El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba ha rechazado rebajar la fianza de 52.267 euros impuesta a Miguel Ángel Frontera, el hombre acusado de protestar frente a la casa del exlíder de Podemos y exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero.
El magistrado Javier Carreño ha explicado en una providencia que la fianza “ha sido calculada teniendo en cuenta, en gran medida, la reclamación de una indemnización por daño moral de los perjudicados”. Así, el juez ha desestimado la petición de la defensa de Frontera, que alegó que se trataba de una caución “absolutamente desproporcionada”.
Según consta en la providencia del juez, Iglesias y Montero exigen el pago de 10.000 euros a cada uno, cifra que el magistrado no considera “descabellada”, por lo que ha concluido que debe “mantenerse la fianza de 52.267 euros”.
“Debemos partir de la base de que existe seria dificultad en la determinación de lo que se entiende por daño moral, dificultad que se proyecta, lógicamente, en el terreno de su valoración, y, tal valoración, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial no se halla sujeta a previsión normativa alguna sino que ha de efectuarla el órgano judicial discrecionalmente”, ha precisado el titular del Juzgado.
La defensa alegó que la suma era “indudablemente excesiva y desproporcionada”. Aseguró que el acusado “nunca habría obtenido un beneficio económico de tal importe por realizar las manifestaciones que se le atribuyen y que se califican de calumniosas” e insistió en que “la gravedad de la lesión producida (...) no justificaría tampoco tan importante responsabilidad civil”.
La defensa pide la absolución
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que, en el marco del procedimiento, el equipo jurídico de Frontera ha presentado un escrito de defensa en el que ha pedido la absolución del acusado al considerar que los delitos imputados no tuvieron lugar, tal y como ha adelantado La Razón.
La Fiscalía pide tres años de cárcel para él por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad a la autoridad, un delito de acoso y un delito de revelación de secretos. Adicionalmente, el fiscal propone la prohibición de aproximarse a ambos en una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.
Por su parte, Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones continuadas, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Frontera se querelló contra Iglesias por denuncia falsa
El propio Frontera decidió mover ficha el pasado mes de abril al querellarse contra Iglesias aduciendo que no incurrió en delito alguno, por lo que habría sido objeto de una denuncia falsa.
El hombre defendió que el propio Iglesias habría reconocido en su declaración del pasado 28 de diciembre en los juzgados de instrucción de Collado Villalba que “solamente se había subido a una roca que existe en el campo, fuera de la propiedad del querellado, no invadiendo por tanto en ningún momento su propiedad”, según recogía su querella.
Su defensa argumentó que el visionado del vídeo grabado con su teléfono móvil sobre el momento en cuestión permitió “comprobar que no se encarama a la valla, ni invade la propiedad del querellado en ningún momento, sino que se graba desde una roca sita en un lugar público”.
Por todo ello, considera acreditado que la querella dirigida en su contra “es totalmente infundada” y que Iglesias la interpuso “con pleno conocimiento de su falsedad”.