El juez Juan José Escalonilla, a cargo del caso 'Neurona', ha acordado nuevamente el archivo de la investigación contra la exgerente de Podemos Rocío Esther Val, inicialmente acusada por presuntos delitos de administración desleal. Escalonilla investigaba los pluses salariales y gastos reembolsados que autorizó Val y que el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente describió en su denuncia -de la que partió el caso 'Neurona'- como posibles sobresueldos.
Según consta en un auto del 18 de junio al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha tenido en consideración la declaración como testigo del exgerente del partido Pablo Manuel Fernández Alarcón, quien manifestó que Val estaba facultada para implementar complementos salariales al no haber una norma interna que se lo impidiera; también ha analizado la documentación aportada por Podemos a la causa, incluido el Código Ético de la formación.
“Ante las serias dudas interpretativas sobre las facultades de dicha gerente, la aprobación de la implementación de dicho complemento salarial por el Consejo de Coordinación, y la falta de denuncia por el titular del patrimonio administrado [Podemos], no cabe apreciar la presunta comisión por parte de Rocío Esther Val del delito de administración desleal que se le imputa”, ha precisado.
El juez ha explicado además en su resolución que la exgerente de Podemos “no implementó en su nómina y en la nómina del Responsable de Finanzas y Transparencia del partido, Daniel de Frutos Ramírez, dos complementos salariales, sino uno sólo, en concreto el de Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros, toda vez que el complemento salarial por responsabilidad había sido ya creado durante el proceso de categorización de los empleados de dicho partido político”.
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ya había acordado en marzo archivar provisionalmente está línea de investigación al concluir que Val podía acordar los supuestos sobresueldos que habría creado para ella y otros cargos de la formación 'morada', pero ante un recurso de forma de Vox reabrió la causa.
En aquel momento, el juez alegó que la nueva documentación aportada por Podemos llevaba a pensar “indiciariamente” que en realidad la gerente no tendría facultades para aprobar la escala salarial y, por ende, tampoco para modificarla mediante la creación de pluses.