El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rechaza apartarse de la pieza del caso Púnica que afecta a El Corte Inglés como había solicitado la acusación popular que desempeñan Adade y el PSOE. En una resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado subraya que “no hay conflicto de interés alguno” por el hecho de ejercer como docente en la Fundación Ramón Areces, perteneciente y dependiente del grupo de grandes almacenes. Además, recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) examinó y reconoció su “compatibilidad” para ejercer esa labor al tiempo que es titular de un juzgado de instrucción en la Audiencia Nacional.
Adade y el PSOE habían solicitado al magistrado que se apartara de la pieza del caso que afecta a la compañía al considerar que resultó beneficiada de los cambios introducidos en el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) de la localidad de Valdemoro, epicentro de la red investigada. El pasado marzo la Sala de lo Penal corrigió al instructor, que había declarado prescritos los hechos relacionados con el PGOU de 2004 y rechazado las diligencias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular.
El Corte Inglés, o sus distintas denominaciones sociales como Induyco o Hipercor, era propietaria desde 1973 de las fincas conocidas como El Majuelo Norte, de más de 16.000 metros cuadrados, declaradas rústicas en 1999 y reconvertidas a urbanizables en el PGOU de 2004. Antes de la recalificación, el Ayuntamiento de Valdemoro acordó con la empresa una permuta por la que se quedaba con la zona a cambio de 188.775 metros cuadrados en un polígono donde El Corte Inglés instaló un centro logístico. Anticorrupción cree que Valdemoro perdió siete millones por las irregularidades del plan de 2004 y que dejó de ingresar otros 60 en plusvalías.
El escrito presentado por la acusación popular para que García-Castellón se apartara de esa pieza esgrimía: “De la documentación obrante en la causa, consta acreditado que los cambios introducidos por dicho Plan, afectaron muy directamente a los intereses inmobiliarios de El Corte Inglés y de varios miembros de su personal dirigente. De hecho, las modificaciones en el Plan permitieron la instalación de una de las principales sedes logísticas de la Sociedad INDUYCO y sus diferentes denominaciones sociales”.
Y añadía: “Sin sembrar la más mínima duda sobre la profesionalidad de su señoría, pero dado que las clases que imparte le hacen dependiente de una de las partes beneficiarias del proceso de cambio del PGOU de Valdemoro de 2004, consideramos que sería conveniente que ante las dudas sobre la imparcialidad que esto provoca su señoría plantease su abstención en todo lo que afecte o pudiera afectar a El Corte Inglés, a sus directivos y empleados”.
En su auto, el juez destaca la “escasa solvencia” del argumento con el que se le pretende “apartar” y pone en valor el hecho de que ni la acusación popular ni la Fiscalía hayan valorado utilizar el instrumento legal de la recusación. “No se identifica ninguna causa de abstención y/o recusación (...) y se limita a afirmar que este magistrado tiene concedido por la comisión permanente del CGPJ la compatibilidad para de su cargo judicial con el ejercicio de la docencia como tutor online en el Centro Universitario Ramón Areces como único motivo para sustentar que el instructor se aparte del conocimiento del asunto”, sostiene.
Además, recuerda que ni la Fundación Ramón Areces, ni la persona jurídica El Corte Inglés son objeto de investigación en esta pieza separada, por lo que “no hay conflicto de interés alguno en la docencia cuya compatibilidad fue examinada y reconocida por el máximo órgano de Gobierno del Poder Judicial”.
Imputado el exasesor jurídico
La acusación popular había pedido en febrero al magistrado que citara al exasesor jurídico de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, por su presunta participación en el presunto amaño, acaecido mientras Francisco Granados era alcalde de Valdemoro. El magistrado rechazó esta y otras diligencias al considerar que los hechos estaban prescritos al haber transcurrido más de 15 años. Las acusaciones recurrieron ante la Sala de lo Penal y la Sección Cuarta resolvió que la presentación de la querella por el caso Púnica de la Fiscalía en 2014 interrumpía el plazo de prescripción.
Esta cuestión abrió una brecha entre el juez del caso y las fiscales. El magistrado les advirtió de que las diligencias solicitadas —autorizadas después por la Sala de lo Penal— eran de un carácter tan “genérico” que “podrían dar lugar a una suerte de prospección general” que era “incompatible con los fines de la investigación”. Las fiscales respondieron afeando al instructor haber declarado prescritos los hechos “de forma genérica e imprecisa” y a través de una actuación un “incongruente” que dejaba la causa en una situación de “total inseguridad jurídica”.
Una de las diligencias que rechazó el juez y que después autorizó la Sala de lo Penal fue la citación del exasesor jurídico de El Corte Inglés, Faustino José Soriano, por su presunta participación en el supuesto amaño, acaecido mientras Francisco Granados era alcalde de Valdemoro. En su escrito, el juez señala que “la única circunstancia mínimamente relevante que se aduce como fundamento de la petición” de la acusación popular es la citación como investigado de Soriano, si bien subraya que “no mantiene vínculo ni relación alguna” con él y que hay una “desconexión evidente” entre la conducta de este investigado, El Corte Inglés y él mismo.
“La citación de esta persona se acuerda por su presunta participación en una operación urbanística concertada entre determinados cargos del Ayuntamiento de Valdemoro y una empresa de promoción urbanística privada, operación en la que pudo haber obtenido un ilícito enriquecimiento por su favorecimiento, según se sostiene por el Ministerio fiscal incluso por la parte que ahora interesa la abstención, extremos estos que en la actualidad no pasan de una mera sospecha y que deberán ser objeto de investigación”, dice sobre el exasesor jurídico de la cadena de grandes almacenes.
Precisamente la abogada de la acusación popular denunció este viernes por amenazas a Soriano ante la Policía. “A ver si te pasa algo”, asegura la letrada que le dijo tras volverse a suspender su declaración en la Audiencia Nacional, reclamada por Adade. El abogado del denunciado dice que es “radicalmente falso” que amenazara a la abogada.