El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama con el que archiva la causa por el espionaje al teléfono móvil del presidente del Gobierno y de tres de sus ministros es un reproche constante al estado de Israel, a quien el magistrado responsabiliza en exclusiva que haya “frustrado” su investigación. En ningún momento del auto, Calama señala a España, a su Gobierno o a cualquiera de sus miembros como entorpecedores de la instrucción, en contra de lo que aseguró el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en el debate con Pedro Sánchez de este lunes, en el que llegó a afirmar: “Hoy el juez ha archivado el caso por falta de colaboración con usted”.
La afirmación de Feijóo no fue una ocurrencia. Este martes, el candidato del PP ha insistido en los mismos términos. “El juez que estaba investigando el robo de información en el teléfono del presidente del Gobierno tuvo que archivar el caso por falta de colaboración del presidente del Gobierno de España. Si no quiere colaborar con la Justicia, ¿para qué denuncia? ¿Qué tiene que ocultar? ¿Qué tiene para que los españoles no sepamos lo que pacta, lo que habla, lo que se le escucha?”, ha dicho Feijóo en rueda de prensa, informa Aitor Riveiro.
Alrededor de las 11:30 de la mañana, diez horas y media antes de que diera comienzo el debate, los periodistas que cubren la información de tribunales recibieron un correo electrónico del gabinete de prensa de la Audiencia Nacional con el auto de archivo, al que se acompañaba un resumen del mismo. Un auto de archivo de una causa con relevancia mediática es uno de los tipos de resoluciones judiciales que, previamente anonimizadas, la Audiencia Nacional autoriza para su difusión a los medios.
El juez Calama remitió cuatro comisiones rogatorias solicitando información al al estado de Israel porque allí reside la empresa que creó el software con el que se espió al Gobierno español. El magistrado, en su auto de 15 páginas menciona en 22 ocasiones al citado país. La última para afirmar: “La frustración de la investigación derivada del no cumplimiento de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría a persona concreta alguna, abocándonos, de forma indefectible a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos, tal y como previene el referido artículo 641.2 de la LEcrim”.
Calama abrió diligencias previas tras la denuncia de la Abogacía del Estado por el espionaje, el medio por el que la opinión público conoció del espionaje. Se produjo en plena polémica por la denuncia de políticos independentistas catalanes de que sus móviles habían sido espiados, probablemente con la misma tecnología. Sánchez y sus ministros de Interior, Defensa y Agricultura habían sido infectados con Pegasus, por lo que el responsable del ataque tuvo acceso a una gran cantidad de información almacenada en sus dispositivos, así como activar el móvil como micrófono o conocer la ubicación del aparato en los periodos de tiempo referidos.
José Luis Calama comenzó la investigación por España: desclasificación del análisis realizado por el CNI, así como la declaración de la anterior y actual directoras del CNI y del funcionario que había realizado los informes. Los responsables políticos se acogieron a su derecho a contestar por escrito y no comparecieron en persona ante el magistrado.
A continuación, el juez comenzó a dirigirse a Israel. A la empresa fabricante de Pegasus, NSO Group, le solicitó “un informe exhaustivo” sobre qué tipo de comprador puede acceder a su producto, si tiene restricciones en su uso, si hay control posterior a la venta, la posibilidad de poder conocer quiénes de sus clientes lo utilizó contra España, e incluso si entregando los móviles afectados, la compañía podría averiguarlo.
Esa primera comisión rogatoria se libró el 10 de mayo, que se reiteró el 18 de abirl. Luego, el 7 de junio , se amplió solicitando la declaración del CEO de la empresa. El 7 de septiembre se insistió en la petición. “A día de la fecha no se ha recibido acuse de recibo ni contestación alguna de las expresadas comisiones rogatorias”, recoge el auto del juez dictado este lunes.
Tras la descripción de los incumplimientos de Israel, el juez se detiene a recordar que el cumplimiento de esas diligencias “se enmarca en el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal” que ambos países han ratificado, así como su protocolo adicional. Por si Israel considerara que ese acuerdo para “prestarse mutualmente y a la mayor brevedad asistencia jurídica” no era de aplicación en este caso, Calama acude al Acuerdo bilateral de co0peración en materia de lucha contra la delincuencia“ que firmaron ambos países en 2007. ”Ambos países firmaron dicho acuerdo guiados por los principios de igualdad, reciprocidad y asistencia mutua, tal y como expresamente se recoge en su preámbulo“, añade el juez.
“Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatoria no se ha recibido respuesta alguna, pese a haber sido objeto de ampliación por una vez, y reiterado el cumplimiento en otro par de ocasiones. Este silencio evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del Gobierno de Israel, lo que permite presumir que la comisión rogatoria en cuestión, cuatro veces remitida, nunca va a ser cumplimentada”, añade el auto.
Es tal la trascendencia que otorga el juez a la actitud obstruccionista de Israel que añade que solo queda “una eventual vía diplomática”. En el auto con fecha de ayer dice que “corresponde al Gobierno, víctima del delito objeto de investigación” abrir esa vía. “Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el Gobierno de España”, añade.
En el debate televisivo de este lunes, además de acusar a Sánchez de haber saboteado la investigación judicial de la Audiencia Nacional, Feijóo también deslizó una tesis sin demostrar, según la cual Marruecos está detrás del espionaje y ha logrado chantajear con él al presidente del Gobierno. “¿Qué información tiene de usted y, lo que me preocupa más, qué información tienen de España?”, preguntó el líder del PP.