El juez propone sentar en el banquillo a Villarejo y tres mandos policiales por el espionaje a un empresario marbellí

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a tres mandos policiales —Enrique García Castaño, Constancio Riaño y Antonio Bonilla—, así como a otras dos personas, por la investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano, informa Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha puesto fin a las pesquisas sobre la pieza separada 8 de la macrocausa Tándem, conocida como la pieza 'Marbella', donde investigaba el encargo que Marzena Katarzina habría realizado a Villarejo en 2015 sobre Gómez Zotano con el objetivo de trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.

El magistrado cree que existen indicios para juzgar a Villarejo, a Redondo y al abogado David Macías González por un delito de cohecho pasivo; a Katarzina, por cohecho activo; y a García Castaño, Riaño, Bonilla y Redondo, por descubrimiento y revelación de secretos. Al mismo tiempo, el instructor ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto al que fuera director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, los policías Juan José Díaz Álvarez y José María Serrano Ydígoras, así como para Juan Carlos Escribano. 

En el caso del que fuera jefe de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el juez no ha apreciado “ningún acto delictivo en su conducta”. “De las diligencias practicadas, no se extrae ni su participación ni su conocimiento de los hechos investigados”, ha manifestado. En cuanto a Escribano, ha limitado su implicación en los mismos a que fue la persona que recomendó a Katarzina que acudiese a Villarejo para resolver su controversia contractual con el empresario, pero “no llevó a cabo ningún acto adicional”, por lo que entiende que su participación fue “accesoria”.

La disputa inmobiliaria 

El trasfondo del asunto es una transacción inmobiliaria ocurrida en 2008 que tiene a Gómez Zotano y Katarzina como protagonistas. La mujer le habría entregado 700.000 euros para comprar un chalet en la localidad malagueña bajo ciertas condiciones. Pero el negocio no se materializó. Según ella, porque el empresario la estafó, y, según él, porque ésta no cumplió las condiciones pactadas para completar la operación de compraventa.

De acuerdo con el auto firmado por García-Castellón, Katarzina contactó con el bufete Stuart&MCkenzie de Villarejo en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Gómez Zotano con el objeto de recuperar el dinero. Para ello, el Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, elaboró un informe sobre el empresario donde se examinaba su persona, su entorno familiar, su trayectoria profesional, su patrimonio, sus sociedades y su situación financiera, y se apuntaban indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales en su actuación. Este dossier, rubricado a fecha 7 de septiembre de 2015 por Redondo, fue utilizado posteriormente en las acciones judiciales emprendidas por Katarzina contra Gómez Zotano.

Bases de datos restringidas 

Para la confección del informe, señala el escrito judicial, se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público, gracias a la intervención de los responsables policiales investigados. En esa época, Villarejo era comisario en activo y no había ninguna investigación policial que justificase la solicitud de datos de Gómez Zotano, de ahí los delitos de cohecho que observa el magistrado.

En concreto, García-Castellón ha detallado que para elaborar el informe se accedió a la base de datos del DNI y, una vez obtenido el documento identificativo del empresario, se usó para entrar en la base de datos del Órgano Centralizado (OCP) de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado. Para adentrarse en la primera, se usó la clave personal de Díaz Álvarez, entonces inspector jefe de la Comisaría General de Información (CGI), y, para consultar el OCP, se empleó la de Serrano Ydígoras, también inspector jefe en la misma comisaría, a pesar de que en ese momento ambos estaban de vacaciones.

El juez concluye que, aunque se accedió con sus claves personales, lo hicieron otras personas por órdenes de García-Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que las habría dado “de modo informal”, “sin seguir ningún protocolo al efecto”, en base a una petición previa de Villarejo. Y ello, razona el instructor, porque “existía la práctica, por motivos funcionales y de operatividad interna de la unidad, de que las claves de acceso personales fuesen conocidas y utilizadas por varios funcionarios policiales”. Incluso aunque hubieran sido ellos, ha argumentado, lo habrían hecho cumpliendo órdenes de sus superiores y sin saber para qué se requerían esos datos. Por ello, ha archivado la causa para ambos.

Una vez obtenidos los datos personales de Gómez Zotano, continúa el relato judicial, Riaño —otro inspector jefe de la CGI—, siguiendo las instrucciones del jefe de la UCAO, se los envió por correo electrónico a Bonilla, que en ese momento estaba en situación de segunda actividad en la Policía Nacional trabajando para Cenyt. Este último, le remitió toda la información a Redondo en otro 'email'.

Descarta la extorsión 

García-Castellón descarta el delito de extorsión, que también investigaba en esta pieza separada, al no apreciar ningún acto de violencia ni de intimidación sobre el empresario para que realizase u omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. También deja fuera de este procedimiento los hechos ocurridos con anterioridad a 2015, cuando se ha acreditado que Katarzina contactó con Villarejo, porque no se ha logrado probar, a nivel indiciario, que guarden relación con el mismo.

Se trata de los robos que Gómez Zotano denuncia que sufrió en su casa y en un hotel y despacho de su propiedad en 2013 y 2014, y del supuesto acceso no consentido a varios terminales de telecomunicación del empresario. Gómez Zotano, conforme recoge el auto, aduce que no sería posible vincular ninguno de estos sucesos a 'Tándem' porque las pesquisas policiales sobre los mismos habrían sido “deficientes” debido a una “trama policial” que tendría, precisamente, ese propósito.