El juez procesa a Ignacio González por el amaño del campo de golf que el PP construyó en el centro de Madrid

El amaño en la adjudicación para construir un campo de golf en pleno centro de Madrid por decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre, aficionada a este deporte, se acerca a la fase de juicio oral. El juez del caso Lezo, Manuel García-Castellón, acaba de procesar a Ignacio González por las irregularidades en la concesión del proyecto en terrenos de la empresa pública de aguas del Canal de Isabel II que, como vicepresidente de la Comunidad, el político presidía en aquel entonces.

El auto de pase a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge un compendio de actividades corruptas que incluyen favorecer al hermano del político, Pablo González, al que se adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. En el año 2003, la empresa pública adjudicó a ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA la construcción del campo de golf, pasándose a llamar la empresa Dragados SA a partir de junio de 2004. Peor un año después, Ignacio González y el gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Esas variaciones, añade el auto, eran tan relevantes que hubieran necesitado de un nuevo concurso que los procesados evitaron en todo momento.

El juez explica que González y De Miguel “convinieron con Dragados” que el Canal de Isabel II le adjudicaría el modificado pero con la condición de que subcontratara a Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería SL (TCT), cuyos socios eran el hermano de González, Pablo Manuel, así como José Antonio Clemente y Juan José Caballero. Éste último es cuñado del exvicepresidente autonómico y, al igual que el hermano del político, “ostentaban su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con él”, añade el magistrado.

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de 3 millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto, así que recurrió a otras dos sociedades, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 267.000 euros para el hermano Ignacio González, su cuñado y el socio de ambos, José Antonio Clemente, que recibieron en sobres de efectivo a través de 49 entregas.

Con posterioridad a esta modificación, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto. El juez concluye: “La actuación conjunta de estos cinco investigados permitió la subcontratación impuesta, innecesaria e irregular de TCT en dos concursos públicos promovidos por CYII pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos contratados, consiguiendo así entre los años 2006 a 2012 la obtención de un beneficio total cercano a los 505.000 euros, financiado con los fondos públicos destinados a ambos concursos”.

Por este motivo, el magistrado dicta auto de pase a procedimiento abreviado, el paso previo a sentarlos en el banquillo, contra Ignacio González, su hermano Pablo, el cuñado Juan José Caballero Escudier, así como contra el socio de estos últimos José Antonio Clemente y el gerente del Canal entonces, Ildefonso de Miguel. Les atribuye un supuesto delito de cohecho. Recientemente, Pablo González fue eximido de responsabilidad en la causa que investigaba la ocultación de dinero de procedencia ilícita junto a su hermano en el extranjero. El juez archiva la causa contra otras ocho personas que estaban investigadas por el amaño del campo de golf.