marido y al cuñado de Muñoz.
Cinco millones de facturación
El vecino querellante explica que las continuas llamadas a la Policía Municipal de Marbella por los incumplimientos de la normativa municipal sobre emisión de ruidos no tienen ningún efecto. Los agentes, dice el escrito, “se limitan a recibir las llamadas, acudir a la zona del conflicto, tomar nota y darle traslado al Ayuntamiento”. El Consistorio, prosigue, “ha abierto algún expediente sancionador” pero su resultado se desconoce porque el Consistorio no facilita copia. “En todo caso, no se ha tomado ninguna medida efectiva contra el establecimiento”, añade.
El sumario por narcotráfico de la Audiencia Nacional recoge otra referencia a Opium. En una de las llamadas intervenidas a Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, éste habla con un número vinculado al despacho de arquitectos de Fernando Gómez Huete. El interlocutor de Joakim le ofrece el 5% que dice poseer de la discoteca por 250.000 euros. Broberg le pregunta si haría negocio con ello y su interlocutor le dice que Opium ha facturado cinco millones de euros el verano anterior, el de 2019. “Lo que pasa es que se ha gastado mucho en dj’s porque lo están promocionando”, añade. No hay rastro en el sumario de cómo acabaron las negociaciones.
El querellante contra Muñoz y la sociedad de Opium se detiene en el verano siguiente a ese, posterior al confinamiento, cuando los locales pudieron abrir con restricciones. Al Opium, dice, se le permitió, “no solo que incumpliera sino que desarrolló actividad de ocio nocturno cuando no tiene autorización para ello”. Para sortear las limitaciones de la licencia de restaurante, Opium pidió otra de “música pregrabada al aire libre” y ésta le fue concedida “de forma irregular”, añade la querella. En la misma se cita el artículo 15 del Real Decreto 155/2018 que establece la prohibición de instalar equipo de música, actuaciones en directo “en establecimientos de ocio y esparcimiento” cuando éstos están “destinados exclusivamente a la consumición de comidas y bebidas”.
Los antecedentes del local: un concejal imputado y fallecido
El denunciante también recuerda que la discoteca Opium tiene otro procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella correspondiente a la actividad que mantenía cuando se llamaba Funky Buddah Beach. En aquel caso estuvo imputado Pablo Moro, concejal de Obras del Ayuntamiento de Marbella y muy próximo a Muñoz. Moro dejó la política a raíz de su imputación. El ex concejal falleció en accidente de moto en 2016, con la causa todavía abierta.
De la concesión de dicha licencia para poner música pregrabada en Opium “es responsable el Ayuntamiento de Marbella, y los técnicos y el resto del personal que participara en dicho expediente y estableciera la resolución favorable al respecto”, recoge la querella. Dicha licencia presuntamente irregular fue firmada el 24 de mayo de 2021 por el teniente de alcalde, Félix Romero, y de la misma adjunta la querella una copia.
Además, la normativa dice que dichas autorizaciones deben circunscribirse al horario comprendido entre las 15:00 y las 24 horas, cuando Opium ha estado abriendo a las 12 de la mañana y extendiendo su actividad durante la madrugada. La autorización se limita a cuatro meses y debe ser renovada. En la fecha de la querella, Opium llevaba disfrutando cinco meses de la misma, explica el denunciante. La autorización, igualmente, describe una autorización para terraza anexa cuando lo que ha montado Opium es una piscina, hamacas y un escenario.
La irregularidad de la licencia concedida y el incumplimiento de la normativa para este tipo de establecimientos se suma a que la actividad de Opium también “atenta contra el medio ambiente y causa daños a los vecinos”. “Genera un ruido insoportable en el entorno”, denuncia el vecino.
“El Ayuntamiento conoce sobradamente el problema, verificado frecuentemente por la Policía local, reconoce su obligación de solucionarlo abriendo expedientes sancionadores, pero no actúa, no hace nada efectivo. Se imponen sanciones mínimas que abona el propietario del local sin mayor problema y continúa la actividad ilícita, al salirle económicamente rentable”, añade el querellante contra Muñoz. La alcaldesa retomó su actividad pública el pasado viernes con un acto del PP local en el que participó el vicesecretario de Organización del partido a nivel nacional, Elías Bendodo.
El denunciante pide en la querella que se revoque la licencia de restaurante , lo que ya se ha producido, y se elimine la instalación musical del local, que se requiera al Ayuntamiento las licencias y autorizaciones, los expedientes sancionadores, los derivados de las quejas vecinales, los requerimientos a los titulares del negocio y que la Policía Municipal aporte las múltiples denuncias telefónicas y por escrito, así como que se tome declaración a un ingeniero técnico industrial, a dos policías municipales que identifica por su número profesional, al jefe de Sala de los avisos del Ayuntamiento de Marbella, a un vecino y al jefe de bomberos de la localidad.
[Una primera versión de esta información se ha completado con que la licencia de restaurante fue retirada por el Ayuntamiento después de los hechos ocurridos en julio, tras el cierre de temporada , que tuvo lugar en septiembre y ya con el establecimiento fuera de uso]
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